Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, desató la polémica al modificar el sistema de calificaciones de la escuela primaria y retomar los aplazos, cuya eliminación se había hecho pública insólitamente el 11 de septiembre de 2014. Resaltó, además, que el 18 y 19 de octubre se realizarán evaluaciones de lengua y matemática a setecientos mil alumnos, alrededor de un tercio de los matriculados en las escuelas primarias y secundarias del ámbito público y privado en la provincia. Las evaluaciones serán anónimas, lo cual permitirá saber el nivel de conocimiento promedio de cada escuela, preservando la privacidad de los alumnos.
La medida no puede ser más auspiciosa, como bien señala la gobernadora: “Es necesario evaluar para saber qué tenemos que mejorar”. Es claro que no puede tener más razón. Sin embargo, también remarcó: “Para mí, como mamá, la evaluación es orientadora, porque me permite saber cómo está mi hijo en relación con lo que se enseña”, lo cual no es posible en virtud del artículo 97, de la ley 26206 de educación nacional, sancionada en 2006. El mencionado artículo establece: “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.
¿Quiénes pueden tener más derechos que los padres a conocer el nivel educativo de las instituciones a las que concurren sus hijos?
Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio, lo que se está haciendo es sustraer del debate público el elemento de juicio principal para saber si el actual sistema educativo satisface la principal inquietud de cualquier padre: que sus hijos aprendan en el colegio al cual concurren. Por supuesto, también priva de información valiosa a la hora de decidir a qué escuela enviar a sus hijos a aquellos padres para quienes sus posibilidades económicas no convierten a la educación pública en la única alternativa factible, lo que la transforma en un virtual monopolio, con todos los costos que ello implica.
No es posible llevar a cabo una revolución educativa sin el apoyo y la participación activa de los padres, muchos de los cuales tienen en su imaginario la fantasía de que la educación argentina se encuentra en crisis, pero que la educación que reciben sus hijos en el colegio al cual concurren es adecuada.
Por eso la revolución educativa debe comenzar en el Congreso, no en las aulas. Muchos maestros son tan víctimas del sistema como los alumnos y arriesgan hasta su integridad física para educar a nuestros hijos. Modificar el artículo 97 de la ley 26206 es imprescindible. Los padres se deben enterar.
Restringir el acceso a los resultados de evaluaciones educativas obliga a creer ciegamente en la capacidad y la buena fe de aquellos encargados, circunstancialmente, de dirigir la política del sector. ¿No es esto más costoso que la posibilidad de cualquier estigmatización? La realidad educativa provista por la última década es prueba fehaciente de ello.
