Corregir la gravísima herencia recibida de la gestión kirchnerista se torna imperioso a pesar de los altísimos costos políticos que encierra.
La tarea del presidente Mauricio Macri ha entrado en una etapa tan difícil como esperable, en la cual las mayores dificultades se concentran en la gestión económica. Esto ocurre al mismo tiempo que el primer mandatario debe aclarar, con la seriedad del caso, su aparición en directorios de compañías de su familia radicadas en paraísos fiscales. A las limitaciones propias impuestas por la insuficiencia de instrumentos económicos para resolver rápidamente los graves problemas heredados, se suma un clima político que gana descontentos y merma los entusiasmos iniciales.
Las distorsiones económicas y las falencias que se arrastraron sin solución y gravosamente hasta el 10 de diciembre configuraban bombas de tiempo que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner logró que no explotaran en sus propias manos. Cualquiera que hubiera ganado las elecciones habría heredado la responsabilidad de desactivarlas, enfrentando los inevitables costos sociales y políticos. La negación y no la solución de los problemas, en el marco de un populismo irresponsable, no hizo más que agravarlos, haciendo cada vez más difícil la salida.
Visto esto, no cabe sino calificar de un extremo cinismo e hipocresía el mensaje de la ex mandataria frente a quienes concurrieron a apoyarla en su presentación frente al juez Claudio Bonadio. El escrito presentado al tribunal en esa ocasión adjudica al presidente Macri todas las culpas de los efectos de las medidas correctivas del desastre heredado. Tanto esa presentación como su discurso debieran formar parte de la antología del cinismo.
El retraso cambiario y el cepo asfixiaban la producción, destruían el balance comercial y agotaban las reservas del Banco Central. La salida de esa situación con la consiguiente corrección del tipo de cambio era tan necesaria como inevitable, y cuanto antes se hiciera, mejor. Pero había que saber que aquello haría aflorar la inflación reprimida y que el sistema de precios respondería con aumentos. Por otro lado, la emisión monetaria en los últimos meses del kirchnerismo hacía crecer la cantidad de dinero a una tasa del 45% anual. A pesar del retraso cambiario y tarifario, esto determinaba que la herencia incluyera una inflación del orden del 30% anual. Pero la presidenta saliente no sólo legó a Macri su propia inflación, sino además otra píldora venenosa. El Banco Central vendió a futuro miles de millones de dólares a un precio menor que el del mercado, lo que inevitablemente producirá un enorme quebranto financiero durante el año en curso.
El déficit fiscal rondaba a fines de 2015 el 7% del PBI. Sería mayor si se computaran gastos devengados y no pagados, más los retrasos en los servicios de la deuda pública. Esta grave pérdida fiscal se producía a pesar de una enorme e inédita presión impositiva, a tal punto insostenible que reclamó reducciones inmediatas. Para dificultar aún más la corrección del desequilibrio fiscal, el colosal aumento del gasto público corrió por carriles de gran irreversibilidad. Este nivel de déficit público es inviable aunque se retorne a los mercados de deuda para financiarlo y se evite la emisión monetaria. Si no se reduce drásticamente bajando el gasto, el Gobierno puede entrar nuevamente en riesgo de un default. La tarea no es fácil. El combate a la corrupción o la supresión de gastos superfluos son una obligación moral, pero no son cifras que puedan corregir por sí solas el desborde fiscal.
Las reducciones de personal estatal, aunque sustancialmente menores que su incremento en los últimos 12 años, están causando un gran descontento social que la oposición política está capitalizando. Algo similar se observa en el intento de recortar los planes sociales. Se habla de salvajismo e insensibilidad. Lo mismo ocurre con los aumentos en las tarifas de energía y transporte, necesarios para reducir los subsidios. Sin embargo, estos son los frentes en los que se debe trabajar, ya que nada se puede ni se debe hacer con el gasto jubilatorio, que, desde que se concretaron las dos moratorias y la confiscación de los fondos de pensión, incrementó su peso en el gasto público en un equivalente al 4% del PBI.
Por una cuestión meramente aritmética, el gobierno nacional deberá seguir reduciendo el personal excedente, achicar los subsidios y recortar los planes sociales no imprescindibles. Lo tendrá que hacer aplicando atenuantes y compensaciones hacia los sectores más carenciados, pero no podrá evitar el costo político. El trayecto futuro de la reducción del déficit fiscal y de la inflación pasará por una primera etapa en la que habrá sólo dureza y muy escasos resultados. Es inevitable una mayor inflación en los primeros meses.
Resulta clave la respuesta moderada que se dé en las convenciones colectivas para acordar aumentos salariales. Un mejoramiento del clima político y de la actitud de las fuerzas de oposición debería contribuir y no alentar actitudes sindicales que pierdan de vista que hay límites para que el perjuicio no alcance a toda la sociedad.
