[E]l derecho de propiedad se acercó un paso más hacia su desaparición en nuestro país.
En el mundo civilizado las formas son tanto o más importantes que las cuestiones de fondo. Nuestros gobernantes, lamentablemente, no parecen entenderlo. Se trata de una consideración absolutamente relevante frente a cualquier discusión respecto de la anunciada expropiación del 51% de las acciones de YPF, hoy en manos de Repsol. Una expropiación que, en rigor, es lisa y llanamente una confiscación violatoria de la Constitución.
La expropiación está aceptada por el derecho público en todas las democracias modernas. Se trata de un derecho que han ejercido incluso gobiernos de países avanzados. Pero casi siempre lo han hecho en situaciones extraordinarias y conforme a derecho, sin necesidad de recurrir a declaraciones altisonantes y procediendo como lo indica la ley.
Para no ser una confiscación lisa y llana, algo más propio de un régimen totalitario que de una democracia, quien es expropiado tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al valor económico del objeto expropiado. La Constitución Nacional es muy clara al respecto, en su artículo 17: “La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.
La decisión anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado lunes no sólo viola las formas, sino que es ilegal. Semejante medida no debería ni siquiera ser defendida por aquellos que están a favor de que YPF sea propiedad del Estado argentino.
La primera mandataria declaró que no iba a contestar “ninguna amenaza” ni “ningún exabrupto” porque ella representa “a todos los argentinos” y, además, “porque no soy -dijo- ninguna patotera”.
¿Pero de qué otra manera que no sea de patoteril puede calificarse el hecho de que, tras el anuncio presidencial del proyecto expropiador, funcionarios de su gobierno se hicieran presentes en la sede de YPF y obligaran a todos los ejecutivos españoles a retirarse del edificio, sin orden judicial, exhibiendo un simple decreto de necesidad y urgencia? ¿Acaso no es el Congreso el que tiene que aprobar la ley de expropiación? La intervención de la empresa, realizada con antelación al tratamiento parlamentario, es un brutal atropello a los derechos de los accionistas de YPF.
Sólo en una sociedad muy primitiva se le puede ocurrir a alguien celebrar o aplaudir esta manera de hacer las cosas. No es casual que en distintos países de Europa y América la decisión adoptada por la presidenta Cristina Kirchner haya sido calificada como un acto de “patoterismo” o de “piratería”.
Al mismo tiempo, funcionarios del Gobierno han anunciado su pretensión de dilatar el pago de la indemnización a la empresa española, a la vez que hacen gala de que sería cercana a cero. Y lo hacen después de haber hecho lo imposible por provocar, en las últimas semanas, el derrumbe del valor bursátil de YPF.
Nadie que sea dueño de un negocio, por más pequeño que sea, o de un activo en la Argentina puede aplaudir lo que se está haciendo con Repsol. Hay cuestiones de fondo que hacen que esta confiscación sea incompatible con la seguridad jurídica y la supervivencia de un régimen republicano.
“No actuamos contra Repsol ni contra los capitales españoles”, declaró el viceministro de Economía Axel Kicillof, supuesto cerebro detrás de la decisión de confiscar. Kicillof parece un funcionario del Ministerio de la Verdad que George Orwell describió tan bien en 1984 . En esta brillante novela, cada vez más vigente, el régimen totalitario buscaba controlar el pensamiento y subvertir el concepto de la verdad a través del lenguaje. Para el Ministerio de la Verdad, la guerra es paz, la esclavitud es libertad y la ignorancia es poder. ¿Pretenderá Kicillof tomarnos a todos el pelo cuando dice que el Gobierno no está actuando contra Repsol?
¿Por qué se apropia el Estado de acciones de Repsol y no del grupo Petersen o de los otros accionistas de YPF? ¿Bajo que principio jurídico se asienta esta flagrante e inconstitucional discriminación? Hubiera resultado lógico que, habiendo decidido obtener el 51%, el Estado expropiara a todos los accionistas de manera proporcional. ¿Se habrá pensado en el Poder Ejecutivo quizá que las consecuencias judiciales serían menos serias?
¿Se habrá buscado castigar a Repsol por su origen español? Habría que recordar que la Argentina y España firmaron un acuerdo bilateral de promoción y protección de inversiones que fue aprobado por ley del Congreso. Y que discriminar a alguien por su condición de extranjero es inconstitucional.
¿Se querrá castigar a Repsol por una mala gestión? En este caso, el Gobierno estaría usurpando un derecho que corresponde a los accionistas de Repsol e YPF.
Uno de los aspectos más criticados de la gestión de Repsol ha sido la falta de inversiones y la masiva distribución de dividendos. La mayoría de las empresas petroleras que operan en la Argentina han disminuido sus inversiones y exhiben una caída en sus reservas. Y esto es consecuencia directa de la política energética adoptada por el gobierno kirchnerista desde 2003. En cuanto al pago de dividendos, desde 2007 es también consecuencia directa de la “nacionalización” de un 25% de las acciones de YPF promovida por el propio Néstor Kirchner. Como la familia Eskenazi no tenía 3500 millones de dólares para comprar dichas acciones, un grupo de bancos internacionales estructuró, con la anuencia y bendición del ex presidente Kirchner, una financiación basada en el pago de acciones mediante dividendos futuros.
