LA NACIÓN.- Con más de un mes de retraso respecto de lo que era habitual, el Ministerio de Economía dio a conocer el resultado fiscal de diciembre y el total del año 2012. Fue una demora que hace pensar en que hubo algún trabajo sobre cifras incómodas, o bien que se esperó un momento menos inconveniente para hacer pública una mala noticia. Si se excluyen de los ingresos fiscales las transferencias del Banco Central, la Anses y el PAMI, por no ser otra cosa que financiamiento del déficit, el resultado anual después del pago de intereses fue negativo en 84.300 millones de pesos. Se alcanzó así en 2012 un déficit fiscal equivalente a 4% del producto bruto interno, el más alto desde 2002.
Esta relación podría considerarse hasta moderada si se la compara con las observadas en varios países europeos o con la de Estados Unidos, pero no es así cuando se tiene en cuenta la capacidad de los respectivos gobiernos para acceder al crédito en condiciones razonables. Es allí donde el Estado argentino expone una extraordinaria y riesgosa debilidad.
Así lo perciben los mercados y las instituciones crediticias. Lo manifiestan en el rendimiento que exigen para invertir dinero en bonos soberanos argentinos. El denominado riesgo país alcanza hoy 1200 puntos básicos -siete veces el de Brasil- y los CDS, que cubren al inversor del riesgo de default, cotizan 20 veces los del vecino país.
Independientemente de cuál sea el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York y lo que consecuentemente haya que pagar, la percepción de la solvencia fiscal de la Argentina tiene más relación con la situación y las tendencias de sus cuentas públicas que con el nivel de reservas. Como le ocurre a cualquier empresa frente a sus acreedores, al final éstos miran más la generación de caja que los activos de la compañía. Lo sabe el Gobierno y por eso maquilla y retacea la exposición de los resultados fiscales, aunque a la larga todo sale a la superficie.
En realidad, no haría falta tener los números del ministro Hernán Lorenzino para saber de la existencia de dificultades. Como ocurre con la Nación, casi todas las provincias y los municipios aumentaron notable e innecesariamente sus gastos corrientes. Hoy tienen serios conflictos de pagos con sus proveedores y contratistas y hay numerosas obras detenidas. Esto ocurre a pesar de que últimamente han aumentado hasta niveles confiscatorios los impuestos territoriales, los inmobiliarios, las tasas y las patentes de vehículos. Cada intendente y gobernador se expone como un “Pac Man” devorador frente a sus conciudadanos.
La presión tributaria global en la Argentina se aproxima a un 40% del PBI y es récord histórico, pero es insuficiente ante el desborde del gasto estatal. Además, hay reclamos por ajustes salariales y demandas por cobros que no se pueden satisfacer. En muchas provincias no iniciaron las clases por falta de acuerdo con los gremios docentes. El caso paradigmático es el de Buenos Aires, muy sensible al gobierno nacional por la importancia electoral del conurbano. Probablemente la Presidenta acordará ayudar a esta provincia por esa razón, pero es cierto que las arcas nacionales están agotadas y todo aumento de gasto implica más emisión y expansión monetaria, por lo tanto más impulso inflacionario. Cuando los gobernadores reclaman aportes y una mayor parte de la torta de la coparticipación, que en rigor les correspondería, deben saber que la frazada es corta y que hoy sólo se estira con emisión, es decir, con el impuesto inflacionario que finalmente pagan todos los argentinos.
EL CONGELAMIENTO
Transcurrieron 40 días desde el inicio del congelamiento de precios y esto traerá alguna morigeración en los aumentos de alimentos y productos de supermercado, como ocurre inicialmente con estas medidas. Pero hay una parte de la economía que está fuera del alcance de Guillermo Moreno. La más importante es la expansión monetaria. También los combustibles, como lo confirmó el presidente de YPF, Miguel Galuccio, no están alcanzados. No hay congelamiento de salarios y las paritarias siguen negociándolos. Tampoco están congeladas las materias primas, como los granos, la carne o los minerales, que cotizan en relación con mercados externos. También, aunque lentamente, crece la cotización del dólar oficial aplicado al comercio exterior. Aunque su evolución se retrase respecto de la verdadera inflación, no está congelado.
Como ocurre en todo congelamiento, hay múltiples escapes. Se discontinúan ciertos productos apareciendo o no, otros que los sustituyen; se reduce la calidad y la cantidad dentro de los envases o se suprimen las promociones. En definitiva, se extienden las distorsiones que luego alimentan la presión de la olla que habrá inevitablemente que destapar. Probablemente no será el próximo 1° de abril cuando venzan los 60 días, ya que los gobiernos no pueden salir fácilmente de estos congelamientos, pero finalmente siempre quedan superados por sí solos.
Tampoco será fácil salir del cepo cambiario a pesar de hacerse cada vez más evidentes sus perjuicios. Se ha limitado la actividad inmobiliaria y, consecuentemente, la construcción. Ha aumentado el desaliento a la inversión, que ya viene afectada por todos los agravios institucionales de un gobierno que ha debilitado la seguridad jurídica y la confianza. La producción industrial muestra signos negativos y la actividad económica en general no reacciona a pesar de los esfuerzos oficiales por reactivar el consumo interno.
Algunos funcionarios se mostraron sorprendidos por la fuerte reducción del superávit de la balanza comercial y de pagos en los dos primeros meses de este año. No debieran extrañarse cuando frente a una brecha cambiaria de 54%, el deporte nacional es obtener dólares oficiales de las reservas del Banco Central y hacerse de otros realizables en el blue. De más está decir que cuando el premio es grande para quienes sobrefacturan importaciones y subfacturan exportaciones, el fenómeno aparece y comienza a crecer. Por estas razones y por el desbalance energético, se está perdiendo el superávit comercial.
También absorben reservas del Banco Central los argentinos que salen con divisas autorizadas por la AFIP y, además, mientras gastan sólo con sus tarjetas de crédito, exprimen los cajeros automáticos de otros países. Muy pocos turistas extranjeros que llegan venden sus divisas en el mercado oficial. Esto irá en aumento mientras no se desdoble formalmente el mercado cambiario, aunque esto acarrearía otros riesgos y perjuicios.
A pesar de haberse limitado forzosamente la fuga de capitales abastecida con dólares de las reservas, éstas descienden irremediablemente. Ésta es la variable a monitorear para evaluar los tiempos en que sea necesario producir inevitablemente una modificación de la política cambiaria.
El panorama económico es consecuente con el evidente agotamiento del “modelo”. Sólo cambios profundos en el plano institucional que recuperen la seguridad jurídica y con reformas estructurales que reviertan las tendencias al deterioro fiscal darían espacio para un diagnóstico distinto y un horizonte más promisorio. No se ha percibido esta intención en el discurso presidencial de apertura de las sesiones parlamentarias. Pero en el juego de prueba y error, las realidades incontrastables pueden operar en la política más eficazmente que las ideologías.
Si en sus dos días de estadía en Caracas la Presidenta hubiera tenido oportunidad de escapar de las ceremonias funerarias y percibir la realidad venezolana, habría regresado con una mejor percepción del fuerte deterioro en el balance de resultados del tipo de modelo que ella supone admirar e imitar.
