Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
PERFIL – Días atrás Esteban Bullrich señaló que “la mitad de la adolescencia del país, o bien no cursa el nivel secundario, o bien abandona los estudios medios en forma temprana. Sólo uno de cada diez jóvenes concluye los estudios universitarios y sólo uno de cada cien proviene de los sectores más pobres”.
Es claro que nuestra sociedad enfrenta una pesada herencia educativa, mucho más grave que la económica y mucho más difícil de pelear.
Levantar el cepo cambiario, retornar al mundo luego del acuerdo de la deuda, lanzar un ambicioso programa de obras de infraestructura, constituyen medidas propias de un equipo económico técnicamente calificado.
Llevar a cabo una verdadera revolución educativa requiere más que un equipo técnicamente calificado. Es claro que el ministro solo no puede hacerlo, nadie podría. Es necesario que la sociedad tome conciencia del estado de la educación argentina y apoye reformas cuyos frutos, a diferencia del levantamiento del cepo cambiario, se habrán de ver luego de años. Esta breve nota no es más que una pequeña contribución a dicho fin.
Los resultados de los exámenes PISA; la pérdida de días de clase por los habituales paros docentes; el éxodo de las escuelas públicas hacia privadas, aún por una franja de la población que dista de gozar de una buena posición económica; la alta deserción en la escuela secundaria y la universidad; y la tragedia de los miles de jóvenes que no estudian ni trabajan, son tan sólo algunos de los síntomas de la grave emergencia educativa que recibió el nuevo gobierno.
Esta realidad ha sido negada sistemáticamente por el gobierno saliente. A modo de ejemplo, el 11 de septiembre de 2013 el ex ministro de Educación Alberto Sileoni tuiteó: “No decimos que estamos en el paraíso, pero hemos reconstruido el sistema educativo y estamos construyendo un país distinto” y durante el último año de su gestión no hizo más que reafirmar el discurso oficial. El pasado 10 de septiembre señaló: “No hay un éxodo de la escuela pública a la privada; hay una expansión del sistema educativo argentino, tanto en alumnos como en docentes” y el 9 de octubre llegó a tuitear: “No estamos siempre en el mismo lugar, hemos crecido y tenemos un sistema educativo pujante y en expansión”.
Es hora que los padres admitan la realidad y reaccionen. Bullrich solo no puede cambiarla, nadie puede. Las evaluaciones educativas, como las anunciadas por la provincia de Buenos Aires, que el 18 y 19 de octubre diagnosticarán el nivel en lengua y matemática de alrededor de un tercio del alumnado de las escuelas primarias y secundarias del ámbito público y privado, pueden ser un elemento invalorable para ello, pero los resultados a nivel de escuela deben ser de conocimiento de los padres.
No olvidemos que muchos padres no dudan del estado en que se encuentra la educación argentina, pero a su vez consideran que la educación que reciben sus propios hijos en las escuelas a las que concurren es buena.
Por ello, es necesaria la modificación del artículo 97 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, dado que el mismo establece que “la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.
Nada facilitaría más la tarea de quien es el más importante ministro del gabinete nacional que el apoyo de la sociedad a reformas que son imprescindibles y que sólo se podrán realizar si los padres las exigen. Nada le otorgaría más poder que la sana indignación de muchos padres al conocer los resultados de las escuelas a las que concurren sus hijos. Nada facilitaría más su labor, para enfrentar la pesada herencia recibida, que terminar con un secreto que impide a quienes podrían ser sus principales aliados alinearse con la causa. No es un tema menor, es el futuro de nuestros hijos lo que está en juego.
