ÁMBITO FINANCIERO.- Respondiendo al malestar de la gente por la creciente presión tributaria, la Presidente anunció un alza del mínimo no imponible que deja gran parte de los empleados y jubilados fuera de este gravamen. Los ingresos de los trabajadores han sido una de las principales víctimas de lo que se ha dado en llamar impuesto inflacionario y, en los últimos tiempos, doblemente por la falta de una adecuada actualización de los mínimos no imponibles y las escalas del Monotributo.
En los ´80, la inflación era el principal problema mencionado por los argentinos. Sin embargo, esto no fue así en los últimos 10 años, principalmente porque, a diferencia de aquella época, la economía creció y, con ella, el ingreso de todos. Así que el impuesto inflacionario se “comía” parte del aumento del salario de los trabajadores; pero siempre quedaba un poquito que permitía comprar algo más que el mes anterior. Los problemas empezaron cuando la economía tendió a desacelerarse o a caer. Entonces, como en los ´80, el salario empezó a evolucionar peor y a perder poder adquisitivo frente a la suba de los precios. Por ello, no extraña que, desde fines de 2011, la proporción de gente que siente que está peor que antes haya tendido a incrementarse.
Un factor adicional que se sumó al impacto del impuesto inflacionario fue la pobre actualización del mínimo no imponible y descuentos del Impuesto a las Ganancias y de las escalas del Monotributo. En un marco de altísima suba de precios, aún aquellos afortunados que tenían la suerte de empardarlo con el incremento de sus ingresos, se encontraban con que, al pagar los impuestos, terminaban teniendo cada vez menos poder adquisitivo, debido al aumento de la presión tributaria.
Llamó la atención que el Poder Ejecutivo manifestara que para poder bajar la imposición sobre los salarios debían incrementarse otros tributos o crearse nuevos. La realidad es que el gasto público primario lleva 7 años aumentando a tasas de más del 30% y que la presión tributaria está en niveles récord, superando el 40% del PBI; lo cual es insostenible. Por lo tanto, dado que no toda la pérdida de recursos fue cubierta con el nuevo gravamen a las transacciones y dividendos de acciones que no coticen en bolsa, es esperable que el faltante implique una mayor austeridad en el aumento del gasto público y no un aumento del impuesto inflacionario.
Sin embargo, falta darle una solución definitiva a los problemas. Con los actuales porcentajes de subas de precios, que incentivan las actualizaciones de ingresos, volverá a incrementarse la proporción de trabajadores gravados y la presión tributaria sobre ellos.
Cabe recordar que solamente el Congreso puede aumentar los impuestos y, acá, lo termina haciendo el Poder Ejecutivo por el artilugio de no tener en cuenta la inflación. Hay algunas propuestas, incluso desde el oficialismo, que proponen un sistema de actualización bianual (como el de las jubilaciones) del mínimo no imponible de Ganancias (al que deberían añadir las escalas del Monotributo) y con una fórmula relacionada con el aumento de salarios (Indec) y de los ingresos de la AFIP. Sin embargo, esta ecuación de actualización aumentará la presión tributaria sobre el asalariado cuando al país le esté yendo peor y sus salarios no evolucionen bien. Para que esto no suceda, debería utilizarse el índice de inflación. De esa forma, alguien cuyo ingreso aumente lo mismo que los precios no verá variar su poder adquisitivo ni el nivel de imposición. Si su salario sube más que la inflación, entonces su nivel de riqueza habría aumentado y, por ende, tendría un mayor gravamen. Aunque lo importante es que si, en un mal contexto económico local, los sueldos evolucionan por debajo de la inflación, la presión tributaria sobre esos ingresos bajaría, moderando el impacto negativo sobre el bienestar del trabajador.
Bien, todo resuelto, sino fuera porque el INDEC subestima el IPC y, por ende, no hay forma de tener un índice de precios confiable para hacer esta actualización. Igual debería sancionarse la ley de movilidad de escalas y mínimos no imponibles; aunque previendo reordenar el INDEC para tener un índice creíble. Además, a partir de ese momento, los sindicatos (y todos los argentinos) tendremos un motivo importante para reclamar que se baje la inflación y que los indicadores oficiales reflejen la realidad.
Por último, según la Constitución Nacional, el Congreso es quien debe fijar el valor de la moneda. Si se instrumentara, por ley, un sistema de metas de inflación, se estaría cumpliendo ese mandato; ya que es la otra cara del poder adquisitivo del peso. Además, como comentáramos, la Carta Magna ordena que tiene que ser el Parlamento el que determine los impuestos y, de esta forma, los legisladores estarían fijando el rango de tasa del impuesto inflacionario que afectará nuestros ingresos, dándole luego al Banco Central total independencia de uso de instrumentos para lograr esos objetivos. Por supuesto, de nuevo caemos en el problema del IPC del INDEC; por lo que recomendaríamos que este organismo fuera autárquico y el nombramiento y remoción de sus autoridades dependiera del Legislativo. Como vemos, un esquema de objetivos de inflación no es un cepo a los salarios, sino una forma de evitar que el gobierno les siga metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores.
De esta forma, con un sistema de actualización del tributo a las Ganancias y las escalas del Monotributo, más un esquema de metas de inflación se pondría los ingresos de los trabajadores bajo resguardo de la voracidad de los gobiernos que tratan de exprimir a los contribuyentes para mantener excesos de gasto público.
*PUBLICADO EN ÁMBITO FINANCIERO, JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2013
