Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
CLARIN – El sistema de calificaciones de la primaria de la provincia de Buenos Aires volverá a incluir los aplazos, eliminados en 2014 por considerarlos estigmatizantes. En los boletines de cuarto a sexto grado estarán otra vez las puntuaciones debajo de 4 y para primer a tercer grado “insuficiente” o “aún no satisfactorio” para quienes no cumplan con los objetivos. Nora de Lucía, Directora de Cultura y Educación bonaerense al tiempo de eliminarse los aplazos, expresó que la reforma tenía como objetivo “no excluir chicos del sistema, (…) priorizamos la educación, no la nota” y al igual que Alberto Sileoni se preocupó de aclarar que el método ya se utilizaba en países con modelos exitosos en educación, como Finlandia.
Pero en Buenos Aires no nieva, está muy lejos de Finlandia y como señala Gustavo Iaies, frente a la reimplantación de los aplazos, “es una medida que devuelve sentido común al sistema educativo: fija un patrón claro respecto de lo que está bien y lo que está mal, y eso ayuda al sistema y a los chicos”. Es claro que tiene razón. No obstante, esta medida y aún las intenciones acordadas en la Declaración de Purmamarca (como la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los tres años, la incorporación de la jornada extendida y el compromiso de crear el Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa) son insuficientes frente a la realidad educativa que enfrentamos. La emergencia educativa es mucho peor que la energética. No hace falta que hablemos de las evaluaciones PISA; a muestra de ejemplo nos sirve un botón: el Nacional Buenos Aires, nave insignia de la educación argentina lleva, al 9 de mayo, 22 días de clase y 15 de paro. Dentro de la tristeza de conocer esta realidad, veo con optimismo que la misma ha movilizado a los padres y eso es muy bueno.
Señala el ministro de Educación Esteban Bullrich que “la mitad de la adolescencia del país, o bien no cursa el nivel secundario, o bien abandona los estudios medios en forma temprana. Sólo 1 de cada 10 jóvenes concluye los estudios universitarios y sólo 1 de cada 100 proviene de los sectores más pobres”. Sin embargo no hay manifestaciones de padres exigiendo otra educación para sus hijos; es más, muchos padres piensan que la educación en el país no es buena, pero sí lo es la del colegio a la que concurren sus hijos. Es imprescindible que los padres admitan la realidad y reaccionen; el ministro sólo no puede cambiarla. Para ello es necesario llevar a cabo evaluaciones educativas, pero los resultados a nivel de escuela deben ser de conocimiento de los padres. Su indignación le daría al Gobierno el apoyo sin el cual es imposible llevar a cabo una real revolución educativa. El costo de evitar cualquier supuesto estigma es demasiado alto. Son nuestros hijos los que están en juego. Me imagino lo que opinaría Sarmiento ante al argumento de la estigmatización por hacer pública la información. Por decoro, no lo escribo.
