Subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.
PANAM POST –
Luego de seis meses en el poder, el nuevo Gobierno de Mauricio Macri decidió publicar un detallado informe sobre la situación económica, política y social dejada por la gestión anterior.
El informe, titulado “El estado del Estado” aborda desde la delicada situación económica, caracterizada por una alta inflación, déficit fiscal y controles de precios, hasta el desorden existente en todos los niveles de la administración pública.
Uno de los puntos del análisis es lo que sucede en la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, dedicada al transporte aéreo de pasajeros.
Según el estudio:
“En 2015, Aerolíneas requirió 532 millones de dólares de aportes del Estado Nacional para funcionar. Entre 2008 y 2015, recibió aportes del Tesoro por 29.676 millones de pesos, un promedio de 2 millones de dólares por día”.
Las pérdidas de la empresa contribuyeron a incrementar el déficit fiscal, que es uno de los principales problemas de la economía argentina actual. El desequilibrio de las cuentas públicas, si se financia con emisión monetaria, genera inflación. Pero si se financia con deuda, eleva las tasas de interés, deprimiendo la actividad económica, por lo que siempre es preferible mantener presupuestos públicos equilibrados y, mejor aún, con un reducido nivel de gasto público.
Claramente, mantener una empresa con semejantes pérdidas conspira contra este objetivo. Tal vez a raíz de esto es que se anunció recientemente que los subsidios estatales a la compañía se reducirían en un 40%.
La medida debe ser calurosamente bienvenida. Sin embargo, todavía se podría hacer algo mejor: privatizar la empresa y emprender una política de “cielos abiertos” para el mercado de transporte aéreo.
Es evidente que si esto sucediera, el Estado dejaría de dilapidar recursos en mantener la aerolínea estatal. Sin embargo, frente a propuestas del estilo, son muchos los reparos y los pedidos de mantener el statu quo. Es que en el imaginario colectivo, las aerolíneas estatales sirven para proveer servicios de transporte más baratos a destinos donde, de otra forma, los aviones no llegarían.
En definitiva, se piensa que un mercado aerocomercial totalmente privado sería un mercado “para pocos”, en donde las grandes masas consumidoras quedarían marginadas. El problema con este planteo es que no puede estar más alejado de la realidad.
A finales de los años 70, el mercado de transporte aéreo en los Estados Unidos estaba altamente regulado. Si bien carecía de “aerolíneas de bandera”, el Gobierno era quien determinaba qué aerolíneas podían operar en el país, a qué ciudades podían dirigirse las que ya estaban operando, y qué precios debían cobrar por sus servicios. Este tipo de regulaciones restringieron la competencia en el mercado y elevaron los costos de viajar. Fue la regulación estatal la que creó el mercado “para pocos”.
Sin embargo, durante la presidencia de Jimmy Carter, el mercado se desreguló casi por completo. El Estado salió del negocio y permitió que los precios, los destinos, y la calidad del servicio quedara determinada por el libre juego de la oferta y la demanda.
Los resultados fueron más que positivos.
Según un artículo de la Fundación para la Educación Económica de Nueva York, luego de la desregulación:
- Los precios de los pasajes cayeron un 50%.
- En 1965, menos del 20% de los estadounidenses había tomado alguna vez un avión, mientras que en el año 2000, la mitad de la población tomaba al menos un viaje de ida y vuelta al año.
- El número de pasajeros se triplicó entre 1970 y el año 2011.
- En 1974, era ilegal que una compañía cobrara menos de US$ 1.442 (ajustados por inflación) por un vuelo entre Nueva York y Los Ángeles. Hoy esos vuelos pueden llegar a costar menos de US$ 300.
Desde su estatización en 2008, la aerolínea de bandera en Argentina sólo ha representado un costo para todos los argentinos. Privatizarla representaría un ahorro sustancial para todos, en tiempos en que el déficit fiscal amenaza la estabilidad de la economía.
Por último, una política de cielos abiertos, que incentive la competencia, contribuiría a una mejor calidad del servicio, y ampliaría considerablemente las posibilidades de viajar de todos los argentinos.
Esperemos que el Gobierno tome en serio esta propuesta, en lugar de desecharlacon prejuicios ideológicos.
