El modelo de redistribución del ingreso implementado por el gobierno de Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner se basó en la disponibilidad de ingentes recursos que lo hicieron posible. Parece lógico; ya que, para poder distribuir, hay que tener con qué. ¿De dónde salieron esos fondos?
En primer lugar, el fuerte incremento del precio de los commodities permitió incrementar a niveles exorbitantes la presión tributaria sobre el complejo agropecuario-industrial. De esa forma, año a año, el nivel del gasto público y la carga fiscal fueron quebrando récords históricos en la Argentina; por lo que no debería extrañar la “sensación” de pérdida de competitividad de un sector privado que tiene que correr una carrera internacional con semejante “mochila”.
Un impuesto que no se menciona oficialmente; pero que todos sufren en su bolsillo es el de la inflación. Nadie puede creer que el Banco Central compra dólares y financia los excesos de erogaciones del gobierno con recursos que le dejó “Papá Noel” en el arbolito de Navidad. Lamento avisarles, ni Papá Noel ni los Reyes Magos existen. Esos recursos salen de nuestros bolsillos a través del impuesto inflacionario que nos cobra el Banco Central.
Una pregunta que alguien debería hacerse es por qué si en Brasil el tipo de cambio estuvo cayendo fuerte y acá estuvo aumentando continuamente, durante los últimos años los que se quejaban de la pérdida de competitividad eran los productores argentinos. La respuesta: 6,5% de inflación en Brasil y más del 20% en Argentina. Es decir, más piedras en la mochila de los productores locales.
Otro factor que ha beneficiado al gobierno es que la Reserva Federal, bajo el liderazgo de Alan Greenspan y, posteriormente, de Ben Bernanke, se ha dedicado a bastardear el valor de su moneda. Como los argentinos medimos la pérdida de poder adquisitivo contra el dólar, no nos dimos cuenta que, solamente por seguir en su derrumbe a la moneda estadounidense, en la última década, hemos perdido más del 60% del valor de nuestro peso. Bajo esa ilusión cambiaria, la autoridad monetaria pudo comprar reservas y cobrarnos altos impuestos inflacionarios, sin que eso se notara en el tipo de cambio y pudiera crear algún tipo de corrida. El problema es ¿cuánto tiempo más Bernanke seguirá siendo “kirchnerista”? En EE.UU., las presiones inflacionarias serán crecientes y cualquier cambio de rumbo en la laxa política monetaria de la Reserva Federal podría impactar muy duro en la Argentina. Antes si el Banco Central necesitaba cobrar un impuesto inflacionario de 25%, en el marco de una merma mundial del dólar de 15% , el tipo de cambio local debía subir 10%. Otra cosa es hacerlo con una suba de la moneda estadounidense de 10% y, por ende, un alza del tipo de cambio de ¿35%?
Otra fuente de recursos fue de lo invertido en el pasado (vieja historia local); lo que permitió darles un creciente y demagógico subsidio a todos los consumidores de servicios públicos sin discriminar. Esto se hizo a costa del capital de las empresas prestadoras en buena parte; por lo que la inversión no compensado el desgaste lógico de sus activos. Ya antes tuvimos una historia parecida en la que llegó un momento, tras décadas de desinversión, hacia finales de los ´80, las prestadoras estatales de servicios públicos no pudieron seguir proveyéndolas en cantidad y calidad necesarias. Ahora, aunque en manos privadas, intervenidas sus decisiones desde el gobierno, el resultado volverá a ser el mismo. De más está decir que, como el costo del subsidio aportado por el Estado (léase contribuyentes) se ha potenciado, se tratará de transferirles los futuros aumentos necesarios a los usuarios. Esto no necesariamente está mal, pero generará un enorme malestar entre los que deberán dejar de gastar en otras cosas para afrontar la pérdida de la transferencia que recibía del Estado.
Por otra parte, durante tantos años, la creciente inflación fue presionando los costos de las empresas que tenían precios controlados y el Estado tuvo que salir a cubrir los aumentos que no querían se transfieran a los consumidores. Lamentablemente, se demuestra que mayor inflación, la suba de los envíos de recursos a las compañías debían subir mucho más que proporcionalmente; lo que resulta insostenible presupuestariamente. Por ello, no extraña que el gobierno esté pensando en empezar a actualizar los valores de lo que pagan los usuarios. El problema es que eso debió haberse hecho gradualmente a partir de 2003-2004 y hubiera implicado una asignación de parte de los aumentos de salarios. En cambio, ahora, la gente asumió que el enorme subsidio que está recibiendo es parte de su bienestar y la diferencia a recuperar es de varias veces lo que pagan hoy. Conclusión, los aumentos de tarifas deberán ser compensados con menores gastos en otras cosas que ya asumían como parte de sus consumos habituales, generando sensación de pobreza. De todas formas, es mejor encarar este problema cuánto antes; ya que, cuanto más se demore, mayor será el impacto sobre el nivel de vida futuro de la población.
Otra caja que financió el creciente gasto fue la confiscación de los ahorros para la vejez de los aportantes al sistema de capitalización privada. Todos sabemos cómo terminó el régimen de reparto que jubiló a nuestros padres y abuelos. La historia se va a repetir; ya que el gobierno financia sus gastos actuales con nuestros aportes y, en el futuro, no estarán los recursos disponibles para pagarnos la pasividad que nos están prometiendo. El punto no es discutir si están bien las asignaciones universales por hijo o jubilar a más de un millón de personas que nunca aportaron. El temas es que son gastos que debieron haber sido afrontados con los recursos que todos los argentinos pagamos con impuestos y no con los aportes que deberían garantizar que nos jubilemos con lo que nos prometieron. Sin embargo, cuando nos demos cuenta de eso, ya será tarde y algún futuro gobierno deberá volver a declarar una emergencia previsional, como la de finales de los ´80, decirnos que no podrán abonarnos lo que nos dijeron y cobrarle más impuestos a nuestros hijos y nietos para moderar el impacto negativo sobre las pasividades.
