Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
La realidad educativa de nuestro país tiene múltiples causas. Un chico con hambre no puede estudiar. Una niña que jamás vio trabajar a su padre, ¿cómo puede entender el concepto de la cultura del esfuerzo? Un adolescente que escucha a su madre insultar a los profesores por aplazarlo, ¿qué mensaje puede recibir?
Más aún, si en cualquier actividad el bien o servicio generado es sistemáticamente defectuoso lo primero que me preguntaría es si aquellos que lo producen están calificados para hacerlo o si es necesario corregir su formación. ¿Por qué no en este caso? Los maestros importan y mucho. Pero no lo trataré en esta nota pues creo que hay consenso al respecto. Prefiero dedicarla a proponer una política pública claramente más controversial,
la cual significaría una verdadera revolución educativa.
¿En qué consiste establecer un sistema de vouchers educativos y por qué habría de mejorar la educación, tanto pública como privada? En su libro Capitalismo y Libertad, Milton Friedman, quien lo propuso hace 60 años, lo define con claridad: “El sistema que tendría más justificación sería una combinación de escuelas públicas y privadas. Los padres que decidieran llevar a sus hijos a colegios particulares recibirían del Estado una cantidad igual a la que se calcule como costo de educar a un niño en la escuela pública”, agregando más adelante: “otra ventaja de este sistema es que aumentaría la competencia, de esta forma se fomentaría el desarrollo y la mejora de todas las escuelas”.
Así, el Estado establecería los estándares de enseñanza requeridos para que una escuela califique para el programa y funcionaría como organismo de contralor frente al que cada escuela presentaría sus vouchers para obtener, a cambio, el subsidio correspondiente.
La idea, como toda buena idea, es simple: el Estado seguiría subsidiando a la educación, pero los recursos no se asignarían a la oferta de la misma -las escuelas- sino a la demanda -los padres de los alumnos-. La diferencia no es menor. Un sistema de vouchers cambiaría la relación entre los padres y las escuelas. Al poder elegir a qué escuela enviar a sus hijos, los padres comenzarían a percibirlas como proveedoras de un servicio, la educación, y estarían en una mejor posición para demandar la excelencia del mismo. La competencia necesariamente elevaría el nivel de las escuelas, tanto públicas como privadas.
En Chile el voucher se instauró en 1980. Se mantuvo, con diversas modificaciones, durante los gobiernos de la Concertación y de Sebastián Piñera pero, a dos semanas de haber iniciado su segundo mandato, Michelle Bachelet comenzó a recorrer el camino para eliminarlo enviando al Congreso una reforma educativa.
En abril de 2014 Claudio Sapelli, Director del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, publicó una interesante nota en la que postulaba que “algo está mal en el análisis cuando un país que va ganando terreno en la educación, como Chile, pretende adoptar el sistema del país que lo está perdiendo, Uruguay”.
Al poder elegir a qué escuela enviar a sus hijos, los padres comenzarían a percibirlas como proveedoras de un servicio, la educación, y estarían en una mejor posición para demandar la excelencia del mismo.
Al fin y al cabo, hace 30 años quién hubiese pensado que hoy el sistema educativo chileno, con todos sus problemas y defectos, se convertiría en el mejor de América Latina, tanto en términos de calidad, como lo demuestran los resultados alcanzados en los exámenes PISA, como de cantidad, al tener las más altastasas de graduación de la escuela secundaria entre los países de la región. Es claro que en Chile algo se debe haber hecho bien para convertirse, como bien señala Sapelli, en el segundo país del mundo que en los últimos años registró un mayor progreso en términos de calidad educativa.
Uruguay es un país considerablemente más equitativo que Chile, si es a la distribución del ingreso a lo que nos referimos. Pero he aquí lo que muy pocas veces es reconocido: el sistema educativo chileno es claramente más equitativo que el uruguayo pues logra revertir una foto de mayor esigualdad en los ingresos de los padres en otra de menor desigualdad en la educación de sus hijos, evaluándola en función de los resultados de los exámenes PISA.
Aparentemente resulta fácil de olvidar que Chile ha sido uno de los pocos países de la región que en los últimos 20 años ha logrado reducir la brecha educativa entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la población.
Es claro que la sola mención del voucher educativo es tabú, a pesar que aseguraría la igualdad de oportunidades al permitir que todas las familias pudiesen elegir entre escuelas públicas y privadas, independientemente de sus posibilidades económicas.
