Los anuncios de actualización de las tarifas de servicios públicos traerán grandes polémicas por su costo para los ciudadanos, pero es absurdo y demagógico mantener subsidios generalizados a los mismos, siendo que más de un 70% era destinado a quienes podían pagar lo que usaban. Además, la anterior gestión dejó un Banco Central casi quebrado y profundas distorsiones de precios relativos. La salida del cepo vino a resolver el primer punto y parte del segundo, también exigiendo un sacrificio a los argentinos, que pagarán más por sus compras en el súper. Es inevitable que así sea, pero el problema surge cuando algunos sectores pretenden transferirle al resto del país la porción del esfuerzo que a ellos les toca.
Éste es el caso de la actual discusión por la baja de los precios internacionales del petróleo. La anterior administración fijó reglas de juego absurdas para el sector que llevaron a una enorme caída de la inversión y la producción en un período en el que su cotización internacional llegó a multiplicarse por más de cuatro. Cuando los valores bajaron, y ante el desabastecimiento interno generado, no tuvieron mejor idea que poner precios mínimos al crudo local. No produjimos cuando éste valía mucho e incentivamos que se lo saque cuando vale poco; un negoción, ¿no?
A pesar de que se salió del cepo y se superó el problema del atraso cambiario, el nuevo Gobierno decidió mantener el piso del valor local del crudo, aunque con una rebaja, lo cual se calcula podría significar una transferencia de u$s 5.000 millones desde el bolsillo de los ciudadanos al sector de hidrocarburos. Lamentablemente, parece que con esto no alcanza, y las petroleras, gremios y el Gobierno de la provincia de Chubut pretenden conseguir otros u$s 500 millones de subsidios para mantener la exportación de petróleo del Golfo de San Jorge, inviable a los actuales precios internacionales.
No caben dudas de que, si no es rentable sacar el crudo, debería dejárselo donde está y no exportarlo a pérdida (para el bolsillo de los contribuyentes). Sin embargo, se argumenta que esto dejaría sin empleo a 5.000 trabajadores. O sea, mantener esos puestos les saldrá a los contribuyentes u$s 100.000 cada uno, equivalentes a un sueldo mensual de casi $ 120.000, otro absurdo. En todo caso, lo mejor sería negociar para que las empresas no los echen y los suspendan, y que el Estado subsidie ese costo, aclarando que se cae el beneficio si se negocian paritarias con aumentos de sueldos. Cabe aclarar que los trabajadores petroleros son, por lejos, los mejor pagos del país y no sería lógico que se cobraran aún más a costa del bolsillo del resto de los argentinos.
Incluso, el precio mínimo fijado para el crudo local debería renegociarse. En primer lugar, fijándoselo en pesos y que sea inamovible a partir de allí, para que se vaya licuando con el tiempo, con la suba del tipo de cambio. Esto permitiría que el sector se vaya acomodando lentamente a la nueva situación y no se incremente la factura que debe abonar el resto del país. Para determinar ese piso en moneda nacional en el mínimo posible debería negociarse con las otras partes para que los gremios no pidan aumentos de sueldos y las empresas también pongan algo de su parte para mantener el nivel de producción y empleo del sector.
Cabe aclarar que lo mejor sería que no hubiera privilegios. Nadie se preguntó cuál es el costo en empleos y producción que se paga por no tener combustibles más baratos, y la realidad es que es elevadísimo. ¿Cuántos productores del interior del país no podrán enviar su producción a los centros de consumo porque el flete es alto? ¿Cuántos transportistas se quedarán sin trabajo? ¿Cuántos otros no podrán vendernos porque no nos alcanza la plata porque nos sale artificialmente caro llenar el tanque? ¿Cuánto ahorraríamos en la generación de energía?
Otro absurdo es el Régimen de Tierra del Fuego. Por dicha protección, los argentinos pagamos entre dos y tres veces lo que valen los productos electrónicos en el exterior, por lo que la Argentina declina en términos de parque tecnológico, con el consecuente costo en competitividad y bienestar para todos. Es hora de que comprendamos que el Gobierno no está para asegurar ganancias, mantener empleos y salarios a costa del bolsillo de los argentinos. Si no, lo que quedará claro es que, en nuestro país, el que no llora no mama y el que no mama es un gil, que encima tendrá que poner la plata para que se empache el primero.
