LA NACIÓN.- Cuando un gobierno se convierte en garante del cumplimiento de la ley, el Estado genera en la sociedad dos efectos que se relacionan entre sí: un efecto condenatorio que alcanza a todo aquel que comete un delito y un efecto preventivo que disuade al potencial criminal por temor a la condena. Ello da por resultado una sociedad ajustada a Derecho y apegada a las normas.
Cuando un gobierno monopoliza el poder, administra discrecionalmente los recursos públicos y anula las herramientas de transparencia que permiten la participación ciudadana en el control de la gestión pública, el único efecto producido por el Estado es el apego a la corrupción estructural. En este caso, el resultado se ajusta al libro del recordado jurista Carlos Nino Un país al margen de la ley.
En un marco de corrupción estructural, cuando se desactivan los pesos y contrapesos del sistema republicano, los demás poderes resignan facultades para concentrarlas en el Poder Ejecutivo, la política se financia desde el delito organizado, los negocios se realizan en el marco de la ilegalidad de los negociados y los organismos públicos resignan los controles en beneficio de un capitalismo de amigos del poder. Así, el Estado amplifica la corrupción para expandirla a la impunidad.
La corrupción se basa en una contabilidad creativa para ocultar, en una Justicia enceguecida para absolver, en un Estado cooptado para permitir y en funcionarios cómplices para sobornar. La impunidad no sólo complementa a la corrupción, sino que profundiza el vaciamiento de las instituciones y convierte al Estado en zona liberada.
Cuando un país vive en la corrupción estructural y en la impunidad generalizada, la corrupción mata y la impunidad asesina.
La corrupción mata porque la vida de las personas deja de ser un bien supremo por proteger para convertirse en un bien de cambio con el cual lucrar. Ello se acaba de comprobar con la tragedia de la estación Once, en la que 51 personas perdieron la vida debido a la discrecionalidad extrema del Estado, así como quedó demostrado en otro hecho masivamente trágico, el incendio del local República Cromagnon, en el que fallecieron casi 200 personas, en su mayoría jóvenes, como consecuencia de numerosos hechos de corrupción.
Ambos sucesos tienen como común denominador un Estado ausente en el control y cómplice de la codicia ilimitada. Ambos hechos demuestran que cuando en un suceso público y masivo acaecido en marcos de legalidad se presenta la fatalidad del destino o la imprudencia humana, hay altas probabilidades de que la potencial desgracia no pase de un susto o llamado de atención. Pero cuando la fatalidad se conjuga con la corrupción, aumentan las posibilidades de que ese hecho termine en tragedia. La corrupción pone a todos los ciudadanos a la intemperie de la ley, a los usuarios de los servicios públicos en estado de indefensión y a los espectadores de un evento en desprevenidos protagonistas de la tragedia inevitable.
La impunidad asesina porque el Estado funciona como garante del delito y el corrupto ejerce el monopolio de la violencia. Ello puede inferirse de diversos hechos de corrupción, pero uno, del cual hoy se cumplen 15 años, es la prueba contundente de la inacción del Estado frente a la acción criminal. El asesinato en 1997 del auditor de la Anses, Alfredo Pochat, ocurrido en Mar del Plata cuando se aprestaba a brindar una conferencia de prensa para denunciar a la titular de la delegación local de ese organismo por haber cometido hechos de corrupción, demostró que, cuando reina la impunidad, matando al investigador se entierra la denuncia investigada.
Efectivamente, ni la Anses ni la Justicia continuaron con la investigación por la cual fue asesinado Pochat, y el Estado sólo actuó para negar la indemnización que reclamaron sus hijos, cuestión que luego de 15 años aún aguarda una decisión de la Corte Suprema. Convertir al Estado en zona liberada no sólo decreta la muerte de los bienes públicos en manos del delito organizado, sino que además crea las condiciones para que aquellos que luchan contra la corrupción sean impunemente asesinados.
Un Estado que convive con la corrupción mata. Un Estado que facilita la impunidad asesina. Un Estado que promueve corrupción estructural y facilita impunidad generalizada convierte a la sociedad que le delegó poder para ser protegida en víctima del propio poder delegado y en rehén de los representantes elegidos.
Las sociedades que logran vencer a la corrupción son sociedades que participan más allá del voto, que controlan a sus gobiernos a partir de la democracia participativa y construyen institucionalidades que sostienen en el tiempo soluciones a los problemas y dilemas sociales más allá de los gobiernos de turno. Y las sociedades que destierran a la impunidad son sociedades que tienen en claro que cuando eligen a sus representantes están delegando representación, pero nunca poder. Son sociedades que actúan bajo el impulso de la memoria por las víctimas de las tragedias provocadas por la corrupción y desde el permanente recuerdo hacia aquellos que la combatieron y fueron asesinados por la impunidad. Hoy 4 de junio, día de la lucha contra la corrupción en homenaje a Alfredo Pochat, es una ocasión para que toda la sociedad convierta a la memoria en acción.
