Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso. Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Es consultor económico y Profesor titular de Economía Aplicada del Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica del Master de Economía y Administración de CEYCE.
Supongamos que Ud. tiene una casa. Esa casa figura en el registro de propiedad a su nombre. Ud. cree que esa casa es de su propiedad. Pero supongamos que el gobierno decide si puede alquilarla o no, a qué precio puede alquilarla, a quién puede alquilar, cuánto tiempo puede alquilarla, si puede venderla o no e infinidad de otras restricciones. Bien, en ese caso la casa figurará a nombre suyo, pero no será de su propiedad porque el uso de la misma estará tan arbitrariamente restringido por el gobierno que el verdadero dueño de su casa será el Estado y no Ud. La propiedad estará a su nombre pero la disponibilidad de la propiedad estará en manos del Estado. Esto quiere decir que la propiedad privada no desaparece solamente cuando el Estado la confisca, sino que también desaparece, o se ve fuertemente limitada, cuando el Estado decide por Ud. sobre el uso de la misma.
Seguramente más de uno considerará que el siguiente párrafo es exagerado, pero Argentina está transitando el camino de la abolición de la propiedad privada cuando consideramos que la propiedad privada implica poder disponer libremente de ella.
Por ejemplo, tomemos el ejemplo de una persona que trabaja y tiene cierta capacidad de ahorro. Por el fruto de su trabajo recibe un pago en pesos, fruto de su trabajo que le pertenece. Esos pesos son propiedad privada del trabajador, pero el Estado le condiciona o le prohíbe la compra de dólares dependiendo de lo que decida la AFIP. Cuando la gente compra dólares como forma de ahorro es porque considera que los pesos que emite el BCRA no sirven como reserva de valor. Lo que hace el trabajador es defender sus ahorros, que son el fruto de su trabajo, pero el Estado no se lo permite o lo limita. Y aquí no corre el tema del control impositivo porque para eso están las declaraciones juradas anuales de ganancias en las cuales cada uno de nosotros tenemos que explicarle a la AFIP si generamos o no ese ahorro que destinamos a la compra de dólares. Para la AFIP todos somos sospechosos hasta que demostremos lo contrario, lo cual implica violar los derechos humanos, porque el gobierno, por no tener una moneda confiable, trata de frenar la compra de dólares destruyendo un principio jurídico que solo establecen las dictaduras: esto es. Todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. En vez de emitir una moneda confiable, el gobierno destruye su reserva de valor y obliga a la gente a tener pesos y no le permite defender sus ahorros, que finalmente, al ser el fruto de su trabajo, también es propiedad privada. En definitiva, al limitarle el acceso a la defensa de sus ahorros, el gobierno le confisca parte de sus ahorros con el impuesto inflacionario.
Sigamos con el ejemplo del trabajador que, con el fruto de su trabajo, decide comprarse algún bien importado. El Estado ha decidido que no tiene derecho a usar el fruto de su trabajo cómo a Ud. mejor le plazca, sino que, por serios problemas cambiarios, el gobierno limita el uso de la propiedad privada, decidiendo que Ud. con su esfuerzo diario no tiene derecho a comprar un producto importado. Lo limitan a comprar productos nacionales que por calidad o precio Ud. no quiere adquirir. Es más, tal vez Ud. quiera comprar un producto importado porque simplemente se le da la gana. Bien, el Estado ha decidió que su propiedad privada, su salario, puede usarse solo en lo que el Estado lo permite.
También, el Estado le aplicará un impuesto a las ganancias para financiar los llamados “planes sociales”. Sin ajuste por inflación de los mínimos no imponibles, el Estado le quitará una parte creciente del fruto de su trabajo. Ud. no podrá decidir a quién desea ayudar con su salario. El Estado ha decidido que le va a quitar a Ud. parte de su trabajo para que, en cadena, la presidente decida a quién le da y a quien no le da. Digamos que hace “beneficencia” con el dinero ajeno. El gobierno considera que tiene el monopolio de la “beneficencia” y que el resto de los argentinos somos todos avaros que no estamos dispuestos a ayudar a nuestros semejantes. Claro, al autoproclamarse como el único que tiene el monopolio de la “beneficencia” nadie puede controlar a quién beneficia, porqué lo beneficia y para qué lo beneficia.
Como gran “invento” de política económica, el gobierno ha decidido conformar una comisión multisectorial que se encargará de analizar los balances de las empresas de todos los sectores, definir si sus gerentes ganan mucho o poco, analizar sus costos y utilidades y decidir si ganan mucho o poco. De esta forma, supuestamente, el gobierno tendrá los elementos para definir qué aumento de salarios deberá pagar el sector privado según los “concienzudos” cálculos de los burócratas de turno.
Primera reflexión que surge inmediatamente. Ante la requisitoria de saber cuánto gana el gerente de una empresa, la respuesta sería: ¿y a Ud. que le importa? Ud. está en el Estado para defender el derecho a la vida, a la propiedad y la libertad de las personas, no para meterse, tipo KGB o SS, a averiguar cuánto gana mis gerentes. Para eso está la AFIP que recibe las declaraciones juradas anuales.