Desde 2010, el gobierno se apropió de las reservas internacionales del Banco Central. Así es como, desde entonces, utilizó US$ 16.500 millones, cuyos pasivos emitidos por el Central siguen allí, pero la contrapartida en divisas ya no está. De esta forma, se debilita a la autoridad monetaria ante una corrida cambiaria o bancaria. Mientras no llegue, ¿a quién le preocupa? Pero cuando llegue, será tarde para preocuparse.
Nadie puede garantizar que el “viento de cola internacional” será eterno. Es más, se puede decir que es altamente probable que en el próximo año y medio se puede volver un “ventarrón de frente”. Cada vez más gente siente que la inflación logra reducir el poder adquisitivo de sus ingresos. La fuga de capitales está carcomiendo las reservas internacionales de un Banco Central que intenta mantener el dinamismo de la economía emitiendo pesos que nadie quiere y se vuelven compras de divisas. La provisión de servicios públicos en el actual esquema es insostenible en calidad y cantidad necesarias. El sistema financiero mantiene un volumen de crédito al sector privado que sigue siendo intrascendente y es incapaz de financiar el desarrollo económico argentino.
¿Cuál es el problema? La inconsistencia de un modelo que redistribuye riquezas a una velocidad mayor a la que la genera, gestando una sensación artificial de bienestar, que no puede sustentarse en el tiempo. Sin embargo, para el gobierno, su estrategia ha sido exitosa y las distorsiones se deben a que hay corporaciones económicas y mediáticas que se resisten a sumarse a esta “gesta solidaria y patriótica”. Por lo tanto, buscarán una mayor hegemonía en el poder para obligarlos a cuadrarse atrás de la política oficial.
Para ello, es vital el manejo de los medios para imponer el “relato” que de sustento cultural en el tiempo al modelo. Allí, son vitales el uso discrecional de la publicidad oficial para castigar y premiar, la embestida por controlar la venta de papel de diario, el “Futbol para todos”, la ley de Medios y el gigantesco multimedios oficial que se está armando.
En la parte económica, se buscará obligar a las empresas a producir, invertir, fijar precios, vender interna o externamente según el criterio de algún funcionario del gobierno. Para ello, basta rehabilitar la ley de Abastecimiento para someter a los sectores empresarios díscolos que, ante el aumento de la demanda interna, incrementan sus precios para incrementar sus ganancias en lugar de subir la oferta. Por supuesto, el Banco Central continuará emitiendo a granel para financiar el gasto público, por lo que la inflación no cederá; pero volveremos a vivir tiempos de escasez y mercados negros de productos. Ya lo estamos viviendo con la carne, que algún funcionario iluminado prometió siempre estaría disponible para el asado de los trabajadores argentinos. Gracias a sus sabias decisiones, el consumo de carne vacuna está en los niveles más bajos desde 1958 y hemos perdido más de la mitad del volumen de nuestras ventas al exterior. Si sigue acumulando este tipo de éxitos, pronto tendremos que ir a comer un churrasco al Uruguay.
Buscarán una reforma del sistema financiero que permita una mayor intervención del Estado. Es decir facilite a un funcionario público decidir a quién, a qué tasa y cuánto se le presta. El principal capital de la banca es su credibilidad. Por eso, es mínimo el ahorro que los argentinos canalizamos a través de dichas entidades. Sabemos que históricamente, los gobiernos han utilizado los depósitos como instrumentos de política económica o para financiar decisiones de gasto o subsidios a deudores. Las últimas dos veces que esto sucedió fueron en 2002 y 1989, hace demasiado poco. Es obvio que cuanto más acerque la ley vigente los depósitos a las manos de los funcionarios, más lejos querremos estar los ahorristas de los bancos. Por ende, sin los insumos necesarios, ¿con qué se dará crédito? Supongo que algún burócrata iluminado pensará obrar “la multiplicación de los panes y de los peces”.
Por último y dado que “para muestra basta un botón”, veamos la reacción oficial a la creciente fuga de capitales.
La solución pasaba por disminuir el ritmo de emisión de pesos para financiar los excesos de gasto público; ya que, luego, los excedentes se vuelcan al mercado cambiario, sumándose a la fuga de capitales. Por otro lado, debieron dar garantías a la gente de que podrá comprar dólares con sus ingresos legalmente ganados cuando quiera en el futuro, quitándoles la ansiedad de tener que hacerlo “antes de que lo prohíban o hagan el trámite tan difícil que sea imposible operar en el mercado formal”. Con estas medidas y volviendo a la estrategia de dejar que el tipo de cambio suba lentamente, se hubiera regenerado la confianza y disminuido fuertemente la demanda de divisas para fugar capitales. Incluso, con el tiempo, no hubiera sido extraño observar que se liquidaran algunas divisas previamente atesoradas.
Sin embargo, se optó por dificultar y restringir la compra de dólares; lo que incrementa el temor de la gente y termina incentivando las compras de divisas y el retiro de depósitos. Si uno mira la historia, estos siempre fueron los primeros pasos dados por los gobiernos que terminaron en una crisis cambiaria y bancaria. Esperemos que no sigan avanzando hacia ese sentido.
