Presidente del Club de la Libertad de Corrientes.
El debate contemporáneo ha instalado una falacia tan clásica como burda. Propios y extraños defienden la idea de que los cambios no pueden ni deben hacerse porque no están dadas las condiciones mínimas para llevarlos adelante dado el elevado costo social que provocaría hacerlo.
Es esa visión la que detiene a muchos en el camino hacia lo correcto y, bajo esa perspectiva, empiezan a pergeñar retorcidos atajos, senderos alternativos y discursos siempre funcionales para finalmente sortear las imprescindibles determinaciones que se necesitan.
Obviamente, los más interesados en no dar pasos firmes en el trayecto apropiado son justamente los que gobiernan, que no están dispuestos en realidad a hacer lo necesario, sino que prefieren dejarle esa incomoda labor a otros, a los que puedan venir después, que por otra parte jamás llegan.
Desde cualquier posición política, transmiten a viva voz esta idea de que no se pueden concretar ciertas acciones porque eso implicaría que una parte importante de la sociedad pagaría los platos rotos, como si postergar la decisión resolviera el problema de fondo y no lo agravara aún más.
Quienes inspiran esta mirada no lo dicen, ya no porque no lo identifican, sino porque se suman al engaño institucionalizado que la política instrumenta sistemáticamente desde hace décadas, escondiendo la realidad.
La verdad es que no están dispuestos a hacerlo por el costo político que eso conlleva y no por el costo social que se deriva de las eventuales decisiones adecuadas. Claramente esos dos conceptos no son idénticos.
El supuesto costo social, al que ellos se refieren, se ampara en la hipotética imposibilidad práctica de los sectores más vulnerables para adecuarse, en esa transición, pasando de su situación actual a otra con reglas de juego diferentes, que demandan significativos esfuerzos adicionales.
La otra cara de la moneda, esa que les preocupa, es la del costo político, vinculado al apoyo electoral que precisa cualquier gobierno para llevar adelante su gestión y tener sustentabilidad durante ese proceso.
La política le tiene miedo a sus propios costos y no a los de la gente. No les asusta como se adaptará la sociedad a esa nueva dinámica más sensata y racional, más equitativa y justa. Les preocupa solo la próxima elección y su supervivencia frente a los embates de su circunstancial opositor de turno.
Por esos motivos implementan un discurso mentiroso, donde el embuste está en el centro de la escena. Falsifican la realidad no solo a la sociedad en su conjunto haciéndoles creer que muchas medidas son absolutamente irrealizables, sino que manipulan a sus propios partidarios, instigándolos a recitar sin pensar, ideas que no resisten demasiado análisis pero que han conseguido instalarse en la agenda política general.
Lo que no cuentan, lo que no dicen, lo que ocultan deliberadamente, es que el supuesto costo social que intentan evitar, protegiendo a los más débiles y que la comunidad no parece dispuesta a tolerar, se paga igualmente todos los días y sin ningún tipo de contemplaciones.
La astucia del sistema ha consistido en inyectar veneno de un modo imperceptible, disimuladamente, sabiendo que lo hace, lo que convierte su ejecución en una perversidad gigante de los implementadores y de quienes asumen cotidianamente la responsabilidad de continuarlas hasta el infinito.
No solo los creadores de este engendro tienen la culpa. Claro que son ellos los que han fabricado este monstruo, pero eso no exime de responsabilidades a quienes, pudiendo encaminarse en la dirección opuesta sostienen este nefasto régimen sin ningún tipo de atenuantes.
Mantener la vigencia de infinitos planes sociales y la endemoniada estructura de subsidios con la transferencia de recursos que eso implica, en la mayoría de los casos desde los sectores que menos tienen hacia los de mayor poder adquisitivo, es una actitud ruin e imperdonable.
La pérfida dinámica impositiva de este tiempo le hace creer a demasiada gente que recibe cuantiosas ayudas, que ciertos servicios son gratuitos, que los paga alguien que no son ellos mismos, cuando en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario.
Los ciudadanos, sin registrarlo, pagan por esto todos los días. Los supuestos beneficiarios de esos privilegios financian esta fiesta con exagerados impuestos e inflación, con corrupción y despilfarro, sosteniendo una estructura parasitaria, ineficiente e incapaz de gestionar con calidad.
La sociedad paga desproporcionados tributos para sostener un aparato político cuya ingeniería letal ha sido construida durante años. Más de la mitad de los ingresos que los individuos crean con su propio esfuerzo quedan en manos de los diferentes estamentos del Estado que a cambio ofrece, invariablemente, servicios de dudosa calidad.
No es cierto que los cambios no se puedan concretar. Lo que no quieren reconocer es que hacerlo implicaría desmantelar la maquinaria política que han edificado y es ese costo, y no otro, el que no están dispuestos a pagar.
La clase política ha logrado instalar la inmoral idea de que la sociedad debe hacerse cargo de sostener un Estado caro, ineficaz e injusto. Lo debe hacer sin chistar y además debe soportar hasta el infinito que los problemas que nacen de esa dinámica jamás encuentren soluciones definitivas.
Aunque no se logre percibir con suficiente claridad, la mayoría de la gente no ha logrado evitar eso a lo que tanto parece temerle, gracias a sus cuestionables creencias. No deberían asustar los cambios, sino la eterna continuidad de un esquema que genera cada vez más inconvenientes y que jamás ha conseguido esquivar el ineludible costo social.
