Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso. Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Es consultor económico y Profesor titular de Economía Aplicada del Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica del Master de Economía y Administración de CEYCE.
[S]eguramente los jóvenes de La Cámpora son chicos que comenzaron a comunicarse telefónicamente por celulares y luego por internet. Ellos, que aplauden como una gran patriada la estatización de YPF, no vivieron la época de ENTEL, cuando esa empresa estatal de teléfonos podía llegar a tardar años en instalar una línea de teléfono en una casa. Ellos no vivieron lo que era esperar años para que apareciera el aparatito negro en una casa. Luego había que tener suerte que funcionara el teléfono, y si funcionaba había que tener suerte que a la persona que uno llamaba también le funcionara el teléfono. Es decir, en la época de la soberanía nacional de los teléfonos, todos los planetas tenían que estar alineados para poder hacer una simple llamada de teléfono. Esos jóvenes, festejan la confiscación de YPF como si fuera un acto de soberanía porque no saben lo que significa tener que padecer a las empresas estatales.
¿Por qué padecer a las empresas estatales? Porque en las empresas estatales no se trata de maximizar el beneficio del accionista prestándole un buen servicio al consumidor, sino que se busca maximizar los beneficios políticos. El objetivo de los funcionarios que están en las empresas estatales es hacer cosas que mejoren la imagen del gobierno y no invertir para satisfacer las necesidades de los consumidores como lo hacen las empresas privadas sometidas a la competencia. Son dos concepciones diferentes. Las empresas privadas que compiten tienen que generar sus utilidades beneficiando al consumidor. En las empresas públicas se busca un rédito político a costa de un despilfarro de recursos.
Justamente, no debe extrañar que algún funcionario público haya afirmado, muy suelto de cuerpo, que el objetivo de las empresas estatales no es ganar dinero. Obvio, ellos buscan sus beneficios políticos, como puestos muy bien remunerados para ejercer funciones que desconocen, y si las empresas estatales pierden dinero, ese dinero no es de ellos ni de accionistas que los echarían a patadas si estuvieran en una empresa privada. Es la gente, el contribuyente, que tiene que pagar con impuestos o el impuesto inflacionario las pérdidas de las empresas públicas en nombre de la soberanía nacional.
Cuando algunos economistas afirmamos que estamos volviendo a los 80 en materia de política económica, no es solo por las regulaciones absurdas de la economía o la emisión monetaria del BCRA, sino porque, además, el déficit fiscal de aquellos años se explicaba, en buena medida, por las pérdidas de las empresas estatales que eran financiadas por el tesoro. Pero como el tesoro no tenía recursos genuinos para financiar esas pérdidas, era el Banco Central el que emitía moneda para financiar el déficit de las empresas estatales.
Cuando en los 90 Menem privatizó las empresas estatales, tuvo que hacerlo porque la privatización pasaba a ser un instrumento de estabilización monetaria. Un mecanismo para frenar la inflación.
Normalmente las privatizaciones apuntan a mejorar la eficiencia de la economía si el marco regulatorio es el adecuado. Pero en los 90, en que hubo todo tipo de marcos regulatorios, la privatización no solo tenía que mejorar la productividad de la economía, sino también eliminar las pérdidas que tenía que financiar un tesoro exhausto, por eso digo que las privatizaciones, también pasaron a ser un instrumento de estabilización.
Los precios de los servicios públicos, de empresas públicas y privadas, eran puestos políticamente. El criterio para definir el costo de las comunicaciones telefónicas, del boleto del tren, del colectivo, de la luz, el gas, etc. se limitaba a establecer un número arbitrario que, cada tanto, redujera el déficit de las empresas públicas. El llamado rodrigazo no fue otra cosa que un intento, desde mi punto de vista mal implementado, de corregir los gruesos errores económicos que se habían heredado de la inflación cero de Gelbard. Celestino Rodrigo subió el precio de los servicios públicos porque tenía que reducir la pérdida de las empresas del Estado para aliviar el peso sobre el tesoro que requería de cada vez más pesos emitidos por el Banco Central y de esa manera tratar de reducir la inflación. Celestino Rodrigo pagó el costo político del lío que armó Gelbard.