El sistema no atentaría contra la educación pública sino todo lo contrario. Ninguna familia estaría obligada a dejar de enviar a sus hijos a una institución pública; de hacerlo es porque opina que la alternativa privada elegida provee mejores servicios educativos, o una formación más adecuada para las necesidades, gustos o aptitudes de sus hijos.
Nadie podría estar peor por tener la posibilidad de elegir. Todo padre que desease optar por una educación distinta para sus hijos, a la que hoy no tiene acceso por sus restriccioneseconómicas, podría hacerlo y quien prefiriese que concurriesen a la escuela pública a la que asisten actualmente también podría hacerlo.
Sin embargo la totalidad de la clase polí tica, independientemente de representar al oficialismo o a la oposición, no considera siquiera analizar el tema, defendiendo la educación pública a rajatabla. Por cierto, en 1975 en el New York Times Magazine, Milton Friedman expresaba: “Yo culpo a las personas bien intencionadas que envían sus hijos a escuelas privadas e imparten cátedra a las ‘clases inferiores’ sobre la responsabilidad de enviar sus niños a escuelas estatales en defensa de la educación pública”. ¿No parece una adecuada descripción de nuestra realidad?
Es claro que esta clase de propuesta parte del supuesto que los padres se encuentran calificados para decidir qué es lo mejor para sus hijos. Una hipótesis cuestionable cuando muchos de ellos no han cumplimentado su propia educación y subsisten en base a planes sociales. Por ello será de utilidad cerrar esta nota ilustrando lo erróneo de este preconcepto.
Nueva York, 1996: un grupo de filántroposcrearon la New York Scholarships Foundation, la cual ofreció vouchers educacionales a 1,000 familias de bajos ingresos, pudiendo elegir entre cientos de escuelas privadas, religiosas o laicas. El interés fue masivo, los padres no desaprovecharon la oportunidad: más de 20,000 se inscribieron en una lotería para acceder a ellos. ¿El impacto? Notable, incrementándose un 31% el número de afroamericanos que accedieron a la universidad.
Montevideo, 2003: en Casavalle, uno de los barrios más pobres de la ciudad, abrió sus puertas el Liceo Jubilar, escuela privada, religiosa y gratuita, financiada mediante donaciones. Hoy sus primeros egresados están en la Universidad; 92 residentes de Casavalle asistieron en 2012 a la Universidad de la Repú-blica, el 1% de los estudiantes de Montevideo.
La foto se repite una y otra vez; en 2013 comenzó a funcionar en el mismo barrio el Liceo Impulso, similar a Jubilar pero laico. Sus primeros 100 alumnos fueron sorteados entre 377 interesados. ¿El resultado? Para fin de año la deserción había sido nula al igual que la repetición. El horario de clase es extenso, lunes a viernes de 8 a 18 h. y los sábados de 9 a 13 h.. Es más, se dictan clases durante gran parte del verano. Es claro que las exigencias son altas, no existen excusas; sin embargo, los padres de 530 niños, sobre una población potencial de 1.215, los postularon para integrar la segunda promoción que dio comienzo en 2014. Casi el 50% de la población objetivo.
“Yo culpo a las personas bien intencionadas que envían sus hijos a escuelas privadas e imparten cátedra a las ‘clases inferiores’ sobre la responsabilidad de enviar sus niños a escuelas estatales en defensa de la educación pública”.
Milton Friedman
En nuestro país la pobreza del conurbano bonaerense nos provee otra nítida ilustración. La caída en la primaria estatal alcanzó en 2013 el 11%. ¿Por qué? Probablemente por decisiones de padres en búsqueda de un mejor futuro para sus hijos, ya sea sacrificándose para acceder a escuelas de gestión privada o cruzando la General Paz. Ello es consistente con la migración hacia escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales, reporta
Silvia Montoya, ex Directora de Evaluación de la Calidad Educativa de la CABA, reciben en promedio un 10% de sus estudiantes de la Provincia, alcanzando el 29% en la comuna 12 lindera al conurbano. Los ejemplos son claros, en cada uno de ellos familias muy humildes toman decisiones en pos de una mejor educación para sus hijos.
¿Qué excusa hay entonces para cercenarles a los padres el poder de decidir qué tipo de escuela es la más adecuada para sus hijos? ¿Qué excusa hay para dejar en manos de burócratas una decisión que debería competir tan sólo a las familias, independientemente de sus posibilidades económicas? A mi entender, ninguna.
La presente nota ha sido elaborada en base a mi conferencia en la 3era Reunión Anual del Alumni Club de la Universidad de Chicago en Argentina, diciembre 20141.
Fuente: Revista UCEMA
