Consejero Académico de Libertad y Progreso
El autodenominado progresismo condena los males que hemos padecido por la austeridad. Incluso ha acuñado un término para definirlos: “austericidio”.
Cuando sus gastos superan a sus ingresos, un individuo responsable o una empresa cuyos propietarios y directivos son responsables, reducen el gasto, es decir, son austeros. Lejos de constituir un vicio, la austeridad es una virtud, que asegura la viabilidad financiera de las personas físicas y jurídicas.
Para llegar a la conclusión contraria hay que introducir los supuestos más heroicos de la economía convencional, partiendo de los fallos del mercado y llegando a la indispensable intervención del Estado para resolver la deficiencia de la demanda efectiva mediante la expansión del gasto público financiada con impuestos y deuda. No voy a refutar esta fantasía ahora, porque deseo centrarme en una cuestión de hecho: se nos asegura que de hecho los Estados no hicieron eso, sino lo contrario, es decir, incurrieron en políticas de reducción excesiva del gasto público, el infausto “austericidio”.
Esta cuestión, que no es analítica sino empírica, tiene una ventaja: se puede medir. Y todas las mediciones del gasto público indican que el famoso “austericidio” es un camelo. Los únicos que fueron realmente austeros en la crisis fueron los trabajadores y los empresarios, no el sector público. Un reciente documento del BBVA lo prueba una vez más: J.Andrés, Á. de la fuente y R. Doménech, Notas para una política fiscal en la salida de la crisis.
Es verdad que el gasto real por habitante bajó casi nueve puntos entre 2009 y 2014, pero había subido nada menos que 23 puntos entre 2003 y 2009. Resultado: “sigue habiendo un incremento neto de 14 puntos entre 2003 y 2014, o una ganancia de más de un punto anual en el gasto real por habitante” durante todo el período de 2003 a 2014. El “desmantelamiento” del Estado nunca existió.
La composición del gasto cambió, desde luego. El gasto social en paro y pensiones aumentó considerablemente, de modo tal que los demás servicios sí cayeron, quedando en 2014 al mismo nivel que tenían en 2003; es decir, no fueron “desmantelados”, sino que simplemente su contención canceló la subida anterior.
Otra regularidad, que el gasto se ajusta conforme a criterios políticos y no de eficiencia técnica, volvió a confirmarse en esta crisis: “la caída del gasto corriente ha sido muy inferior a la del gasto total, pues la inversión pública ha experimentado recortes muy sustanciales durante la crisis”. Ahora bien, lo que ha pasado “no apunta en absoluto a un brutal deterioro en la calidad de unos servicios fundamentales de los que nadie se quejaba demasiado hace diez años”.
Los tan zarandeados “salvajes recortes” en sanidad y educación nunca existieron. Hubo muy grandes subidas del gasto hasta 2009, y la desaceleración ulterior “nos deja en niveles similares a los existentes al comienzo de la crisis, con ganancias aún muy respetables durante el conjunto del período analizado”.
(Artículo publicado en La Razón.)