Si uno hoy mira la situación de las tarifas de los servicios públicos, es parecida a la de la inflación cero de Gelbard. Las empresas que prestan servicios públicos tienen precios políticos. Esos precios no cubren los costos operativos ni el mantenimiento del stock de capital, y mucho menos la ampliación del stock de capital. ¿Cómo se financia todo eso? Con subsidios. ¿Quién paga los subsidios? El Estado (mejor dicho el contribuyente). Como el tesoro tiene déficit fiscal, el BCRA cada vez emite más moneda para financiar al tesoro y produce el proceso inflacionario imparable al que estamos asistiendo. Es lo mismo que en los 60, 70 u 80. Fijación de precios políticos financiados con el impuesto inflacionario. Por eso mueve a risa cuando se habla del famoso modelo. El modelo es una copia burda del desastre de los 60, 70 y 80 que terminaron en la hiperinflación. Aclaro que no sé si vamos a terminar en otra hiperinflación, pero sí me queda claro que la tasa de inflación va a ser alta, y cuando digo alta, digo dos dígitos elevados.
Recuerdo que muchas décadas atrás se hablaba de establecer el peaje en las rutas para mantenerlas porque se caían a pedazos. Frente a la propuesta del peaje, un político no peronista, pero imbuido de un falso nacionalismo, afirmó: ¡quieren lucrar con los caminos de la patria! Para el dirigente político era preferible que la gente se matara en las rutas que “sacrificar” la soberanía nacional y poner un peaje.
Volviendo a la actualidad, cuando uno mira el presupuesto de la Nación, el rubro más importante son los servicios sociales, donde el mayor importe está en el sistema de previsión social (casi una humorada por lo que ganan los jubilados) y el segundo rubro es lo que se destina a subsidios para tener tarifas púbicas políticas.
El déficit fiscal del año pasado, que, bien medido, fue del orden de los $ 54.000 millones, está altamente influenciado por los famosos subsidios a la energía y el transporte. Por eso a principios de año el gobierno amagó con empezar a eliminarlos, pero entre la inflación que se disparaba, el malhumor de la gente para sacar la tarjeta SUBE y la tragedia de la estación Once, tuvieron que frenar el rodrigazo tarifario que ellos mismos heredaron de su gestión. ¿Cómo comunicar un aumento del boleto del tren luego del desastre de Once? Por lo tanto, bajaron los flaps y esperaron a un mejor momento, el cual no llegará porque la inflación tiende a aumentar.
La economía está atrapada en dos graves problemas. Uno es que la corrección de las tarifas políticas de los servicios públicos implica aplicarle un fuerte golpe al bolsillo de la gente. Al mismo tiempo, dada la falta de competitividad estructural de la economía, el tipo de cambio real alto que heredaron para esconder la falta de competitividad, se lo devoró la inflación que se generó en todos estos años. Me animaría a decir que hoy, dada esta política económica, es políticamente tan complicado corregir las tarifas políticas que vienen sosteniendo desde que asumieron, como solucionar el problema de tipo de cambio real que tienen. La batería de medidas que viene aplicando el gobierno para impedir la compra de dólares no alcanza y todo el tiempo tienen que inventar nuevas restricciones, como, por ejemplo, obligar a los exportadores a ingresar antes los dólares de exportación. Esto marca el serio problema cambiario que tiene el gobierno.
Con el apoyo de una oposición que, como toda propuesta, ofrece hacer kirchnerismo pero sin sus formas, Argentina es nuevamente soberana gracias a que se confiscaron las acciones de Repsol.
Todos sabemos que el problema energético actual lo generó este gobierno con su política de precios políticos. La confiscación de las acciones de YPF intenta, más que generar caja, distraer la atención de la gente bajo una nueva propuesta de falso nacionalismo. Dicho de otra manera. La inflación se dispara, faltan productos en los negocios, la caída del salario real se hace sentir, la gente tiene que afrontar impuestazos a nivel provincial y municipal, más la consabida carga del Estado nacional y la demanda de trabajo es cada vez más escasa. Está por debajo del promedio del crítico 2002. Si a esto se le agrega la fenomenal caída que tuvo la imagen del gobierno, que en tres meses perdió 31% de confianza de la población, el tema YPF viene a ser algo así como la invasión de Malvinas en el momento crítico del gobierno militar.
En definitiva, el famoso modelo es muy parecido a los 60, 70 y 80, pero con otros modos menos amables y más rústicos. Eso es todo. El final ya lo sabemos.
