Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso.Doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata y Profesor Titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Sus investigaciones han sido recogidas internacionalmente y ha publicado libros y artículos científicos y de divulgación. Se ha desempeñado como Rector de ESEADE y como consultor para la University of Manchester, Konrad Adenauer Stiftung, OEA, BID y G7Group, Inc. Ha recibido premios y becas, entre las que se destacan la Eisenhower Exchange Fellowship y el Freedom Project de la John Templeton Foundation.
El cálculo es demasiado simple y puede ser cuestionado de muchas formas. No proviene de ningún estudio profundo sobre el tema sino de una simple mención en un artículo que poco tiene que ver con el asunto. Se trata de un dato que aparece en una nota publicada en La Nación, dirigida principalmente a explicar la visión que tienen algunos empresarios sobre el futuro de las inversiones y los negocios en Argentina:http://www.lanacion.com.ar/1925442-los-secretos-que-llegan-desde-el-hoyo-19
Pero allí, se menciona esto: “Es justamente en Tierra del Fuego donde el gobierno de Macri decidió continuar con los beneficios impositivos de unos $ 14.000 millones. Se trata de unos 13.000 puestos de trabajo que se generan allí a través de 13 plantas. Sin embargo, la matriz productiva está comenzando a cambiar. Si bien se mantienen los equipos de TV, acondicionadores de aire y celulares producidos localmente, hoy se dejaron de fabricar los decodificadores de TV (se liberó la importación) y los equipos de PC y notebooks van camino a la extinción.”
Uno podría interpretar esto como que el estado está poniendo 14 mil millones de pesos para sostener unos 13.000 empleos. Desde esa perspectiva, significa que cada trabajo le cuesta un millón anual aproximadamente (si usamos el resto para tomar en cuenta el sueldo anual complementario), o casi 90.000 pesos por mes por puesto de trabajo creado. Casi 6.000 dólares por mes. Está claro que si hubiera tales sueldos, están muy por encima del promedio del resto del país, donde el salario mínimo de un supervisor es de 7756 pesos, o sea unos 517 dólares, aunque no sea un buen referente del salario promedio en el país.
Además, esto da como resultado que los argentinos terminan pagando celulares u otros equipos electrónicos a precios varias veces superiores a los que se consiguen en el mercado internacional. En tal sentido, parecería ser un negocio para todos, pagarles un sueldo, que tal vez no sería tan alto y que se queden en su casa. El estado gastaría menos, y los demás compraríamos celulares a precios internacionales.
Claro, se dirá que no hay que contar solamente esos puestos de trabajo, ya que se originan otros como resultado de esta actividad. Pero, veamos, los empleos que se generan a partir del consumo que realizan esos trabajadores serían los mismos: ellos van a gastar en supermercados o ir a peluquerías tanto sea que reciban su ingreso de su trabajo subsidiado o de un cheque por no hacer nada. Quedaría la actividad que las industrias generan por adquirir insumos y otros gastos. Estos no son muchos tampoco porque estas empresas simplemente lo que hacen es armar equipos que vienen de afuera, y en algunos casos arman equipos luego que fueron desarmados para ingresar como partes y piezas.
Pero el tema que quier tratar aquí es otro. Tiene que ver con la frase anterior de que “el estado está poniendo 14 mil millones de pesos para sostener unos 13.000 empleos”. Quiero cuestionar esta interpretación, porque el estado no está “poniendo” si se trata de exenciones impositivas, sino que se está absteniendo de “tomar”, como lo hace en el resto del país.
En tal sentido, el reclamo, tal vez, no debería ser que se acaben estas exenciones, sino que se extiendan a todo el resto del territorio.
