Economista especializado en Desarrollo Económico, Marketing Estratégico y Mercados Internacionales. Profesor en la Universidad de Belgrano. Miembro de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y Miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
La ola de despidos que afecta a empleados públicos y privados de Argentina, unos 120.000 en lo que va del año según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), agita la vida política del país.
Este jueves, el presidente argentino Mauricio Macri cuestionó proyectos de ley que impulsan partidos de la oposición para prohibir despidos hasta fines de 2017 o, en caso de haberlos, que establecen una doble indemnización como sanción al empleador que los ejecuta.
“No se genera empleo imponiendo leyes arbitrarias”, dijo el mandatario al asistir a la reapertura de la empresa avícola Cresta Roja, cerrada desde el año pasado por dificultades económicas.
“Aprendimos de nuestros errores y no los vamos a repetir. No tenemos que repetir errores, ya probamos en 2002 con leyes que prohibían (despidos) y eso no trajo más trabajo”, apuntó Macri, en alusión a la ley de febrero de ese año, posterior a la crisis social y económica de diciembre de 2001, cuando el desempleo alcanzó la cifra reécord de 21,5 por ciento.
El último dato oficial sobre desempleo en Argentina corresponde al tercer trimestre de 2015, cuando era de 5,9 por ciento, pero desde entonces se registraron miles de despidos laborales.
“Más de 120.000 despidos han provocado una fundamentada preocupación de senadores y diputados que obliga a buscar alternativas para detener ese flagelo en el sector público y privado”, dijo la CAME.
A través de un comunicado, la entidad señaló que “en el sector privado, y especialmente en las pequeñas y medianas empresas, esa situación ocurre por la caída en los niveles de producción provocada por la retracción en la demanda de consumo”, por la casi nula demanda de inversión, la aceleración de la inflación y las altas tasas de interés.
En esas condiciones, aplicar doble indemnización puede crear niveles de conflictividad alarmantes para las pequeñas y medianas empresas, alertó.
Por su parte, el diputado del opositor Frente para la Victoria (oficialismo de 2003 a 2015), José Gioja, pidió que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja trate con urgencia las iniciativas que apuntan a declarar la “emergencia ocupacional”, con la cual se prohíben despidos hasta fines de 2017.
En el Senado avanza también un proyecto de la oposición que busca suspender por 180 días los despidos o suspensiones de trabajadores, sin justa causa, tanto en el ámbito público como el privado”.
“Estamos viendo un aumento preocupante en los niveles de despidos, que estimamos arriba de los 120.000 en lo que va del año, pero la doble indemnización traería más problemas que soluciones”, alertó la CAME, que instó a “dejar de pensar en analgésicos para calmar el dolor sin tratar el problema. Lo urgente es reactivar la economía”.
Consultado por Xinhua, el director del Centro de Investigación de Políticas Públicas de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, afirmó que “toda ley que cambie las anteriores para agregar costos a las empresas, justo cuando están en un mal momento, es una tontería”.
“Los inversores no son tontos, de modo que si un país tiene riesgo por inseguridad jurídica implica que es necesario una mayor rentabilidad potencial para poder afrontar esos costos. Entonces tendrás menores inversiones y, por lo tanto, reducirás el empleo y los salarios. Son ideas que perjudican a los trabajadores”, subrayó el economista.
La Cámara Argentina de Comercio, en tanto, manifestó que las iniciativas resultan “inoportunas”, ya que “si bien existe una emergencia económica, en modo alguno se ha extendido al ámbito laboral de tal modo que justifique modificar los institutos existentes, sin lesionar la situación social del país”.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) prepara una movilización ante la “falta de respuestas” del gobierno a sus reclamos.
Lo que más preocupa al movimiento obrero son “los despidos”, razón por la cual los legisladores de extracción gremial “trabajan para conseguir la aprobación del proyecto de emergencia ocupacional”, dijo a periodistas el secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios, Omar Plaini.
