INFOBAE.- El proyecto de ley de abastecimiento llamado “Nueva Regulación de las relaciones de producción y consumo” es una muestra más de la petulancia de los gobernantes.
Según el proyecto el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comercio, podrá:
Regir la compraventa, permuta, locación de cosas muebles, obras, y servicios – materias primas directas o indirectas y sus insumos – que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento así como otro bien o servicio que satisfaga necesidades básicas orientadas al bienestar de la población. (art 1)
Podrá a su vez, establecer márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios.
Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción. Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios como así en la fabricación de determinados productos, dentro de “niveles o cuotas mínimas”. Acordar subsidios, Requerir toda documentación, Exigir presentación de libros, documentos, papeles, y todo elemento relativo a la administración, realizar pericias, Proceder al secuestro de información y documentación, Crear registros y libros especiales, establecer licencias comerciales (Art2)
Además, el proyecto autoriza a los gobernadores a fijar precios máximos en sus jurisdicciones. Si fuera mayor al precio nacional deben pedir permiso a la secretaría de comercio. (art 3)
Todo con la intención de castigar acciones privadas tales como (Art 4): Elevar artificialmente los precios no acorde a costos y obtener ganancias abusivas, revaluar existencias, (salvo autorización), acaparar materias primas o productos. Formaren existencias superiores a las necesarias, Intermediar o permitir intermediar innecesariamente, destruir mercaderías o bienes, Negar o restringir injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios. O que no la incrementaren habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación a ello. , Desviar o discontinuar el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada, No tuvieren para su venta o discontinuasen la producción de bienes o servicios con precios máximos y mínimos, márgenes de utilidad fijados.
Esta ley stalinista parte de errores conceptuales básicos, impropios de una persona que al menos respete la más elemental operatoria comercial. Con haber atendido un mostrador de un quiosco durante unos meses alcanza para comprender que el articulado es delirante, irreal y altamente peligroso.
Los errores conceptuales básicos son los siguientes.
- El proyecto considera que la información del mercado se puede captar, agrupar, decodificar y comprender.
- Supone además que el Estado puede hacer esa tarea.
- Supone además que el Estado, una vez con toda esa información, puede lograr los cálculos económicos pertintentes para saber cuánto producir, cómo, cual es el costo, cuales los precios de venta.
- Supone que pudiendo hacer todo eso, el Estado es inmaculado, e incorruptible
- Supone en definitiva que con una planilla Excell y un fusil se puede reemplazar al mecanismo de precios del mercado.
La realidad es que la información de los proceso de mercado no se puede agrupar, ni concentrar toda junta. El mercado es ante todo un proceso de descubrimiento. Todos los agentes, empresas, trabajadores, profesionales, etc tienen “un poco de información”.
Es impensable e inviable que un secretario de comercio pueda obtener todos esos pedacitos de información.
Por ello es impensable la planificación. No hay planificación sin multas ni machetes policiales. Las experiencias fracasadas de controlar los precios por parte del nazismo, el comunismo y los gobiernos militares así lo indican.
Los precios son incontrolables en el sentido de que no dependen de una “junta de planificación” o “secretaría iluminada”. No es fácticamente posible conocer todos los costos y todos los precios. El proyecto complementario a la Ley de Abastecimiento que crea el “Observatorio” es otro disparate.
Lo que es controlable es la inflación pero por una vía distinta la política monetaria sana y racional.
Pretender establecer lo que dice el articulado sobre controlar utilidades, precios, suministros y cantidades no supone solo que el Ejecutivo está jugando al empresario sino que está jugando a ser todos los empresarios a la vez.
El proyecto presupone que los funcionarios pueden hacer mejor las cosas que el empresario. Si así fuera los invito a ser empresarios con su propio dinero y no mediante empresas públicas con todos los privilegios estatales.
De hecho, si el funcionario puede fijar precios, cantidades, márgenes, líneas de producción equivale a manejar directamente la empresa. Sin embargo no es imaginable ver al mismo funcionario respetando esos parámetros oficiales pagando los mismos sueldos, los mismos costos, los mismos impuestos que las empresas.
El articulado implica una elevada subjetividad por parte de la autoridad de aplicación. En ningún párrafo se aclara qué significa “elevado margen de utilidad”, ni “nivel de existencias elevado”, ni “grado de intermediación deseable”. Ante tal ambigüedad el poder arbitrario se magnifica. Tal poder arbitrario deriva necesariamente en la corrupción. La ley de abastecimiento generará más corrupción.
El mejor mecanismo para eliminar la inflación es la competencia en un contexto de estabilidad macroeconómica, política monetaria sana y apertura económica.
Un funcionario controlando precios no es otra cosa que un petulante al borde de la corrupción intentando una quimera. Todo a costa del bienestar de los argentinos.
El proyecto de ley de abastecimiento generará
- Menores inversiones y por tanto menor nivel de empleo
- Creciente desabastecimiento
- Elevados niveles de evasión y corrupción administrativa
- Cierre de empresas y menor incentivo a la inversión externa en Argentina.
- Lejos de favorecer a los consumidores esta ley los convertirá en mendigantes frente a góndolas vacías.
