LA NACION.- El desplazamiento hacia el dólar de las tenencias en pesos continúa intensificándose a pesar de las medidas aplicadas por el gobierno para evitarlo. Por un lado se intenta atemorizar mediante operativos en la zona céntrica contra las “cuevas” y financieras que operan en el mercado informal. Estos procedimientos se han demostrado nada efectivos y en todo caso lo que logran es ampliar la distancia entre las cotizaciones de compra y venta.
Sin embargo, la propensión innata del Gobierno a actuar mediante métodos persecutorios y atemorizantes se puso en evidencia con la creación de una división especial en la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SI y a su vez ex SIDE), dedicada a descubrir maniobras financieras que puedan ocasionar corridas cambiarias o bancarias y “golpes de mercado”. Este intento tampoco será efectivo para el fin declarado, pero abre otro espacio amplio para la arbitrariedad, el abuso y la corrupción.
Cuando ocurran las corridas como consecuencia de las distorsiones y desequilibrios creados por el propio Gobierno, éste alegará conspiraciones descubiertas por sus espías. Alguna conversación telefónica comentando los problemas de la economía podrá costarle a más de uno aparecer en los titulares de los diarios y soportar un proceso. La ley de inteligencia que ampara el funcionamiento de la AFI permite al Ministerio Público Fiscal realizar escuchas a bancos, empresas y particulares previa autorización judicial. Debe recordarse el color kirchnerista de su titular, Alejandra Gils Carbó, y la abundante presencia de adherentes a Justicia Legítima y La Cámpora en esos estamentos judiciales.
El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, declaró públicamente que utilizaría la AFI para “prevenir y fiscalizar maniobras financieras”. En esta línea inició una acción judicial contra el Banco BBVA Francés y un particular por la compra de divisas con el procedimiento denominado “contado con liquidación” o, en la jerga financiera, “contado con liqui”. La Procelac recibió un rechazo para su denuncia en primera y segunda instancia. Finalmente, la Corte Suprema desestimó de plano el recurso de queja por considerarlo inaceptable. De esta manera quedó claramente establecido que la operación “contado con liqui” es legal. La pretendida nueva vuelta de tuerca al cepo cambiario quedó así desbaratada.
El titular de la AFI, Oscar Parrilli, se esforzó en tratar de disipar los temores que ha generado la ampliación de los cometidos en el área económico-financiera de la agencia que preside. Sin embargo, no lo ha logrado. Sus declaraciones de que sus espías no saldrán a perseguir cambistas en la calle acentuaron la incertidumbre y quedaron de hecho desdibujadas por los dichos y los intentos judiciales del titular de la Procelac.
La intensificación de las operaciones de cambio, ya sean legales o informales, genera una amenaza sobre la relativa tranquilidad que se venía observando en ese mercado. La abundante venta de dólar ahorro o la emisión de títulos en dólares no está logrando disminuir la presión sobre el dólar blue o informal. La ampliación de la brecha cambiaria genera impulsos inflacionarios y autoalimenta el deseo de transformar pesos en dólares. En épocas electorales, constituye un episodio muy temido por el Gobierno y por sus candidatos. Es de desear que no se pierda la calma y que, en lugar de apelar a más controles, espionajes y persecuciones, se comience a transitar el camino de políticas correctas y racionales que intenten resolver los problemas o que al menos no los agraven.
