Ha publicado artículos en diarios de Estados Unidos y de América Latina y ha aparecido en las cadenas televisivas.
Es miembro de la Mont Pèlerin Society y del Council on Foreign Relations.
Recibió su BA en Northwestern University y su Maestría en la Escuela de Estudios Internacionales de Johns Hopkins University.
Trabajó en asuntos interamericanos en el Center for Strategic and International Studies y en Caribbean/Latin American Action.
¿Será el Perú un país que se vuelve viejo antes de que se vuelva rico? El riesgo de que los peruanos no puedan pagar pensiones adecuadas a una creciente cantidad de jubilados en el futuro acaba de subir con la nueva ley que permite a los mayores de 65 años retirar el 95,5% de sus aportes al sistema privado de pensiones.
La ley hiere en el corazón al sistema jubilatorio manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que ofrecía la vía más prometedora de alcanzar jubilaciones dignas y financiadas. Es verdad que el libre retiro de los fondos de las pensiones privadas incrementa la libertad de los afiliados a ese sistema, pues podrán ser usados como uno quiera. Pero me temo que por razones políticas, abre las puertas a que eventualmente, y quizás no en el lejano futuro, conduzca a una mayor participación por parte del Estado en el sistema de pensiones. Eso, por consecuencia, terminará reduciendo la libertad de los trabajadores y pensionistas peruanos. Además, aumentará el daño económico y los incentivos perversos que son propios de los sistemas públicos de jubilación.
Quienes argumentan a favor del libre retiro observan con razón la incoherencia de un sistema que insiste en mantener el pago obligatorio de los trabajadores —pues no les considera suficientemente responsables para hacer ese ahorro— pero que admite que al jubilarse, esas mismas personas aplicarán buenos criterios al invertir o gastar ese dinero. Si a los adultos hay que tratarles como a adultos responsables y no como niños, la solución ideal es no forzarles a ahorrar durante décadas de vida laboral. Como observa El Comercio, ya los peruanos dentro y fuera del sistema de pensiones están ahorrando porcentajes semejantes.
El problema es que esa misma incoherencia muestra que los políticos que promovieron la nueva ley no creen plenamente en la libertad de los trabajadores a la hora de planificar sus ahorros. Es evidente que se aprobó por razones oportunistas y populistas. Por la misma razón, nos es difícil imaginar qué ocurrirá cuando, inevitablemente, empiecen a darse casos de jubilados que malgastaron sus pensiones o que no les salieron sus inversiones y se quedaron en cero. Habrá presión política para que el Estado haga algo para ayudar a los ancianos que han pasado mala suerte, sin importar que la ley actual no lo contemple así.
¿Hay alguna duda de que en un país en el que las AFP han sido criticadas por no ofrecer un mejor servicio no habría críticas bajo las nuevas reglas a la hora de que empiecen a caer en apuros algunos jubilados? Políticamente, será casi inevitable que crezca el papel del Estado en las jubilaciones. Esto podría darse a través de mayores apoyos directamente del fisco o bien al expandir el viejo sistema público de pensiones.
El primer ministro Pedro Cateriano se pregunta, con razón: “¿Retornaremos al Sistema Público de Pensiones? Sería un grave error. Acá fracasó. En la mayoría de países donde existe está quebrado”. En el Perú también está quebrado. Y a diferencia de un sistema privado, el estatal es guiado por consideraciones políticas y se basa en el consumo, no en la inversión y elahorro.
Hubiera sido mucho mejor reformar de manera integral el sistema de pensiones. Se podría incrementar la competencia en la administración de las pensiones privadas. Y se podrían cerrar las puertas al sistema público para nuevos ingresantes, creando una pensión mínima para ser usada solo en casos necesarios, como sugiere el experto Felipe Morris.
En todo caso, ningún sistema de pensiones puede obtener una buena cobertura en una economía con una alta tasa de informalidad. Dado que en el Perú los sistemas públicos y privados solo cubren el 25% de la población económicamente activa, cualquier solución parte de una reforma que reduce la informalidad. Cuando tarde o temprano se haga, podemos esperar que incluya contribuciones obligatorias para la vejez. Sería una lástima si para entonces sea el sistema público el dominante o el único existente.
Es posible que el presidente lleve el caso al Tribunal Constitucional. Si fuese así, probablemente la ley se declare inconstitucional, nos guste o no la argumentación. De todas maneras, hacen falta reformas en todo el sector laboral antes de que envejezca un mayor porcentaje de la población.
Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 23 de abril de 2016
