En el año 2012 tendremos riesgo de desaceleración económica y de retroceso de los derechos ciudadanos.
Todas las proyecciones, incluso las oficiales, dan por sentado que 2012 será un año de desaceleración económica y el contexto externo tendrá particular importancia para determinar cuánto será esa merma de ritmo. Si la situación de la deuda soberana de la eurozona se complica, se podrían tener tendencias recesivas hacia la segunda mitad del año. Sin embargo, como es hoy más esperable, se resuelven dichos problemas en los próximos meses, los excesos de liquidez mundiales darán nuevo impulso a los mercados y economías, particularmente a las emergentes. De esta forma, la desaceleración del nivel de actividad de la Argentina será lenta.
Entre los factores domésticos para disminuir el paso del crecimiento están los fiscales y los monetarios. Desde 2008, el gobierno ha venido bajando su nivel de ahorro, es decir de solvencia fiscal, hasta llegar en 2011 con un déficit en sus cuentas; lo que quiere decir que sus gastos no pueden ser cubiertos con sus ingresos genuinos. Con esto, logró darle un coyuntural mayor impulso a la economía; ya que incrementó artificialmente la demanda interna. El punto clave a entender es que esta sensación de bienestar económico no era sustentable; lo mismo que un mejor nivel de vida de nuestra familia logrado a partir de un uso excesivo de la tarjeta de crédito.
Por lo tanto, habrá que ajustar el gasto y, parte de ello, tiene que ver con la quita de subsidios a los consumos de servicios públicos y la transferencia de los subtes al Gobierno de la Ciudad. Para que se pudieran sostener estas tarifas irreales, las transferencias a las prestadoras treparon a más de $ 70.000 millones en 2011, con un crecimiento superior al 50%, y era esperable que volvieran a subir en igual porcentaje en el año que se inicia. Insostenible. Ahora, la gente tendrá que pagar lo corresponde por lo que usa y, por ende, reducir otros gastos que había dado por hecho que eran parte de su canasta de consumos. Esto generará una sensación de malestar en los afectados; aunque debería preocuparnos mucho más la cantidad de recursos, varias decenas de miles de millones de dólares, desperdiciados en estos subsidios durante casi 9 años.
Nadie hubiera sugerido que las tarifas se incrementaran durante 2002, en medio de la debacle que mandó a la pobreza a más del 50% de los argentinos. Sin embargo, lo razonable hubiera sido que, a partir de la recuperación económica y de los sueldos, se hubiera empezado gradualmente a actualizar las tarifas. De esa forma, hubiéramos ido asignando una porción de nuestro aumento de ingresos a pagar lo que corresponde por lo que usamos. No hubiéramos gozado de un bienestar artificial; pero, tampoco, hubiéramos despilfarrado tantos recursos que, en definitiva, aportaron los contribuyentes y que pudieron haber tenido mucho mejor destino.
Una de las fuentes principales de financiamiento de este desmanejo del gasto y del desahorro del sector público fue el Banco Central. Desde 2010, el gobierno recibió US$ 17.000 millones de reservas internacionales y otros tantos de transferencias de pesos para poder sostener sus excesos de erogaciones. Por supuesto, esto no fue gratis, a menos que la gente piense que esos recursos los dejó Papá Noel en el Arbolito de Navidad. La forma en que se hace de recursos el Banco Central es, principalmente, a partir del impuesto inflacionario, por lo que no debería llamarnos la atención la fuerte suba de precios que tuvo el país en los últimos años, superando el 20% durante 2010 y 2011. Además, esto implicó un importante aumento de la debilidad de la autoridad monetaria para enfrentar una potencial corrida. Hoy, el BCRA tiene un 40% menos de solidez del que podía mostrar en 2008, durante la última debacle mundial. Cabría preguntarse cuáles son las posibilidades que hoy tiene de defender exitosamente el valor del peso y nuestros ahorros en el sistema financiero, sumando que el gobierno lo tiene como principal fuente de recursos para cubrir sus desequilibrios y pagar su deuda. Mejor recemos para que no estalle ninguna crisis internacional.
La arbitrariedad, la respuesta
Por último, cabría preguntarse cómo se enfrentarán los problemas, sembrados durante los últimos dos períodos de gobierno. Una primera muestra la estamos teniendo con la forma arbitraria de decidir quiénes reciben o no los subsidios a los servicios públicos. Un funcionario determinó en qué barrios viven los ricos y en cuáles no. Absurdo. Se les debió quitar el beneficio a todos, excepto a aquellos que pudieran justificar la necesidad de mantenerlos. La misma discrecionalidad se utilizó para sacárselos (¿sancionar?) a algunas administraciones municipales o provinciales, manteniéndoselos (¿premiando?) a otras. Por último, una comisión estará encargada de decidir a qué empresarios o comerciantes se les dejará el subsidio. Cabría preguntarse por qué los contribuyentes debemos pagarles las ganancias a los “privilegiados” por el “dedo oficial” y dudar de cómo se “aceitarán” los mecanismos para “separar la paja del trigo”.
Para terminar, gran parte de la pérdida de reservas internacionales de los últimos meses, no tuvo tanto que ver con la esperable fuga de capitales previa los comicios presidenciales, como con la fuerte emisión del Banco Central para transferirle recursos al gobierno para financiar el exceso de gasto electoral. Por supuesto, esos excesos de pesos terminaron presionando sobre el mercado cambiario y, para frenar una inconveniente suba local del dólar, el BCRA tuvo que vender divisas. Conclusión, con frenar el incremento de la oferta de moneda bastaba. Sin embargo, el gobierno prefirió tomar medidas que avasallaron el derecho de los ciudadanos y las empresas. Entre otras aberraciones, los argentinos tenemos que pedirle permiso a un organismo estatal para hacer una operación legal, como es comprar dólares. La excusa, luchar contra la evasión. El resultado, aquellos que no pudieron operar legalmente en casas de cambio y bancos, lo hicieron en el mercado informal; por lo que jamás podrán ser controlados. En definitiva, el objetivo real fue impedirnos que pudiéramos ejercer nuestro derecho a disponer de lo que honestamente hemos ganado.
Ojalá que el gobierno desista de continuar con este tipo de soluciones; ya que los argentinos no somos súbditos a los que un soberano, generosamente, les da o les quita dádivas o puede avasallarles sus derechos. Si el gobierno no lo entiende, esperemos que los argentinos seamos lo suficientemente maduros como para asumir nuestra responsabilidad cívica y exigirle que respete los límites para el ejercicio del poder que manda la Constitución Nacional.
