LA NACIÓN.- En los últimos seis años, la Argentina ha involucionado notablemente en materia de calidad institucional. Así lo demuestra un estudio elaborado por la Fundación Libertad y Progreso, que mide precisamente el Indice de Calidad Institucional (ICI) de los países, es decir, una combinación de indicadores que evidencian cuál es el respeto por las reglas de juego políticas y económicas de cada nación.
En 2007, la Argentina se encontraba en el puesto 93 de ese ranking. Hoy se halla en el 122 sobre un total de 191 países, es decir, descendió 29 posiciones. El ranking actual es encabezado por Finlandia, que logró desplazar a Dinamarca del primer puesto.
Comparados los datos de 2012 con los de 2007, cuando se comenzó a hacer esta medición, los desempeños positivos más destacados han sido los de Canadá, Australia y Taiwán. En esa nómina también se destaca Perú -aunque aparece mucho más abajo- como el que más avances ha demostrado en nuestra región.
En tanto, la Argentina está en el puesto 17°, pero de la lista contraria, es decir, de los países que peor desempeño tuvieron.
En cuanto a América latina, la situación de nuestro país tampoco es destacable. Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Guatemala han mostrado un mayor apego institucional. Detrás de la Argentina se ubican Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Haití, Cuba y Venezuela.
Un país accede al ranking si califica al menos en cuatro de los indicadores considerados para la medición. Entre los políticos se encuentran la rendición de cuentas y la vigencia del derecho, la percepción de la corrupción y la libertad de prensa. Entre los económicos: la realización de negocios, la competitividad global y la libertad en esa materia.
¿Por qué es importante una buena calificación en el ICI? La pregunta fue respondida por Martín Krause, consejero de Libertad y Progreso, y autor del trabajo. “La calidad de las instituciones afecta directamente los motores del crecimiento, la inversión y las innovaciones, y eso, a la calidad de vida de las personas. La pobreza, al igual que la riqueza, está directamente relacionada con la calidad institucional”, dijo.
Es notable que en el caso de la Argentina, obtenga sus peores calificaciones en los indicadores económicos, en particular los de libertad y rendición de cuentas. Hay que considerar, además, que el ICI 2013 podría llegar a ser todavía más negativo para nuestro país, pues para esta última medición no fueron ponderados ni el control cambiario, ni las trabas a las importaciones, ni la reforma de la carta orgánica del Banco Central.
Lamentablemente, nuestro país ha venido dando sobradas muestras del desinterés de sus gobernantes por la protección de derechos básicos como el de propiedad, por el Estado de Derecho y por la independencia de la Justicia, entre otros aspectos relevantes.
El caso del vicepresidente Boudou, actualmente investigado por enriquecimiento ilícito, por el rescate de la empresa Ciccone y por el desvío de fondos del Estado cuando conducía la Anses, es tanto judicial como político, pues en su derrotero por defenderse de las acusaciones ha logrado desplazar al doctor Esteban Righi como jefe de los fiscales, y también dejaron el expediente el magistrado y el fiscal que lo habían iniciado.
La confiscación de YPF y las últimas medidas presidenciales en cuestiones bancarias y respecto del destino de fondos previstos inicialmente para otros fines no hacen más que sumar depreciación a nuestra calidad institucional. La Argentina tampoco mide eficazmente en otros indicadores del ICI sobre vigencia del derecho en un país, como son la confianza en la Justicia y en la policía, la rapidez de las decisiones de los jueces y la honestidad de funcionarios.
Por otro lado, las peleas políticas con vistas a los comicios del año próximo y al mantenimiento de cuotas de poder están poniendo cada vez más los recursos del país como moneda de cambio para premiar lealtades o castigar lo que se consideran traiciones.
Esta situación, en la que un Estado se excede en su papel de contralor, restringiendo libertades empresariales, individuales y de prensa, termina por degradar la calidad de vida no sólo institucional, sino de sus habitantes, pues, como bien ha definido Krause, “los países que han logrado desarrollar un conjunto de instituciones sólidas brindan a su población más y mejores oportunidades para alcanzar los fines y objetivos que quieran perseguir”.
