Por Daniel Rybnik para Infobae.-
Por estos días se lee y se escucha insistentemente, frente al nuevo blanqueo y la moratoria impulsados por el Gobierno mediante la ley 27260, el latiguillo de que hay que entrar y que debe hacerse por el total de los bienes no declarados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), o sea, sin dejar nada afuera del control estatal.
Estas opiniones repiten al unísono el argumento de los beneficios y las oportunidades que presenta el nuevo régimen y pueden dejar en mucha gente la sensación de que no hay otro camino que el que conduce a la exteriorización, y con carácter total, no parcial.
Lo que numerosas personas y familias que trabajaron y ahorraron toda o parte de su vida se preguntan es si realmente vale la pena acogerse al blanqueo o a la moratoria, tal vez porque conocen o intuyen que quedarán más vulnerables frente a la fuerza del Estado y temen verse inmersos en una suerte de cárcel en la que su capacidad de elegir, planificar y negociar quede reducida significativa o directamente a la nada misma.
Por necesidad, conveniencia u otros motivos, una porción cada vez más grande de la población mundial desea mantener o desplazar sus trabajos y sus ahorros fuera de la órbita de las regulaciones estatales. Por eso, la llamada economía en las sombras crece sin detenerse.
A medida que avanza la presión de los Gobiernos por el cumplimiento de las regulaciones financieras y las cargas tributarias o el sistema C, más gente se lanza hacia el universo de la economía colaborativa sin impuestos, regulaciones cambiarias, leyes laborales o protección de la propiedad intelectual, por caso, apodado por Robert Neuwirth sistema D, que en algunas regiones alcanza el 60% del PBI.
La realidad es que la profecía del ministro Alfonso Prat-Gay: “No habrá lugar donde esconder la plata”, aun con la pretendida eliminación del efectivo que alardea el banquero central Federico Sturzenegger, no tiene asidero, a menos que se implemente un régimen de vigilancia totalitario como el del Gran Hermano que describe George Orwell en 1984, ya que, de lo contrario, siempre quedarán espacios fuera del radar estatal, tal como alecciona Adam Dubove en su columna: “Los nuevos billetes de 500, ¿y los últimos?”.
Ya se sabe que Estados Unidos no participará del anunciado intercambio automático de información fiscal que se planea implementar entre algunos países desde el año 2017. Si bien se publicitó el inicio de tratativas, lo cierto es que con la Argentina no tiene un acuerdo bilateral que autorice a brindar información con fines fiscales, y que con los países que comparte información no está comprometida la de los socios de las sociedades que posean activos u obtengan rentas, ya que Estados Unidos por ahora no revela los datos de los beneficiarios efectivos últimos o finales.
Por otro lado, los rendimientos y los bienes reportables son los registrados a favor de los titulares de ciertas cuentas en instituciones financieras, por lo que quedan afuera todos los bienes de la economía real y las operaciones que no pasan por las cuentas de esos titulares y que no superen ciertos montos, además de que juega a favor que siempre se encuentran limitados los períodos fiscales involucrados y se conocen de antemano. Por ejemplo, Suiza y Uruguay supuestamente lo harán operativo recién a partir del 2018 o 2019.
La ascendente aceptación del Bitcoin puede explicarse por los problemas de transporte y depósito de los activos tangibles como el efectivo y el oro, y los incontables daños patrimoniales causados a lo largo de la historia por las políticas monetarias y fiscales de los Gobiernos, más la ascendente penetración de las agencias estatales en las acciones privadas de las personas y los grupos humanos. Como señala Jon Matonis para Forbes, el Bitcoin puede transformarse en la moneda del sistema D.
El menú de opciones para lograr algún resguardo frente al accionar estatal que avanza bajo el eufemismo de “transparencia fiscal internacional”, además de las monedas virtuales, incluye a los países que no intercambian información, los bienes de la economía real, estructuras más sofisticadas, variantes más tradicionales, como el efectivo, las piedras preciosas y los metales, y el sinfín de opciones existentes y por crearse gracias a la creatividad humana.
La propia directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, alertó recientemente sobre el mayor riesgo a sufrir una crisis financiera en los mercados emergentes debido al creciente abandono o achicamiento de las operaciones por parte de los bancos de Estados Unidos y Europa, por las costosas normativas para combatir el lavado de dinero, con los ejemplos del Santander, que se retiró de Chile y Colombia; del HSBC, que dejó Chile, México y Panamá; del Citibank, que está yéndose de República Checa, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Guam, Guatemala, Hungría, Japón, Nicaragua, Panamá y Perú, además de la anunciada salida del negocio minorista de Argentina, Brasil, Colombia y Corea.
Por eso, una de las cuestiones a tener en cuenta frente a los riesgos y los peligros que implica entrar en el blanqueo es si el Gobierno puede producir un salto a la calidad al eliminar las causas que generan el crecimiento de la economía informal y la fuga de capitales, que están en el tamaño y el accionar mismo del conglomerado estatal, que agobian a la economía y ponen en peligro la privacidad, más que a atacar los blindajes que encuentra la gente para sortearlas.
*El autor es abogado, profesor y doctorando (UBA). Magíster en Derecho (Fordham University). Fundador de EnterPricing.
