Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
Para el economista y experto en educación argentino Edgardo Zablotsky, las propuestas en materia educativa presentada pos por el nuevo gobierno de Argentina van en dirección correcta, pero no configuran la revolución educativa, que a su juicio necesita la educación en su país. a continuación, un resumen de la entrevista.
—¿Cómo puede describirnos el estado actual de la educación en Argentina?
—El pasado 1º de marzo el presidente Mauricio Macri, en su discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, realizó un claro diagnóstico: “La educación pública tiene severos problemas de calidad y hoy no garantiza la igualdad de oportunidades”. Nadie puede dudar lo acertado de esta foto.
El 11 de septiembre de 2013, el por entonces ministro de Educación Alberto Sileoni llegó a escribir en su cuenta de Twitter: “no decimos que estamos en el paraíso, pero hemos reconstruido el sistema educativo y estamos construyendo un país distinto”; los resultados de la ronda de exámenes PISA 2012 reflejan lo absurdo de su apreciación. Argentina obtuvo el puesto 59 en matemáticas, el 60 en lectura y el puesto 58 en ciencias, sobre 65 países participantes.
Los resultados de los exámenes PISA, las usuales tomas de colegios secundarios en la Ciudad de Buenos Aires, la pérdida de días de clase por los habituales paros docentes, las actividades de agrupaciones políticas dentro de los colegios, el éxodo de las escuelas públicas hacia instituciones privadas, aún por una franja de la población que dista de gozar de una buena posición económica; el círculo vicioso de la pobreza representado por beneficiarios de planes sociales incapaces de reincorporarse a la sociedad productiva en virtud de su falta de educación; la alta deserción en la escuela secundaria y en la universidad; la tragedia de los miles de jóvenes que no estudian ni trabajan. La enumeración previa manifiesta sólo algunos de los síntomas de la grave emergencia educativa que enfrenta la Argentina.
—La foto es muy negativa, ¿considera Ud. que el presupuesto educativo es adecuado?
—Más es mejor que menos, de ello no hay duda alguna. Pero, dada nuestra realidad económica, el hecho que el presupuesto asignado a educación ascienda al 6% del PIB lo considero adecuado. En educación el presupuesto no lo es todo, como bien lo prueba Polonia que invierte en educación alrededor del 5% de su PIB. El uso del mismo también importa.
En 1999 Polonia modificó el programa de estudios, el sistema de evaluación de los alumnos y los niveles mínimos que se les exigía. También cambió el proceso de formación y la carrera docente. Hoy Polonia es un ejemplo de cómo un país pudo en tan sólo 10 años revertir su realidad educativa, reduciendo drásticamente el número de estudiantes de bajo rendimiento a pesar de invertir en educación menos que países mucho más ricos.
—¿La forma de gobernanza que tiene la educación es otro de sus problemas?
—Definitivamente, los padres han perdido el rol de control, que nunca debieron abandonar.
Veinte años atrás, en 1995, el Instituto Smithsoniano le realizó una entrevista a Steve Jobs, quien esbozó esta idea, la cual aplica perfectamente a la realidad Argentina y apuesto que también a Uruguay.
En su opinión, los padres de los estudiantes, quienes son los reales clientes del sistema educativo, han dejado de prestar atención al servicio provisto por las escuelas conforme las mismas se fueron burocratizando y los padres tuvieron cada vez un rol menor. La consecuencia la consideraba paralela a lo que sucede cuando los clientes dejan de prestar atención al bien o servicio que adquieren a un monopolista: la calidad deja de ser buena.
—Dado el diagnóstico realizado por el presidente Macri, ¿qué cambios propone el nuevo gobierno? Y, por cierto, ¿considera Ud. que es posible llevarlos a cabo?
—Para responderte esta pregunta, voy a retornar al discurso del presidente Macri frente a la Asamblea Legislativa. Allí expresó que “para insertar a la Argentina en el Siglo XXI todo empieza con la educación, ahí es donde se gesta el futuro del futuro. Por eso, hace unas semanas, en la Provincia de Jujuy, el ministro de Educación Bullrich, junto a todos los ministros de Educación de las provincias, fijaron un acuerdo llamado Declaración de Purmamarca que traza los ejes de la revolución educativa que queremos afianzar”.
¿Cuáles son dichos ejes? Entre los puntos más importantes se encuentra la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los tres años de edad; el desafío de incorporar progresivamente la jornada extendida, y el compromiso de crear el Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa, con el fin de obtener datos precisos que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Más allá de la probable resistencia de los gremios docentes a este último punto, creo que es absolutamente factible que el gobierno logre llevar a cabo las metas propuestas.
