Consejo Académico, Libertad y Progreso.
Por qué no se cumplen las prescripciones de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que lo obligan a defender la estabilidad de la moneda y no recibir órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional? La respuesta es porque la ley 24.144 (que en 1992 estableció las prerrogativas y obligaciones de esta institución) es contraria a la cultura inflacionaria prevaleciente en el país, lo que significa que su violación no preocupa demasiado a la mayoría de la población y -lamentablemente-tampoco a la mayoría de la dirigencia.
Es un caso parecido al del artículo 29 de la Constitución, que tiene por “infames traidores a la patria” a los legisladores que votan poderes extraordinarios, pero cuya violación reiterada no genera sanciones porque ese artículo también es contrario a la cultura prevaleciente: en este caso, la cultura de caudillos.
Ambos casos se inscribirían dentro del caso general que dice que en la Argentina cuando una ley es contraria a la cultura prevaleciente, a menos que la dirigencia haga un esfuerzo explícito para que la ley cumpla, la misma no se cumplirá y nadie será sancionado.
La experiencia de la segunda mitad del siglo XX es elocuente: La Argentina fue entonces una sociedad mayoritariamente adicta a la inflación como sistema. Y esto fue porque se trata de un impuesto que la mitad más rica del país logra eludir (sin incumplir con ninguna ley) y que la mitad más pobre paga, pero sin lograr comprender su verdadera naturaleza. La dificultad de este grupo para comprender la naturaleza monetaria de la inflación hace que ‘compre‘ el mensaje de demagogos que le dicen que la culpa es de quienes ‘suben los precios‘. ¿Que mejor para muchos políticos irresponsables que un impuesto por el que no hay que rendir cuentas, que no es resistido por nadie y que, por el contrario, más de uno alaba como “progre” afirmando que sin inflación no habría crecimiento? A estos últimos habría que preguntarles cómo hicieron los países que tienen el doble o el triple del ingreso per capita argentino y un décimo de nuestra inflación.
La ley que estableció la Carta Orgánica del banco central fue aprobada por el Congreso de la Nación en septiembre de 1992 cuando la sociedad estaba todavía bajo el shock de las hiperinflaciones de 1989 a 1991. Dicha ley tomó algo de las normas que crearon al Banco Central de la República Argentina en 1935 – normas que fueron arrasadas en 1946 – y le dio a la institución los mandatos y la autonomía que tienen los bancos centrales exitosos. Pero tras una década, pasados los miedos, se volvió a las andadas.
Alarma y desilusiona la complicidad de parte tan grande de la dirigencia con algo que se sabe objetivamente malo. Convencida que la inflación no es su responsabilidad (porque descree del vínculo entre el crecimiento de los precios y el de la cantidad de dinero) y quela Carta Orgánica vigente no refleja la voluntad de la mayoría, la presidente del banco central la ignora olímpicamente. Y no tiene -ni teme- sanción porque sabe que juega a favor de la cultura general, como tampoco la tienen los legisladores que votan superpoderes para el Poder Ejecutivo. Porque cuando la mayoría dirigente es irresponsable y timorata, la cultura mata a la ley.
