La decisión de someter todas las importaciones a consulta previa es otra vuelta de tuerca en el esfuerzo oficial por intervenir en las relaciones económicas y sociales y no sólo evitar la pérdida de reservas.
El dictado de la resolución 3252 de la AFIP formalizará, a partir del 1º de febrero, un procedimiento obligatorio de control de las importaciones, profundizando así lo que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, viene ejecutando con su habitual verba autoritaria sobre los empresarios industriales y los dueños de supermercados.
La consigna es que todo lo que se produzca en el país no se importará. Los efectos de este tipo de despropósito quedan testimoniados por cualquier ama de casa que pretenda adquirir una plancha o un lavaplatos o un sinnúmero de bienes que ya no están disponibles.
El extremo ha llegado, en varios casos, a que una fábrica ha debido detenerse por la falta de alguna pieza importada que no consigue despachar de la Aduana, en espera de alguna autorización retaceada por el aparato oficial. Ha sido el caso de la empresa automotriz Fiat, en Córdoba, que debió paralizar por 48 horas su actividad por ese motivo.
El absurdo de estas políticas también ha llegado a la increíble exigencia de que cualquier importador, ya sea de maquinarias, acero o repuestos, deba compensar la balanza comercial con exportaciones de igual valor, con vino, aceitunas o arroz.
Son también absurdas las intervenciones policiales en la compraventa de divisas o la persecución con perros especialmente adiestrados a las personas que lleven dólares. Sin embargo, esta nueva resolución de la AFIP nos dice a las claras que no habrá rectificación de los empeños intervencionistas, sino más bien un salto hacia adelante.
No es difícil adivinar cómo será administrado este procedimiento y cuál será el cúmulo de inconvenientes, ineficiencias y costos que provocará en la economía y en los consumidores. Se requerirá una declaración jurada anticipada de importación, que será presentada en la AFIP, que a su vez la pondrá a disposición de otros organismos “en función de su competencia en la materia”.
Resulta absolutamente insoslayable el carácter de verdadera autorización previa que este trámite tendrá sobre toda operación de importación. Tampoco es difícil imaginar lo engorrosa y arbitraria que será cada verificación de la existencia o no de productores nacionales. Tampoco hace falta imaginación para saber que emergerán empresas que afirmarán tener las capacidades y calidades para sustituir cada bien importado. Esta es una historia que la Argentina ya ha conocido más de una vez y que sólo sirvió para beneficiar a algunos empresarios locales, perjudicar a los consumidores y enriquecer a funcionarios.
El proteccionismo, al anular la competencia externa, no favorece a la industria, sino que finalmente la perjudica. Si, además, ese proteccionismo no se basa en elevados aranceles, sino en tener que atravesar procedimientos burocráticos tan penosos como discrecionales, el daño es mucho mayor.
No debiera extrañar que la decisión de ampliar a todo producto la autorización previa para importar sea una intención obviamente no declarada, pero cierta del Gobierno: la de controlar algunas actividades estratégicas. Por ejemplo, el papel para diarios. Se completaría así el círculo ya iniciado con la ley recientemente sancionada, que hace posible al Gobierno controlar la producción local.
La Argentina está viviendo el agotamiento de un modelo económico que rindió ya frutos en materia de reactivación y de aliento al consumo, pero que ahora exhibe las consecuencias indeseables de todas las enormes distorsiones que se acumularon. Es la hora del ajuste fiscal, así como de la normalización de las tarifas y de la asimilación del retraso cambiario. La necesidad de actuar en profundidad es más perentoria toda vez que la etapa de las necesarias correcciones ha llegado paralelamente a un marco externo más frágil y menos favorable y con la marcada ausencia de confianza que ha sido ocasionada por las propias políticas.
Una persistente y alta inflación acota el juego posible para sostener el consumo mediante instrumentos fiscales y monetarios. El hegemónico poder político de la Presidenta, logrado en una elección holgadamente ganada y, además, con amplias mayorías parlamentarias, debiera ser suficiente para instrumentar rápidamente medidas racionales y sanas, aunque por su contenido fueren circunstancialmente menos atractivas en lo político. Ha habido algunos intentos, como son el programa espasmódico de reducción de los subsidios masivos, o el requerimiento de planes de ajuste fiscal a las provincias, compensado con la refinanciación de sus deudas. Esto también se insinuó tímidamente con la tardía liberación de la exportación de los excedentes de trigo.
No obstante, parecen siempre predominar un marco ideológico proteccionista y el claro formato populista que ha caracterizado hasta hoy el libreto oficial. No hay un programa de gobierno coherente y, si algo caracteriza el camino recientemente emprendido, es que aparece una profundización del intervencionismo. Lo que hay que saber es que este rumbo, según nos enseña nuestra propia experiencia, conduce al totalitarismo y nunca ha permitido llegar a buen destino.
