Doctor en Economia y Doctor en Ciencias de Dirección, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias.
A raíz de horribles acontecimientos en nuestro medio que son del dominio público, se ha sostenido que ocurren porque el aparato estatal está ausente. Conviene detenerse a comentar distintas facetas de esa conclusión puesto que puede prestarse a confusiones varias.
En esta instancia del proceso evolutivo, si rastreamos la tradición constitucionalista observaremos que desde la Carta Magna de 1215 se apuntó a que el monopolio de la fuerza que denominamos gobierno se ocupara de garantizar los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad de los mandantes, es decir, los gobernados. Esta tradición fue reforzada por autores tales como Locke y Montesquieu y aplicada en países como Estados Unidos y Argentina con extraordinario éxito, especialmente para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados.
Mucho más tarde comenzaron graves desvíos de los valores y principios señalados permitiendo que el Leviatán se engrosara a niveles inauditos, y para financiar los consecuentes gastos públicos astronómicos se recurrió a presiones impositivas insoportables, a crecimientos exponenciales de endeudamientos estatales y regulaciones asfixiantes, cuando no a robos legales que solemos llamar inflación.
En este contexto, no queda nada fuera de la intromisión gubernamental ni espacio para lo privado. Las vidas y haciendas de quienes teóricamente delegaron en los tres poderes para que los proteja, son atacados y perseguidos por ellos en sistemas que han mutado de la democracia a la cleptocracia, es decir, en dictaduras electas, lo cual, en el extremo del espanto, comenzó en el siglo pasado con Hitler.
Natural y necesariamente en medio de esta desafortunada secuencia, se abandonan las funciones esenciales de Justicia y la correspondiente seguridad. En otros términos, el gobierno está presente de un modo avasallador en lo que no le corresponde y está ausente de manera pavorosa en el cumplimiento de sus deberes centrales. Y la explicación de esto estriba en que el desbocado avance estatal inexorablemente significa la desarticulación del andamiaje jurídico y sería una flagrante contradicción defender lo que simultáneamente se está lesionando, todo ello con las consecuencias malsanas y perversas que están a la vista.
Por esto es que se hace indispensable retomar las bases y los fundamentos del respeto recíproco y abandonar el estatismo rampante que amplía las desgracias humanas y extiende la pobreza. Mientras los gobernantes jueguen a ser los dueños del país nos alejaremos de las metas que toda persona de bien persigue.
El origen del problema reside en la arrogancia de quienes no son capaces de comprender que la competencia y los mercados abiertos constituyen un antídoto para el abuso y un fuerte incentivo para verse obligados a atender del mejor modo posible a los consumidores a riesgo de perder patrimonios de quienes gestionan mal su negocio, al tiempo que el sistema se deshace de quienes aparecen como empresarios pero que son miserables explotadores de la gente vía los privilegios, mercados cautivos y protecciones legales, es decir, usurpadores encubiertos.
Esta es la diferencia sustancial entre Corea del Norte y Corea del Sur o la que explicaba la de Alemania Oriental y Occidental antes del derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín. Es de desear que en nuestro medio, con la idea de revertir la situación, dejemos de proponer retoques monetarios y fiscales insignificantes para sugerir medidas de fondo y no producir sacrificios inútiles que preparan el camino a la reincidencia en la manía estatista tal como ha venido ocurriendo durante largas décadas.
