Emilio Apud es ingeniero industrial, director de YPF y ex Secretario de Energía y Minería de la Nación. Integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.
Lo que acaba de hacer el gobierno del presidente Macri constituye el fin de la convertibilidad tarifaria. Al igual que en 2001, cuando la convertibilidad cambiaria languidecía, nadie creía que un dólar valía un peso y todos nos hacíamos los distraídos, casi 15 años más tarde con las tarifas de luz, la historia se repetía. ¿Quién creía que dos meses de consumo eléctrico podía costar una cuarta parte de una entrada de cine o 3 litros de agua? Nadie. Sin embargo mirábamos para otro lado disimulando que en el interior pagaban 5 veces más y en Brasil hasta 10.
El gobierno kirchnerista, en vez de corregir esta distorsión que encierra arbitrariedad e injusticia social, que excede el ámbito energético y de la que es absoluto responsable, se entretenía informando en las facturas subsidiadas, con cierto morbo, la viveza de los porteños por pagar uno de los precios más bajos del mundo en el servicio eléctrico.
Ahora, cuando el actual gobierno ha decidido revertir una situación insostenible asumiendo los costos políticos que debería haber pagado la anterior administración, ya comienzan a escucharse voces airadas rechazando el “tarifazo”. No importa el cúmulo de evidencias de la anomalía tarifaria ni el reconocimiento de su irracionalidad, tampoco que en la mayoría de los casos ese aumento será de unos 180 pesos por dos meses de consumo. Esta actitud era esperable en los integrantes de la “resistencia K” al gobierno democrático de la coalición Cambiemos. Pero no es justificable tal reacción por parte del resto de la población, en particular de aquellos que habitan el área metropolitana y no califican para la tarifa social. Tampoco de aquellos analistas económicos que conocen las consecuencias de las tarifas subsidiadas que hacen que la sociedad termine pagando estos desaguisados con creces vía inflación, impuestos y calidad de servicio. Suenan las alarmas de traslados a precios exorbitantes cuando en realidad debido a la caída que habrá en los consumos individuales y a la sustitución de bienes y servicios para compensar la tarifa sincerada, como sucedía hace 13 años, ese efecto se verá amortiguado.
Los beneficios de una tarifa que refleje los costos de un buen servicio harán retornar las inversiones privadas al sector ya que es mucho menos riesgosa una tarifa sana pagada por el usuario con un sistema de actualización establecido por ley, que una subsidiada dependiente del humor del funcionario iluminado de turno. Una tarifa basada en costos reales y no en precios políticos, introducirá racionalidad en el consumo y pasará al olvido actitudes hipócritas de muchos argentinos entusiastas verbales del cuidado ambiental, de la Encíclica Papal “Laudato Si”, de la Cumbre de París, entre otros, pero que ante la permisiva señal de precios durante la última década, utilizaron dispendiosamente la energía haciendo gala de una escasa conciencia solidaria.
Hay que entender que los subsidios son mecanismos de ayuda o promoción que deben aplicarse excepcionalmente, durante un plazo mínimo indispensable y en dosis homeopáticas. Caso contrario generan adicción y amnesia entre “beneficiarios” y arbitrariedad y poder para quienes los otorgan.
Venimos de un proceso de subsidios de más de 12 años, cuantioso y discrecional y eliminar la adicción en la sociedad argentina requerirá de tiempo y sacrificio y la amnesia nos impide recordar que hace solo 13 años pagábamos por la luz lo que ahora nos asusta tanto pagar, que no había cortes y cuando los había duraban solo un par de horas, generábamos energía con un 20% menos de emisión de CO2, gas de efecto invernadero, y tanto Edenor como Edesur estaban obligadas por contrato a cumplir parámetros de calidad confiabilidad y cantidad, todo eso a cambio de una tarifa adecuada y consensuada.
Pero vino Néstor Kirchner y decidió en 2003 congelar in eternum las tarifas eléctricas en un proceso inflacionario creciente que incrementó los precios desde entonces 12 veces mientras que la tarifa solo 4. Por otra parte, esos cuantiosos e injustos subsidios no fueron suficientes para que las empresas invirtieran ya que cubrieron solo una parte de la diferencia. El resto lo pagamos nosotros padeciendo un servicio cada vez más deficiente.
Entonces, los resultados de la terapia aplicada por la nueva administración, el saneamiento tarifario, no se verán en lo inmediato. Es más, a poco de aplicarse podrán ocurrir algunas reacciones no deseables en la economía lo que conllevará no pocos costos políticos. Pero esa terapia era inevitable y no podía esperar so pena de un colapso de magnitud. En cuestión de meses comenzarán a notarse resultados económicos positivos como: caída de inflación y llegada de inversiones y en dos años llegarán las esperadas mejoras en el servicio con la reducción de los cortes a valores aceptables y con un consumo inteligente de la energía aportado por la incorporación de tecnología a las redes y por un uso más racional de la energía por parte de los usuarios.
