Doctor en Economia y Doctor en Ciencias de Dirección, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias.
La prosperidad de los pueblos se basa en el respeto recíproco, lo cual significa que los aparatos de la fuerza que denominamos gobiernos garantizan y protegen los derechos de todos. Tal como rezan los documentos centrales en la materia, se trata de la protección a la vida, la libertad y la propiedad.
Sin embargo, los gobiernos que renuncian a esas funciones primordiales se embarcan en todo tipo de aventuras estatistas básicamente bajo el supuesto que los burócratas saben más que los propios interesados por lo que aquellos la emprenden para succionar el fruto del trabajo ajeno. Así irrumpen las mal llamadas empresas estatales confundiendo la soberanía del individuo con la “soberanía” de una cosa. La actividad empresaria no es un simulacro o un pasatiempo: o se arriesgan recursos propios o se impone un ente político que usa y abusa de lo que es de otros, lo cual indefectiblemente significa asignar mal los siempre escasos recursos respecto de lo que hubieran hecho libremente los propietarios.
También la arrogancia de funcionarios pretende reemplazar precios por números que naturalmente no sirven como indicadores de las estructuras valorativas de las partes contratantes ni para evaluar proyectos. Como las alarmantes presiones impositivas y el colosal endeudamiento interno no alcanzan para financiar el elefantiásico gasto público, se lanzan a falsificar moneda, lo cual perjudica muy especialmente a los más necesitados. Y con la intención de disimular fracasos se embarcan en subsidios que a poco andar deben eliminar de modo abrupto para poder pagar las cuentas más urgentes.
En este contexto, si se recibieran créditos externos por medio de organismos internacionales o si aparecieran nuevas e inesperadas fuentes de producción, la situación empeorará puesto que constituyen nuevos estímulos para acentuar las políticas de avasallamiento a los derechos de las personas.
Por esto es que en ésta línea argumental, las miradas debieran fijarse en países como Japón que es un cascote donde solo el veinte por ciento es habitable y alejar las miradas de África donde, salvo alguna excepción, la pobreza es superlativa en un continente que cuenta con los más abundantes recursos naturales del planeta.
Por lo dicho es que ilustramos el tema del modo en que lo hicimos en el título de esta nota, fenómeno que se viene repitiendo en medio de reiterados ajustes y devaluaciones que no corrigen el problema de fondo, a saber, la eliminación de funciones incompatibles con un gobierno republicano. En una sociedad abierta, nuevas posibilidades constituyen siempre una buena noticia ya que los mercados operarán en competencia para elevar las condiciones de vida de los habitantes. En cambio, en medio del estatismo (de este o de cualquier otro gobierno), ocurre lo contrario: las garras estatales se aprestan a acentuar sus dislates, dilapidaciones, arbitrariedades, intentos de demoler la Justicia, contar con medios de comunicación adictos e irregularidades de toda laya.
En el caso argentino es muy recomendable tener presente lo consignado por el padre intelectual de nuestra Constitución fundadora. Así, Alberdi en su libro más conocido escribió que “La propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal…Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública…Así la Constitución Argentina, en vez de inventar despóticamente reglas y principios de distribución para las riquezas, las ha tomado de las leyes naturales que gobiernan este fenómeno”.