—¿Considera que dichos cambios son adecuados y suficientes?
—Es claro que cada una de estas medidas habría de mejorar nuestra realidad educativa; no tengo duda alguna de ello. Pero de ninguna manera constituyen la revolución educativa que nuestro país requiere, sino una evolución hacia una mejor educación, adecuada para un país que enfrenta una situación mucho menos crítica que la que sufrimos.
¿Qué entiendo por una revolución educativa? Muchos son los posibles ejemplos: enfrentar la deserción en el secundario y en la universidad con realismo, no sólo con buenas intenciones. Admitir que millones de jóvenes que no estudian ni trabajan son recuperables, si buscamos esquemas educativos que contemplen sus necesidades y realidades de vida. Reincorporar a la sociedad productiva a millones de personas que subsisten en base a planes sociales, mediante su educación y entrenamiento profesional. Devolverles a los padres el poder que nunca debieron perder sobre la educación de sus hijos, ¿quiénes sino ellos deberían ser los más estrictos fiscalizadores de una educación de excelencia? Enfrentar a los sindicatos docentes, los más férreos defensores del status quo, sin hacerlo ninguna revolución educativa es imaginable. Proveer educación de calidad a los niños de las familias económicamente más desfavorecidas, demostrando que todo niño puede aprender.
Permítame, para ser claro, desarrollar tan sólo uno de estos ejemplos dado que tiene que ver con la realidad de su país.
En Uruguay existe una legislación que facilita el funcionamiento de escuelas privadas, pero gratuitas, en barrios carenciados. La misma permite el financiamiento de escuelas como el liceo de la Iglesia Católica Jubilar y el liceo laico Impulso. Ambos, centros educativos gratuitos de gestión privada que se financian con aportes de empresas o particulares, no reciben subvención del Estado y brindan educación secundaria a adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza, alcanzando rendimientos académicos comparables con las mejores escuelas del país.
—¿Cuál es el costo político de una legislación de estas características? ¿A quién perjudicaría? La evidencia de su país nos provee la respuesta, la oposición del sindicato docente es abierta y la disputa en el Congreso intensa.
Una legislación como la existente en su país facilitaría en Argentina la educación de aquellos niños que menos tienen y, por ende, más necesitan. Podría constituirse en el puntapié inicial para una verdadera revolución educativa en la cual el Estado y la sociedad civil se complementen para cambiar una realidad educativa que ensombrece nuestro futuro, en un mundo en el cual el capital humano tiene cada vez mayor importancia.
La Declaración de Purmamarca constituye un paso gradual hacia una mejor educación en un país normal. Argentina hoy no lo es y por ello la Declaración es insuficiente para dar inicio a la revolución educativa que considero imprescindible para cambiar nuestra realidad.
—¿De qué forma pesan en a su entender las corporaciones en la crisis educativa?
—Permítame asociar las corporaciones a los sindicatos docentes, los más férreos defensores del statu quo frente a la posibilidad de cualquier reforma educativa.
Un ejemplo. Al igual que en años anteriores, el inicio de las clases conllevó amenaza de paros docentes de no alcanzarse un acuerdo en la paritaria del sector. Afortunadamente, este año se llegó a un acuerdo en los principales distritos, comenzando las clases en la mayoría de ellos en la fecha pautada. Como bien señaló el ministro de Educación Esteban Bullrich: “No puede haber calidad educativa si no hay clases”. Es claro que está en lo correcto, pero que se haya evitado el paro docente y que inicien las clases debería ser lo normal, no un motivo de festejo. Muchos buenos maestros cobran salarios que no se ajustan a su dedicación en uno de los trabajos de mayor relevancia en nuestra sociedad; pero también están los otros, quienes cobran salarios que no merecen.
Imaginemos un trabajo donde el esfuerzo y la dedicación no tiene chances de verse reflejado en una mejora salarial o en posibilidades de promoción, y la desidia o la incompetencia no incrementa el riesgo de ser despedido. El salario es bajo, pero al menos las vacaciones son largas. ¿A quién es de esperar que atraiga este tipo de actividad? ¿A profesionales calificados y motivados o a aquellos únicamente interesados en cumplir con un horario? La respuesta es obvia y apuesto a que también lo es en Uruguay.
Cambiar esta realidad implica eliminar las ventajas que aprecian los incompetentes, como la estabilidad laboral y la escala salarial basada en la antigüedad, e incentivar a los muchos docentes dedicados, motivados y calificados, mediante una escala salarial basada en la excelencia de su trabajo, no en su antigüedad.
