LA GACETA.- Los letrados Leiva Fernández, Vázquez Ferreyra y Lynch expusieron en la 1° Jornada de Análisis Crítico, organizada por una fundación.
El proyecto de reforma del Código Civil y Comercial que se analiza en el Congreso de la Nación cuenta con voces a favor y en contra, respecto de la manera en que se lleva a cabo el proceso reformista. En este universo de opiniones hay abogados que consideran que los cambios emanan sólo del poder político y podrían dividir a la sociedad.
Así lo consideran un grupo de letrados que expuso durante la I° Jornada de Análisis Crítico sobre la Reforma, organizada por la fundación Libertad y Progreso. Los abogados Luis Leiva Fernández, Roberto Vázquez Ferreyra y Horacio Lynch aseguran, tajantemente, que esta reforma “no sirve”. “Esta modificación del Código que parte como una iniciativa política del Poder Ejecutivo Nacional terminará por fraccionar a la sociedad. Esa división quedará determinada por tres grupos bien definidos: aquellos que piensan que no es necesaria una reforma; los que consideran que se debe reformular el Código pero no de esta manera, y quienes están de acuerdo con la modificación que plantea el Gobierno”, afirmó Leiva Fernández.
En este contexto, los tres disertantes coincidieron en que el plazo de 90 días que dispuso el PE es insuficiente para estudiar las modificaciones que se pretenden introducir. Además, afirman que los mayores problemas surgirán en los cambios que se quieren aprobar en el Código Civil. “Esta modificación surge sin que ningún sector de la sociedad lo haya pedido. No hubo presión social. Sin embargo se siguió adelante con el proyecto”, agregó Leiva Fernández.
Dentro de las modificaciones impulsadas, el Gobierno propone establecer nuevas reglas de juego -por ejemplo- en los trámites de adopción. Los cambios buscan simplificar el régimen jurídico y prioriza el interés del niño por sobre el de los adultos. Mantiene la adopción plena y simple e incorpora la adopción por integración, en caso de familias conformadas por parejas que tengan hijos de otras relaciones. Leiva Fernández fue tajante en su opinión: “los cambios en el sistema actual terminarán destruyendo el sistema de adopción”.
Por su parte, Vázquez Ferreyra resaltó que con la reforma “se le quita la responsabilidad civil al Estado”. “Es decir que, tomando un caso hipotético, si durante un accidente un policía o cualquier otro funcionario del gobierno choca accidentalmente a un civil y este resulta lesionado, el Estado no deberá hacerse responsable por lo que ocurrió. Antes la víctima podía iniciar un juicio contra el Estado. De aprobarse este proyecto esa posibilidad no existirá más”, aclaró el abogado.
En tanto, Lynch analizó la participación del presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y de la vicepresidenta del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, en la elaboración del proyecto. “Los jueces están para hacer interpretar y hacer cumplir las leyes, no para formularlas. Esa es una función que le compete al Congreso. Además, con su participación en este proyecto dejan de lado su imparcialidad al momento en que deba analizar algún caso que llegue a la Corte luego de esta reforma. Porque, más allá de que se excusen, ya estarán afectando el normal funcionamiento del cuerpo que presiden”, precisó Lynch. Sumado a esto, explicó que la formulación de los Códigos debería haberse tratado de la misma manera que la reformulación del Código Penal de la Nación. Por otra parte, al referirse Código Comercial, destacó que las reformulaciones introducidas son positivas, particularmente para las sociedades civiles, el sistema inmobiliario y para los fideicomisos. Por último, los abogados sostuvieron que la intervención del PEN es negativa, porque se cambiaron varios artículos del proyecto que formuló la Comisión para la Reforma del Código Civil.
