Legisladores de la oposición y muchos comunicadores están proponiendo la prohibición de los despidos y la duplicación de las indemnizaciones en caso que las mismas sean convalidadas..
A través de un proyecto de ley presentada por diputados kirchneristas se propone además la multiplicación de la industria del juicio y la burocratización en caso de despidos con causa o fuerza mayor.
Las sanciones al empleador que intentara un despido multiplican los costos indemnizatorios y administrativos.
En tren de demagogia irreal hay dos proyectos en el Congreso. Uno en el Senado que sólo prohíbe despidos por 180 días y otro en Diputados que prohíbe despidos, impone la doble indemnización hasta el 31/12/2017.
Estas iniciativas lejos de beneficiar al trabajador lo perjudican. A quienes no están trabajando directamente las condenan a la pobreza más rígida e inmodificable.
Los legisladores culposos por su falta de ideas para solucionar la pobreza y crear empleo no tienen mejor ocurrencia que convalidar el desempleo por generaciones.
Toda ley, todo reglamento que aumente los costos de contratación y desvinculación no hace otra cosa que disminuir la demanda de trabajo y favorecer la sustitución de trabajo por capital.
Aumentar los costos laborales (gracias a estas medidas demagógicas) implica reducir la demanda de trabajo y por sobre todo excluir a los menos capacitados. Una medida cruel y despiadada disfrazada de falsa solidaridad.
Cuanto más costoso sea el contrato laboral mayor deberá ser la productividad del trabajador para ser contratado. Si el trabajador no es calificado inexorablemente perderá el empleo. El intento de proteger devino en fábrica de desempleo y exclusión.
Es necesario comprender que el concepto de costo laboral es bien diferente al concepto de salario. El llamado “costo laboral” incluye todos los impuestos y sobre costos derivados de la burocratización del contrato, la judicialización, y los riesgos derivados de la legislación. Esas supuestas protecciones incrementan los costos y por consiguiente reducen la demanda de empleo. Con ello reducen las posibilidades laborales de los pobres. Cuanto más regulación, menos trabajo. No más, menos.
Es imprescindible comprender también que los costos laborales pueden bajar y al mismo tiempo los salarios pueden subir!!!!
El impuesto sobre el salario ronda entre el 40 y el 50% dependiendo de la actividad. Si consideramos costos de judicialización y conflictividad dicho “impuesto” puede llegar al 60%. Quiere decir que un salario promedio industrial del orden de $15.000 pesos brutos redunda en un salario en mano de $ 12.300 en tanto que el costo laboral que abona el empleador alcance los $ 22.725.
Traduciendo el empleador paga $ 22.725 y el trabajador recibe $ 12.300. En el medio, impuestos, regulaciones, “salarios diferidos” (artilugio para denominar los supuestos beneficios jubilatorios y sociales), costos indenmizatorios, y supuestas protecciones.
No es casual que quienes proponen estas medidas jamás hayan pagado una quincena. Demuestra un desconocimiento total del mercado de trabajo su funcionamiento y los incentivos.
En los últimos días muchos despidos se han acelerado sólo por los rumores de estas inútiles leyes curiosamente propuestas por quienes no generaron empleo privado desde 2011 hasta 2015.
Desde el nacimiento de la legislación laboral, políticos y sindicalistas se empecinaron en aumentar los costos laborales creando desempleo y marginación. Es el estado, en su intento pseudoprotector el que excluye.
Los salarios reales sólo pueden crecer si el trabajo es asistido con bienes de capital. Son las máquinas las que fortalecen la productividad del trabajador. Sin máquinas los salarios son necesariamente bajos. No hay grito sindical, huelga, legislación chamuyera, ni bravuconada política que pueda aumentar los salarios por obra de un decreto.
Siempre y en todo lugar el mejor amigo del trabajo es la máquina. Sin capital la productividad del trabajo hubiera continuado en los niveles de la edad de piedra. Son las máquinas las que han permitido aumentar la cantidad de bienes producidos a menor esfuerzo y tiempo de dedicación. Sin capital no hay posibilidad alguna de aumentos de salarios en términos reales.
En la Argentina el “Hit político” de las últimas siete décadas tiene en su estribillo la frase “combatiendo al capital”. Un canto a la ignorancia y un excelente camuflaje para el robo.
Si queremos disminuir los despidos, bajar el desempleo, aumentar los salarios reales y proteger de esa manera a los trabajadores nuestros diputados deberían pensar en generar incentivos a la inversión.
Incentivos que no son subsidios ni protecciones sino un ambiente de negocios estable, impuestos bajos, y una razonable administración de justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura.
Los trabajadores que se sientan “protegidos” por los anuncios de los legisladores del kirchnerismo deberían saber que “hay amores que matan”. El chamuyo mata y la demagogia excluye. Doce años espantando inversiones tienen como corolario la tremenda incertidumbre que estamos viviendo.
Fuente https://gustavolazzari.wordpress.com/
