Subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.
Más allá de lo que digan Kicillof, Prat-Gay e incluso el Fondo Monetario Internacional, la reducción del gasto público no solo es buena para la eficiencia económica. Además, es necesaria para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables.
Últimamente me sucede que cuando leo a referentes de pensamientos que, en apariencia, son muy distintos, me parece estar viendo siempre lo mismo.
Por ejemplo, el ex ministro de economía, Axel Kicillof, solía defender las políticas de alto gasto público y déficit fiscal como necesarias para “generar demanda”. Al mismo tiempo, sostenía que hacer lo contrario, reducir las erogaciones estatales, era como “matar al enfermo con un remedio que está envenenado”.
Alfonso Prat-Gay, flamante Ministro de Economía y supuesto referente de la ortodoxia económica, no está muy fuera de esta sintonía. Recientemente declaró que, gracias al acuerdo alcanzado con los holdouts, el gobierno va a “evitarles el ajuste” a los argentinos. Según Prat-Gay, como se va a recuperar la posibilidad de endeudarse, este gobierno evadirá la otra alternativa para encarar el problema del déficit: “el salvaje ajuste del gasto público”.
Buscando alguna visión diferente acerca del rol del gasto público en la economía, acudí al Fondo Monetario Internacional, famoso por pasearse por el mundo ajustando los cinturones de políticos adictos al gasto. Para mi sorpresa, tampoco encontré nada. Recientemente el FMI pidió un plan coordinado de estímulo a la demanda para que la recuperación económica “no descarrile”.
Es decir, más gasto público y déficit.
A primera vista, esta idea parece totalmente ilógica. En cualquier hogar, se sabe que hay que vivir dentro de las posibilidades y gastar por debajo de lo que se ingresa todos los meses. Gastar de más implica endeudarse y hacerlo de manera sistemática lleva inevitablemente a la quiebra, ya que la deuda se vuelve cada vez mayor y los intereses la hacen impagable. Al respecto de esto, Adam Smith escribió que “lo que es sensato en el marco de una familia no puede ser una tontería cuando se aplica a un gran reino”.
La diferencia que tienen los gobiernos con las familias es que sus ingresos los toman de manera coactiva de todos los que pagan impuestos. En este sentido, un aumento del gasto significa sencillamente subirle los impuestos a la gente y obligarla a pagar más. Sin embargo, cuando el gasto es más alto que los impuestos, el gobierno todavía puede financiarlo de otras dos maneras. Como una familia, puede tomar deuda en los mercados de crédito. Pero además, también puede acudir al Banco Central y emitir moneda.
Así, el gasto público no solo es una fuente de “estímulo a la demanda”, como dicen Kicillof y el FMI, sino que también es fuente de mayores impuestos, mayor endeudamiento y mayor inflación. Sinceramente, no veo cómo algo de esto puede ser beneficioso para los menos favorecidos.
Pero el gasto público tiene, además, otro aspecto indeseable. Es que, a diferencia de lo que sucede en el sector privado, el gobierno gasta mirando el rédito electoral que dicha erogación le generará, sin importar si ese gasto es necesario desde un punto de vista económico.
Un ejemplo de esto es la contratación de ñoquis. Cuando se contratan ñoquis, los funcionarios miran más la posibilidad de que el ñoqui contratado los vote en las próximas elecciones que si ese nuevo empleado público cumplirá una tarea de utilidad para la sociedad.
Argentina es un caso paradigmático de los problemas que genera el elevado gasto público y el déficit fiscal. Durante los tres períodos de gobierno kirchnerista, las erogaciones estatales fueron permanentemente en aumento. Sin embargo, al superar el 30% del PBI, el crecimiento económico se frenó y por los siguientes años la economía estuvo prácticamente estancada, como se observa en el gráfico.
Además, en este período de considerable despilfarro estatal, todos los sectores económicos se vieron perjudicados:
–> La producción de autos cayó 35% desde 2012 a 2015, pasando de 830 mil unidades a 540 mil.
–> Las exportaciones cayeron 32%, de USD 84.000 millones en 2011 a USD 56.700 millones en 2015.
–> Cerraron 150 frigoríficos y, desde 2007, se perdieron 7 millones de cabezas de ganando.
–> La cosecha de trigo tocó un mínimo de 30 años en 2014.
–> Los precios subieron 860% desde 2003.
–> El dólar trepó 264% desde diciembre de 2011.
–> Finalmente, la pobreza creció en nada menos que 2 millones de personas desde 2007 a 2014.
A la luz de los datos, queda claro que lo salvaje no es ajustar el gasto público, sino llevarlo a niveles de desajuste tan elevados como lo hizo el kirchnerismo durante los últimos años.
La inflación, la devaluación y la total parálisis de la economía del sector privado son todas consecuencias directas o indirectas del empecinado despilfarro estatal y su efecto es particularmente pesado para los sectores más pobres.
Así, contrariamente a lo que todos los referentes, de izquierda a derecha, quieren instalar, ajustar el gasto público no será algo negativo.
Todo lo contrario, es el paso necesario para comenzar a resolver nuestros problemas económicos y sociales de manera definitiva.
Publicado originalmente en Inversor Global.
