Economista especializado en Desarrollo Económico, Marketing Estratégico y Mercados Internacionales. Profesor en la Universidad de Belgrano. Miembro de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y Miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
La gestión que gobernó Argentina por 12 años acumuló más de 1.000 causas penales en las que aparecen mencionados 164 de sus funcionarios
Varios funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner, que pensaban tomarse un descanso, probablemente tengan que revisar sus planes. Lejos de unas vacaciones en la playa, durante los próximos meses seguramente desfilarán por los pasillos de los tribunales algunas de las figuras más reconocidas de la era kirchnerista para dar explicaciones en las más de 1000 causas por corrupción en las que se les menciona.
La expresidenta Kirchner y el ex vicepresidente Amado Boudou sólo encabezan una larga nómina de 164 funcionarios.
Quizás el más complicado sea precisamente el ex vicepresidente Boudou, que cuenta con un variopinto catálogo de causas judiciales; muchas de ellas muy avanzadas. Van desde la falsificación de datos del documento de identidad y malversación de fondos públicos, hasta la participación en la compra fraudulenta de la imprenta contratada para imprimir billetes de pesos argentinos.+
La riqueza de la expresidenta Kirchner será otra de las causas que vuelva a circular por tribunales. Ahora, más lejos de poder influir en la Justicia, deberá explicar cómo multiplicó por 32 su patrimonio y supuestas omisiones en su declaración jurada. La exmandataria, y su familia, también está siendo investigada por el lavado de dinero a través de la sociedad Hotesur, propiedad de la familia Kirchner. Según una reciente denuncia, la familia que gobernó Argentina durante 12 años utilizaba la sociedad para blanquear fondos de origen ilícito.+
Según el Índice de Perecepción de la Corrupción de Transparency International, Argentina se ubica 107 entre 185 países. La organización con sede en Berlín sugiere que las instituciones anticorrupción del país deben ser investidas con “un mandato más robusto sobre los funcionarios que investiga”, además llama al Gobierno a proveer “una correcta y activa aplicación de la ley para disuadir la impunidad”, y garantizar “un sistema judicial libre de influencia”.
La titular de la Oficina de Anticorrupción (OA) de Argentina, Laura Alonso, encabezará el organismo dedicado investigar y perseguir casos de corrupción en el Gobierno nacional. La funcionaria deberá reactivar un organismo que debía prevenir e investigar actos de corrupción, pero que en cambio colaboraba con los funcionarios, que estaban bajo su vigilancia, a falsificar sus declaraciones juradas, según una denuncia del ex fiscal anticorrupción y diputado nacional Manuel Garrido.
La falta de un Poder Judicial independiente y la débil aplicación de la ley no son las únicas condiciones propicias para la corrupción. En un video difundido el año pasado, la Fundación Libertad y Progreso destacó la existencia de “corrupción inducida”, “leyes son oscuras… se contradicen, y además mutan y se multiplican desordenadamente dejando un amplio margen de decisión a los funcionarios de turno”. Además de las onerosas regulaciones y la excesiva burocracia, destacan la inexistencia de leyes que recompensen a quienes brindan información sobre hechos de corrupción y beneficios para los acusados de corrupción que delaten a sus cómplices.
Para el director general de Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, la corrupción dificulta el desarrollo de actividades lícitas y facilita las ilícitas, además de permitir “la instalación de mafias” y causar un aumento en la inseguridad. En cuanto a las consecuencias económicas, menciona una reducción de las “inversiones externas”.
Ezequiel Spector, doctor en Derecho y profesor en la Universidad Torcuato di Tella, apunta a una cuestión de “incentivos”. “Cuanto menos fondos públicos maneje el Estado, y más se dedique a las funciones básicas, menos corrupción va a haber.”, afirmó.
