Subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.
Los recientes incrementos en los precios de los servicios públicos son el resultado inevitable de años de inflación y controles. Sin embargo, a pesar del golpe al bolsillo, la medida traerá beneficios.
Por estos días en Argentina no se habla de otra cosa que de las tarifas de los servicios públicos. Una manera de romper el hielo en cualquier reunión, oficina o asado con amigos es comentar el aumento que recibió en su última factura de luz, gas o agua. Obviamente, los transportes no se quedan atrás, y todos hacemos fila para quejarnos.
En cualquier canal de televisión en donde se traten temas de la coyuntura, podemos ver a líderes políticos criticando el “brutal ajuste” del gobierno y a otros tantos intentando justificarlo.
Ahora la cuestión no se queda solo ahí. Recientemente, los gobernadores se reunieron con los Ministros de Interior y de Energía y resolvieron que los ajustes en los valores tendrán un tope del 400% en el caso del consumo residencial y del 500% en el caso del consumo comercial.
Por otro lado, se conocieron resoluciones judiciales que directamente frenan los aumentos, como el caso de la jueza Edith Irene Rota, quien hizo lugar al recurso de amparo solicitado por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.
Casos como el de esta jueza llaman particularmente la atención. En definitiva, si una cuestión como ésta pudiera resolverse con una decisión judicial, ¿por qué la misma no se tomaba mucho antes y frenaba la inflación? Para los gobernadores aplica lo mismo. ¿Por qué en lugar de quejarse por los aumentos en las tarifas, no se quejaron antes cuando el kirchnerismo llevaba adelante la destrucción del poder de compra de nuestra moneda?
El punto a entender acá es que una cosa es consecuencia de la otra. Sin inflación, no hay necesidad de ajustar trifas. Pero cuando hay inflación y congelamiento de precios el único resultado posible es el tarifazo que hoy estamos viviendo.
Ahora bien, a pesar de la angustia y el mal trago de corto plazo que esto significa para todos, hay tres aspectos positivos que se derivan de los aumentos. Estos son: la reducción de la inflación, la mejor calidad del servicio y una mayor cantidad de inversiones que llegarán al país.
Menos subsidios es menos inflación
El sistema de tarifas congeladas que predominó durante los últimos 14 años exigió que el gobierno transfiriera una enorme cantidad de recursos a las empresas productoras para cubrir la diferencia entre ingresos y costos. Sólo en subsidios a la energía se gastaron en el último año $ 170.300 millones, un aumento de 4.123% desde el año 2006. En términos de PBI, los subsidios a la energía, al agua y al transporte llegaron a un máximo del 5% en 2014.
Este crecimiento del gasto contribuyó a generar un déficit fiscal que, al ser financiado con emisión monetaria, resultó en una de las mayores inflaciones del planeta. De este modo, reducir el gasto en subsidios contribuirá a reducir la inflación.
La calidad del servicio mejorará
Como siempre sucede con los controles de precios, el congelamiento tarifario generó un enorme incremento del consumo que no fue acompañado por la producción. Así, terminamos con un servicio energético deteriorado que no llegó a abastecer a la demanda. En un reciente informe publicado por el gobierno, se explicaba que los cortes en la provisión de gas a la industria pasaron de 3% en 2003 a 17% en julio de 2015. En la región metropolitana de Buenos Aires, los hogares estuvieron, en promedio, 32,5 horas sin luz en 2015. En 2003 las horas promedio sin luz habían sido nada más que 8,3. Es decir, los cortes se cuadruplicaron en 12 años. Revertir estas políticas redundará en una mejora del servicio a los usuarios.
Habrá más inversiones
Un último punto a hacer sobre este tema es la importancia de terminar con el sistema de control de precios. Según datos oficiales, desde 2001 a 2012, el congelamiento hizo que el monto pagado por la electricidad de los hogares cayera un 80% en términos reales. O sea que el kirchnerismo, por ley, prácticamente obligó a las empresas a regalarles la luz a los usuarios. En un clima de semejante arbitrariedad hay que ser muy arriesgado para decidirse a invertir en el país.
En este sentido, una adecuación de las tarifas a niveles más razonables, y el fin de las políticas de controles de precios generarán un marco mucho más favorable a la inversión. Y, con más inversión, habrá mayor producción, mayor demanda de trabajo y un aumento de los salarios reales.
En conclusión, nadie dice que los ajustes no golpeen el bolsillo. Pero sí hay que aclarar dos cosas. En primer lugar, que el golpe al bolsillo no es responsabilidad del que está destapando la olla de los controles de precios y la inflación, sino del que instauró ese sistema insostenible. En segundo lugar, que si jueces y gobernadores no siguen poniendo palos en la rueda, más rápido llegará la recuperación económica, más rápido bajará la inflación y mejor calidad tendrán los servicios públicos que todos utilizamos.
Publicado originalmente en Inversor Global.
