Subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.
Finalmente, luego de cuatro años de férreo control de cambios, el nuevo gobierno decidió terminar con el cepo de un día para el otro.
Si bien el nuevo dólar del mercado unificado mostró una tendencia a la baja en los primeros días de libre cotización, lo cierto es que luego de la unificación, el tipo de cambio se ubicó mucho más cerca de aquél que prevalecía en el mercado paralelo que de aquél que el gobierno buscaba imponer en el “mercado” oficial.
Si se lo compara contra el precio que la divisa tenía en el mercado “blue” antes de la salida del cepo, el dólar abrió solo 4% por debajo de ese valor, mientras que en la comparación con el “precio” que tenía en el mercado oficial, la diferencia fue de 42%.
A la luz de estos datos, queda claro que el mercado paralelo era largamente más representativo del verdadero precio del dólar que el mercado oficial.
En este marco, muchos llaman devaluación a lo que, en realidad, no fue más que reconocer la realidad. Igualmente, no fueron pocos los que acusaron a los grandes complejos agroexportadores de ser los beneficiarios directos de esta medida.
Recientemente se estimó en $ 60.000 anuales el ingreso adicional que recibirán solamente los exportadores de soja producto del reconocimiento del verdadero valor de la divisa. Ahora si bien la matemática puede ser cierta, lo cierto es que aquí se está contando solamente una parte de la película.
En términos sencillos, si el lector vende un producto al extranjero por USD 100, y el tipo de cambio pasa de 10 a 14, claramente recibirá un 40% más de pesos de los que recibía antes. Sin embargo, si por el producto que debería cobrar $ 14, arbitrariamente recibía $ 10, eso quiere decir que estuvo cobrando menos de lo que debería por todo el período de vigencia de esa situación.
Es que el control de cambios, al fijar un precio arbitrariamente bajo para la divisa norteamericana, constituyó un verdadero impuesto a todos los fabricantes de dólares. O sea, a todos los exportadores.
Así que teniendo en cuenta lo liquidado por exportaciones y la diferencia cambiaria, podemos estimar el valor total del impuesto cobrado a los exportadores de cereales y oleaginosas solamente. Si tomamos los montos en dólares que debieron liquidar en el mercado oficial desde enero de 2012, se obtiene un total de $ 676.000 millones. Sin embargo, si hubiesen recibido el verdadero valor del dólar (que suponemos en un 4% por debajo del blue de cada momento), entonces el resultado habría ascendido a $ 948.000 millones.
De la diferencia entre ambos montos se obtiene el suculento impuesto cobrado a los que venden en el extranjero soja y otros cereales: $ 320.000 millones. Si repetimos la estimación para todo el sector exportador, el monto asciende a $ 840.000 millones, un 17% del PBI.
Claro que este impuesto no lo cobra el estado de manera directa, sino que se destina automáticamente a todas las actividades subsidiadas por el “dólar barato”, entre las que se encuentra la importación (para el que podía conseguir el permiso), los consumos en el exterior, o el dólar ahorro, que regaló a la clase acomodada del país unos $ 35.000 millones.
Como puede observarse, un sistema como el que estaba instaurado era totalmente insostenible, ya que gravaba fuertemente la producción de dólares mientras subsidiaba sobremanera su consumo.
Por último, se trató siempre de un sistema injusto, ya que el estado decidió privilegiar unas actividades económicas por sobre otras, castigando arbitrariamente al sector cuyo único pecado fue producir y vender al extranjero.
La eliminación del cepo, cuando se mira la película completa, no es una transferencia de recursos de un sector a otro sino el restablecimiento de la normalidad y la justicia en la distribución de éstos. En definitiva, el que fabrica dólares tiene derecho de quedárselos, mientras que el que quiere consumirlos tiene el mismo derechos de hacerlo, pero pagando el precio que corresponde por ellos.
