Economista especializado en Desarrollo Económico, Marketing Estratégico y Mercados Internacionales. Profesor en la Universidad de Belgrano. Miembro de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y Miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
Durante la celebración del día de la Industria, en Tecnópolis, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de generar confianza para atraer inversiones. Una semana más tarde, durante la presentación del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) exhortó a los productores rurales a agregar valor e invertir en tecnología y conocimiento. Para conseguir esos propósitos es necesario garantizar la calidad institucional. Por eso, si de respetar las reglas de juego se trata, habría que empezar por la Constitución. El proyecto de Ley de Tierras, que pondría límites a la compra por parte de extranjeros, es un claro atentado contra la Carta Magna. El artículo 20 de la Constitución dice con absoluta claridad: Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República.
Nuestros padres fundadores concibieron a la Argentina como un país abierto que invita a los extranjeros a habitarlo. Así quedó establecido en el preámbulo de la Constitución que convoca con entusiasmo a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Además, el artículo 14 les otorga los mismos derechos que a los locales, porque habla de los derechos de los habitantes, sin hacer ninguna distinción entre extranjeros y autóctonos o naturales.
En principio, esta ley aparentaría perjudicar a los inversores extranjeros interesados en las bondades de nuestras productivas tierras. Sin embargo, no serán ellos los principales perjudicados. Serán los intereses de los argentinos los que terminen dañados. En un país donde hace falta mayor inversión estaremos restringiendo el ingreso del capital que viene del exterior. Eso significará menor productividad, salarios, empleos y, por ende, nivel de vida más bajo para todos.
Otra de las consecuencias esperables de una ley como la que podría llegar a aprobarse es la caída del valor de los campos. La menor demanda que generarán las restricciones de compra a los extranjeros podría provocar una depresión de los precios. Esto perjudicará principalmente a los pequeños productores. Para ellos el menor precio de sus tierras significará también una disminución de sus posibilidades de acceso al crédito productivo; ya que el mismo depende del valor del campo.
Los pequeños tenedores de tierras que no tienen posibilidad de hacerlas producir, verán mermados sus ingresos por alquileres, al cotizarse menos sus propiedades.
¿Por qué hay que suponer que un empresario agropecuario local hará mejor o peor uso de la tierra que uno extranjero? Tampoco tiene fundamento la hipótesis que supone que la extranjerización de la tierra atentaría contra la seguridad alimentaria: cuando se genera competencia necesariamente se incentiva -a locales y extranjeros- a producir más y en forma sustentable. Los que compran tierras son empresarios extranjeros no miembros de algún oscuro poder de otro país.
Serán los grandes terratenientes locales los que terminen beneficiándose con la aprobación de un proyecto como el que envió el Poder Ejecutivo al congreso ya que podrán alquilar más barato o comprar aquellos campos que vendan los pequeños propietarios, a mucho menor precio.
Además, medidas como éstas pueden traer represalias y llegar a afectar interese de los argentinos en el extranjero o alguna limitación para nuestras exportaciones. Es esperable que las personas afectadas se quejen con sus embajadas y logren dictar leyes en respuesta a una ley de tierras como la que se debate.
