Miembro del Consejo Académico, Libertad y Progreso
Raúl Castro ha iniciado el 2014 con otro discurso lamentable. ¿Por qué el general repite una sarta de tonterías ideológicas en las que ya nadie cree, ni siquiera él mismo? No es fácil saberlo. Raúl, aparentemente, permanece sujeto a la autoridad intelectual y moral de su hermano, pero, a estas alturas, él, la nomenclatura, y casi todo el país, dan por sentado que el Comandante es el principal causante de la catástrofe económica que padecen los cubanos.
¿Cómo lo sabemos? Basta ver y escuchar pacientemente la charla que Juan Triana Cordoví, profesor de economía de la Universidad de la Habana, le da a la plana mayor de la policía política con el objeto de defender y explicar las reformas de Raúl Castro. Se trata de una persona del régimen aleccionando a sus compañeros con total autoridad. (Para facilitar la búsqueda hallarán un enlace a YouTube en www.elblogdemontaner.com).
Pese a su discurso, Raúl está convencido de que el marxismo y su secuela colectivista han fracasado. Acepta que el igualitarismo es contraproducente, y admite, además, que el régimen se dedicó durante décadas a imponer prohibiciones absurdas que han convertido la vida de los cubanos en un infierno.
Naturalmente, nada de esto quiere decir que va a aceptar reformas políticas. El marxismo podrá ser un disparate, pero el estalinismo le es muy útil para gobernar.
Intentará, eso sí, corregir los desastres económicos producidos por su hermano porque cree que de ello depende la supervivencia del régimen. ¿Cómo? Primero, ha eliminado algunas prohibiciones innecesarias. La dictadura puede admitir la tenencia de teléfonos móviles, la compraventa de casas y autos, la salida y regreso de los disidentes o a la contratación privada en el exterior de algunos atletas. Nada de eso pone en peligro al gobierno y alegra a las masas.
También se propone crear un tenue espacio económico lateral –el cuentapropismo, esa ridícula palabreja– para que la sociedad civil desarrolle pequeñas empresas privadas, casi todas de servicio, que le den trabajo a más de millón y medio de personas que abandonarían paulatinamente las abultadas nóminas del Estado, producirían algunos alimentos y aliviarían la miserable vida de los cubanos.
Pero eso no es lo importante. La esencia de la reforma es otra: el Estado, dirigido por militares, se reservará el control y disfrute de unas 2 500 empresas medianas y grandes que forman el corazón del aparato productivo del país. Esa es la parte del león.
Es en este espacio económico, dicen los raulistas pomposamente, donde se juega el destino de la revolución. Raúl ha invertido el principio de subsidiaridad: la sociedad civil se ocupará de todo aquello que el Estado no pueda abarcar.
Un perfecto disparate. ¿Cómo van a lograr hacer eficientes las empresas estatales al punto de que generen beneficios permanentemente? La fantasía más recurrente de Raúl, un militar convencido de la utilidad de los refuerzos negativos, consiste en suponer que, mediante controles, auditorías, castigos y amenazas, todo ello supervisado por su hijo Alejandro, duro coronel de los servicios de inteligencia, conseguirá el milagro.
Tonterías. ¿Cuánto tardarán Raúl Castro y los raulistas en comprender que el Estado es un pésimo gestor de todas las empresas, las pequeñas y las grandes? ¿Cuándo entenderán que los objetivos y modus operandi de las empresas realmente eficientes son totalmente diferentes a los de los Estados?
¿Por qué cree Raúl que todas las empresas públicas, en todas las latitudes, suelen acabar siendo focos de corrupción, con plantillas sobredimensionadas, atrasadas tecnológicamente e improductivas? ¿Cuándo admitirán que el sistema comunista no es reformable, como confirmó Gorbachov en los años noventa? ¿O todo lo que desean es morirse mandando y los que vengan detrás que desmonten el error y el horror? ¿Es terquedad, cobardía, convicción, irresponsabilidad o todo eso junto?
Elija usted, perplejo lector.
—————————–
Las opiniones vertidas en esta nota son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la opinión de la Fundación Libertad y Progreso.