Respuesta del funcionario: “pero yo tengo el 54% de los votos”. Respuesta: Y a mí que me importa. Nuevamente, ese 54% solo lo habilita a utilizar el monopolio de la fuerza para defender mi derecho a la vida, la propiedad y la libertad. Ese 54% no le otorga poderes ilimitados para violentar los derechos individuales y el derecho de propiedad. No solo no lo habilita a violar los derechos del 46% que no la votó, sino que no lo habilita a violar el derecho de una sola persona. Ud. confunde método de elección con los derechos que le otorga ganar una elección. Primero están los derechos de las personas y los límites que tiene que tener el gobierno en el uso del monopolio de la fuerza, y luego está la forma de elección. Se lo digo más claro: la persona elegida no puede hacer un uso discriminado del monopolio de la fuerza. La forma de elegir es solo un mecanismo para ver quién administrará la cosa pública bajo las restricciones establecidas. Si quiere podemos cambiar el método y elegir al presidente tirando los dados, apostando a las cartas o arrojando una moneda al aire, pero lo que no está en debate son los derechos individuales, la propiedad privada y el derecho a la libertad y la vida. Esos derechos no pueden violarse ni con el 54% de los votos ni con el 99%.
Segundo punto económico. Esa comisión interministerial va a analizar los balances y decidirá qué aumento de salarios corresponde aplicar en base a las utilidades obtenidas por las empresas. Sería bueno recordarles a quienes integran esa comisión que los balances son historia. Que una empresa haya tenido utilidades “altas” no quiere decir que este año las vaya a repetir. Proyectar salarios futuros en base a utilidades empresariales pasadas es un disparate conceptual. Y mayor disparate es cuando estamos en un país en el que nadie puede hacer cálculo económico porque no tenemos moneda por efecto de la inflación y, encima, a un señor se le ocurre cambiar todo el tiempo las reglas de juego. ¿Quién puede definir la utilidad que va a tener este año si no sabe cuál será la carga tributaria que tendrá que afrontar, si podrá producir lo que espera producir porque en una de esas le prohíben importar insumos que le bajan la producción, le cortan la energía e infinidad de otras incertidumbres?
Si el gobierno quiere seguir el criterio de fijar salarios en base a utilidades de sus balances, lo primero que tiene que hacer es, como mínimo, bajarle el sueldo a los directivos de Aerolíneas Argentinas.
A la hora de fijar salarios por productividad, ¿qué salario le corresponde a Moreno por entorpecer la producción, destruir riqueza y disminuir la eficiencia de la economía Argentina?
Tercer punto, definir si una utilidad es alta o baja depende, entre otras cosas, del riesgo institucional en el cual se maneja la empresa. Si la arbitrariedad en las reglas de juego está a la orden del día, la incertidumbre institucional determina que el accionista le pida una tasa de rentabilidad muy alta a su inversión. Si el riesgo institucional es bajo, la tasa de rentabilidad que se le pedirá a la inversión será más baja.
El salario real se determina como cualquier otro precio de la economía. En un país en que se invierte mucho, se demanda mano de obra. La mayor demanda de mano de obra eleva los salarios. Si el BCRA no destroza la moneda generando inflación, la mayor demanda de mano de obra obligará a pagar más salarios para que el empleado no se vaya a otra empresa y elevará el poder de compra de los salarios. Por otro lado, si por cada trabajador aumenta el sotck de capital, su productividad mejora, hay más oferta de bienes en el mercado y más demanda de mano de obra con lo cual su salario real sube. Esta es la fórmula que no tiene atajos para la prosperidad no demagógica.
Como el gobierno no genera confianza para que haya inversiones, la productividad de la economía no crece y la demanda de trabajo hoy se mantiene en niveles cercanos a los de la crisis del 2002. Nadie quiere tomar una persona más en su empresa. A lo sumo reemplazará algún puesto de trabajo. Inflación, baja inversión y productividad hacen imposible que el salario real mejore. Dado que el gobierno no va a cambiar su rumbo intervencionista, lo que cabe esperar es que, en su desesperación por tratar de emparchar los líos que hace a diario, inevitablemente termine avanzando cada vez más sobre la propiedad privada.
Antes hablaba los salarios, una empresa hoy tiene que pedir permiso para importar, para girar utilidades, para comprar dólares, para exportar, para aumentar sus precios, para pagar importaciones y cuántas regulaciones más se le ocurra al gobierno. La realidad, les guste o no a los empresarios, es que han dejado de ser dueños de sus empresas. Solo se limitan a gerenciarlas en base a las pautas que le impone Moreno, pautas que responden a las necesidades políticas de Cristina Fernández.
Los accionistas de las empresas solo tienen a título nominal la propiedad de las mismas. El verdadero dueño es el Estado que les dice qué pueden y qué no pueden hacer con sus empresas, flujos, utilidades, estrategias comerciales, exportaciones, importaciones, los salarios que deben pagar, etc.
En síntesis, hoy Ud. con su salario, que es el fruto de su trabajo, solo puede comprar lo que le autorizan los burócratas de turno. Y Ud. con su empresa, solo puede hacer lo que le autorice a hacer el gobierno. La propiedad privada en Argentina está, como mínimo, limitada a los caprichos de los gobernantes.
Insisto, mi afirmación puede lucir exagerada cuando afirmo que la propiedad privada está bajo ataque. Si no me cree, espere un poco más y después hablamos.
