Economista especializado en Desarrollo Económico, Marketing Estratégico y Mercados Internacionales. Profesor en la Universidad de Belgrano. Miembro de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y Miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
Aun cuando el acuerdo con los holdouts esté cerca y quede atrás el default, casi ningún economista cree que las metas de inflación trazadas por el gobierno de Mauricio Macri para este año se puedan cumplir. En tal sentido, muchos piensan que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay peca por exceso de optimismo cuando insiste en que la Argentina cumplirá con su pauta inflacionaria del 20 al 25 por ciento en 2016 y que, durante la segunda mitad del año, llegará a tener niveles mensuales en torno del 1 por ciento.
“En nuestra opinión, la inflación va a rondar el 30% anual, y efectivamente puede reducirse al 1% mensual, pero sólo en los últimos meses del año si todo va bien”, señaló a LA NACION Agustín Etchebarne, economista y uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso.
Para el economista Agustín Monteverde es “poco menos que imposible” que se cumpla con la meta inflacionaria de la que habla Prat-Gay. “Veo una inflación del orden del 35% para este año”, sostuvo también en diálogo con este diario.
El ex presidente del Banco Central Rodolfo Rossi fue algo más optimista. Indicó que en el primer semestre de este año, el nivel de inflación seguramente estará incidido por los necesarios ajustes de precios producidos por la devaluación monetaria y por el sinceramiento de tarifas. Sin embargo, coincidió con la apreciación del titular del Palacio de Hacienda de que “en vías de la resolución de la herencia recibida, en el segundo semestre, la inflación será notablemente reducida, especialmente entre julio y noviembre, porque será mucho menor el nivel de emisión monetaria del Banco Central y el país tendrá un importante flujo de capitales extranjeros alentados por un razonablemente buen clima de negocios y de confianza”.
Hay coincidencia entre distintos economistas en que el déficit fiscal, cercano al 7% del PBI en 2015, es la principal fuente de inflación, al haber sido financiado con una fortísima emisión monetaria, que experimentó el año último un crecimiento del 46%. También existen semejanzas en sus opiniones acerca de que ese déficit se reducirá poco este año porque el Gobierno ha optado por una estrategia de ajuste gradual, combinado con medidas compensatorias para atenuar su impacto en la sociedad, que tienen un costo no menor para el fisco. A lo que habrá que sumar el próximo aumento en las tarifas de gas.
Una tercera coincidencia es que el endeudamiento al que recurrirá el gobierno argentino, una vez concluido el acuerdo con los holdouts, apuntará básicamente a financiar gasto público corriente.
Según Etchebarne, “la reducción del déficit fiscal será muy moderada”. Consideró que “una parte será financiada por deuda y otra por emisión monetaria que, a su vez, será parcialmente reabsorbida por letras del Banco Central (Lebacs y Nobacs), con un costo por ahora muy alto en términos de tasa de interés”. La semana última, la entidad monetaria colocó Lebacs a una tasa del 38% anual a 35 días. La conclusión del economista es que la inflación va a continuar alta, mientras el endeudamiento va a crecer, un panorama que sólo empezaría a revertirse durante 2017, cuando la inflación debería caer a la mitad que en el año actual, aunque el endeudamiento seguirá creciendo por unos años más.
En su último informe, conocido ayer, la consultora Ledesma apuntó que no hay una disyuntiva entre deuda y ajuste fiscal. “La necesidad del ajuste fiscal es la constante macroeconómica, en tanto que la deuda es la forma de financiar el gradualismo. La madre de todas las batallas no es el acuerdo con los holdouts, sino que fue, es y será el ajuste del déficit fiscal”, afirmó.
En igual sentido, Monteverde consideró que la estrategia del Gobierno parecería pasar por “tomar deuda para pagar gastos ordinarios y ajustar de a poquito”, algo que algunos juzgarán políticamente correcto en el corto plazo, pero que a la vez genera el riesgo de olvidar que “lo insostenible es el actual nivel del gasto estatal”.
