Subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.
La resolución que incrementa el precio de referencia para las tarifas eléctricas es una medida más en un marco de desregulación de los precios de la economía argentina. Los resultados serán positivos no solo para las empresas, sino también para los consumidores.
La semana pasada, alrededor de 13 mil personas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se quedaron sin luz. La noticia no llegó a la tapa de los diarios porque los cortes en el suministro eléctrico se han vuelto una constante en la Argentina de los últimos años.
Los motivos detrás de esta pésima performance a la hora de suministrar electricidad a los hogares y las empresas deben encontrarse en la Ley de Emergencia Económica sancionada en enero del año 2002.
Dicha ley pesificó las tarifas de los subsidios públicos y prohibió a las compañías proveedoras su indexación o actualización por cualquier índice de precios. Lo que se buscó en su momento fue, por un lado, reducir el impacto de la devaluación en el costo de vida de los argentinos y, por el otro, estimular la competitividad de la economía, proveyéndole energía barata a la industria.
Coincidiendo con el diagnóstico de que la energía barata era un pilar para el desarrollo, y a pesar de gritar a los cuatro vientos que Argentina atravesaba la etapa de crecimiento más vigorosa de su historia, el kirchnerismo prorrogó, año tras año, la Ley de Emergencia Económica, logrando así mantener las tarifas congeladas.
En paralelo con este congelamiento, el gobierno de los Kirchner generó una demoledora inflación de casi 900%, haciendo que los precios congelados, paradójicamente, se derritieran en términos reales. La rentabilidad de las empresas se desplomó, y con ella, la inversión y la capacidad de producción. Finalmente, los usuarios, a quienes se quería beneficiar en primer lugar, terminaron pagando los platos rotos, sufriendo cortes de energía de manera sistemática.
Como suele decirse, “lo barato sale caro” y las pérdidas que los cortes le ocasionan a empresas y comercios ya más que compensaron los supuestos beneficios de los bajos precios de la electricidad.
En este marco, es un bienvenido cambio la modificación de los cuadros tarifarios anunciados por el Ministerio de Energía y Minería, que elevaría los costos eléctricos entre 200% y 300% al menos hasta el 30 de abril de este año. Si bien estas subas no compensan del todo las pérdidas de las empresas proveedoras, es un movimiento en la buena dirección.
Ahora en respuesta a la decisión oficial, varios se apresurarán a exclamar que se trata de un “tarifazo” o, como ya se ha escuchado, de “una transferencia de riqueza hacia el poder económico” en detrimento del resto de la población.
En realidad, no se trata de nada de eso. Los controles a las tarifas eléctricas, así como cualquier otro control de precios que se imponga en un mercado dado, constituyen un liso y llano robo al que produce (hágase este mediante un decreto, un “acuerdo”, o medidas como las retenciones o cupos a las exportaciones o el control de cambios).
Imagínese que un día llega el gobierno y le dice que, a partir del día siguiente, su salario (un precio más de la economía) no será de $ 10.000 sino que se reducirá a $ 7.000 debido a la nueva política de “acuerdo de precios”. En dicho caso, a todos les quedaría claro que el gobierno está quitándole arbitrariamente un dinero que corresponde al asalariado. ¿Por qué esto debería ser diferente con los controles a los precios de la carne, del trigo o de la leche chocolatada en la góndola del supermercado?
Por otra parte, si la receta para beneficiar a la población fuera la fijación de precios, entonces Venezuela sería un paraíso económico, y no el país donde los medicamentos escasean un 80%, el PBI se contrae un 10% y los precios se duplican año a año a pesar de los controles y la guerra que el gobierno libra contra los empresarios.
El cambio en las tarifas eléctricas es una decisión que debe enmarcarse en un necesario y urgente proceso de normalización de los precios de la economía argentina. Mantener el statu quo, como quedó demostrado, no solo no habría ayudado a la competitividad o a bajar la inflación, sino que habría agravado la escasez de energía, de dólares y de todos los demás bienes y servicios que estuvieron sometidos al arbitrario control del gobierno anterior.
