La difusión oficial de las cuentas públicas del primer semestre de 2016 ha puesto en evidencia la dificultad para reducir el cuantioso déficit fiscal heredado. Las ruidosas reacciones frente a aumentos tarifarios imprescindibles para reducir los subsidios pusieron en evidencia que el camino de achicamiento del gasto es extremadamente difícil. Se consideraba que el ajuste de las tarifas era prioritario respecto de la reducción del empleo estatal o del recorte de los planes sociales o las asignaciones familiares. El gobierno de Macri no intentó reducir el desequilibrio fiscal mediante el consabido ardid de devaluar y no ajustar las jubilaciones o los salarios públicos. A pesar de ello las resistencias sociales se hicieron oír y encontraron un fundamento en la magnitud de los aumentos tarifario sin considerar la caída de valor real durante trece años de congelamiento, ni la comparación con las tarifas de otros países de la región, ni con los costos de los servicios.
Contra una inflación del 38,5% entre el primer semestre de 2015 y el mismo periodo de 2016, el déficit primario creció en términos nominales un 27,5 %. Los ingresos aumentaron un 26,9 %, diferenciándose la evolución de los recursos tributarios (+24,3 %) a la de los aportes de seguridad social (+34%). Resulta claro el efecto del recorte de las retenciones y el aumento del mínimo no imponible de Ganancias.
El gasto primario creció prácticamente al mismo ritmo que los ingresos (+26,9%). La contención del gasto descansó en alguna medida en cierto retraso de los salarios públicos, no en las jubilaciones, y en menor proporción en la reducción de personal, pero principalmente en la reducción de la inversión pública que disminuyó 4,1% en valor nominal. En rigor, al computarse las erogaciones por lo pagado y no por lo devengado, lo que refleja esta disminución es una política fuertemente restrictiva en los pagos y en el avance de las obras ya contratadas. La contrapartida fue seguramente un aumento de la deuda con contratistas y proveedores.
El comunicado oficial muestra el déficit financiero sumando el déficit primario más los intereses de la deuda pública, lo que es correcto, pero computando las “rentas de la propiedad” del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES como un ingreso, lo que es incorrecto. Estos no son ingresos genuinos sino formas de financiar el déficit fiscal. Si se excluyen estas peculiares rentas de la propiedad, el déficit financiero en el primer semestre de 2016 fue de $ 217.039,7 millones de pesos. La comparación de esta medición con una similar para el primer semestre de 2015 muestra un aumento de 39,5%, algo más alto que la inflación. Esa cifra anualizada equivale a 5,7% del Producto Bruto Interno. Si se le suman los déficits de provincias se llega a cerca de un 7% del PBI.
En definitiva, durante los primeros seis meses de gestión no ha sido posible reducir el déficit fiscal. El segundo semestre deberá incluir plenamente los aumentos salariales acordados con UPCN y ATE y además habrá una aceleración ya anunciada de la inversión pública. Los gobiernos provinciales están reclamando el cumplimiento de los acuerdos y de las sentencias judiciales por la devolución del 15% retenido de la masa de recursos coparticipables. Por otro lado el blanqueo dejará al fisco alrededor de un 7% del monto acogido, pero al mismo tiempo el plan para los jubilados incluido en la misma ley demandará un pago inicial del orden de 5.000 millones de dólares. Para que esto no acreciente el déficit fiscal debieran blanquearse más de 70.000 millones de dólares. Es posible pero desafiante.
El gobierno decidió aplicar una política monetaria dura para reducir la inflación. Ha limitado en la mayor medida posible la emisión y cuando lo ha hecho ha absorbido mediante la colocación de letras con altas tasas de interés. En consecuencia el déficit fiscal se está financiando con endeudamiento. Si el desequilibrio no se reduce, la deuda pública en relación al PBI crecerá a ese mismo ritmo. Esto no es aceptable y llevaría la solvencia del estado argentino a zona de riesgo. Es imperativa la reducción del déficit por el único camino que es la disminución del gasto público. No hay espacio para aumentar la presión tributaria. Antes bien, aún debe ser disminuida. Debe consensuarse con los gobiernos provinciales y con la oposición política, la estrategia de reducción del gasto actuando sobre tres frentes: las reformas administrativas; la reducción gradual de los subsidios a la energía y al transporte, y la reconversión de los planes sociales. En la medida en que se actúe coordinadamente es posible reducir e incluso compensar debidamente los efectos sociales de estos programas. La respuesta del sector privado será esencial. En este sentido será clave la confianza que genere un curso creíble hacia el equilibrio fiscal, todavía ausente, en el marco de recuperación institucional que el actual gobierno ya ha logrado