Un Estado no puede comportarse como un adolescente que cambia de opinión de un día o de un año para otro. Los Kirchner no sólo alentaron el ingreso en YPF de un socio argentino sin mayor experiencia en el negocio petrolero y sin dinero para pagar sus acciones, sino que años atrás aplaudieron la privatización de la empresa.
En un país con escasez crónica de capitales como es la Argentina, el Gobierno no puede darse el lujo de ahuyentar inversiones. El presidente de Colombia no pudo haber sido más claro al respecto cuando, días después del anuncio argentino, dirigiéndose a un grupo de inversores extranjeros, dijo: “Queremos que ustedes sientan que tenemos reglas de juego estables, que aquí no expropiamos”. Juan Manuel Santos estaba capitalizando los errores del gobierno argentino. Los resultados de una y otra política de Estado están a la vista. En 2011, las inversiones extranjeras en Colombia subieron el 92%. Gracias al anuncio de la expropiación de Repsol, el riesgo país de la Argentina se disparó. Esto quiere decir que nos va a costar mucho más conseguir capital para financiar proyectos en nuestro país. Y, justamente, lo que el Gobierno dice que falta en el sector energético son inversiones.
Las contradicciones del discurso oficial están a la vista. Declaró la Presidenta que YPF tendrá “una conducción absolutamente profesionalizada” y que se demostrará que “los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también”. Cuesta encontrar ejemplos de su gobierno para sustentar tal afirmación. ¿Se referirá a Enarsa? ¿O a Aerolíneas Argentinas, que pierde dos millones de pesos por día? Resulta, a su vez, notable que la conducción transitoria de YPF haya recaído en un ministro como Julio De Vido, que es responsable de la crisis energética que tantas veces pretendió negar, y en quien condujo las finanzas de la empresa aérea, que fue el propio Kicillof.
Otra grave inconsistencia de la confiscación es su declarado objetivo. El artículo primero del proyecto enviado al Congreso declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos”. Nuevamente hay un tinte orwelliano en esta afirmación. En 1984, el lema del Ministerio de la Verdad era: “Quien controla el pasado, controla el presente y quien controla el presente, controla el futuro”. La Argentina sólo alcanzó el autoabastecimiento de hidrocarburos con el plan Houston de Alfonsín, cuando el mercado operó con incentivos y se permitió la inversión extranjera.
La desregulación del sector y la privatización de YPF, en 1990, que lideró José Estensoro, fueron un éxito indiscutible. YPF pasó de ser una empresa deficitaria e ineficiente a ser una empresa competitiva a nivel internacional y la Argentina sobrepasó con creces el tan ansiado objetivo del autoabastecimiento energético. Estensoro siempre entendió que, aunque YPF había sido privatizada, era necesario “cuidar” a su accionista más importante, que era el Estado. Roberto Monti, que lo sucedió en el cargo luego de su trágica muerte, no entendió que YPF no era como cualquier otra empresa que cotizaba en la bolsa de Nueva York. Eso y la necesidad de caja fue lo que en 1999 provocó la venta de las acciones remanentes del Estado a Repsol. Estensoro siempre se opuso a una venta de acciones de YPF a Repsol. Tal vez si no hubiera muerto en un accidente, esa operación nunca habría ocurrido, la situación actual sería muy diferente y hasta incluso podría haberse dado que YPF comprara Repsol. Más allá de esto, con esta confiscación y la continuación de la política energética adoptada por el actual gobierno, el autoabastecimiento de hidrocarburos parece una utopía.
La mala imagen del país en el exterior ha crecido en los últimos días. A los ojos del mundo, tenemos un gobierno tan arbitrario y autoritario como el de Venezuela y somos aún menos confiables en materia de seguridad jurídica.
En resumen, la forma en que la Presidenta decidió confiscar las acciones de Repsol en YPF ha dañado seriamente la imagen del país, ha reforzado la noción de que quienes nos gobiernan no respetan la ley, ha complicado los esfuerzos diplomáticos para conseguir apoyo internacional a nuestro legítimo reclamo por las Malvinas y ha aumentado significativamente el costo de financiamiento para cualquier proyecto de inversión en la Argentina. Nada hay para aplaudir.
La crisis que aqueja a los países desarrollados desde 2008 y la muy favorable situación en los mercados de commodities que se extiende desde 2002 le presentaban a la Argentina una oportunidad única para acortar la brecha que la separaba de aquellos países. En lugar de aprovechar esta oportunidad histórica, el gobierno argentino parece decidido a desperdiciarla con este nuevo dislate que se encuentra en vías de consumar.
