Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso.
Profesor de Finanzas e Historia Económica, Director del Centro de Estudios de Historia Económica y miembro del Comité Académico del Máster de Finanzas de la Universidad del CEMA (UCEMA). Profesor de finanzas en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (2013-14). Licenciado en Economía UBA (1985) Master of Business Administration (MBA) de la la Universidad de Chicago (1990). Autor de numerosos libros y artículos académicos sobre historia, economía y finanzas.
LA NACIÓN – Si quedaban dudas sobre el fin de la “luna de miel” del Gobierno, el fallo de la Corte las despejó. El debate que se suscitó por las tarifas patentiza el dilema irresuelto de la Argentina: ¿quién paga el costo de las reformas estructurales necesarias para que el país crezca de manera sostenida?
Es un dilema que comenzó a manifestarse hace un siglo, primero levemente y luego con fuerza, después de la crisis del 30. A partir de entonces se fue abriendo una brecha cada vez más grande entre la realidad y el ideal de progreso al que aspiraba la mayoría de los argentinos.
La famosa “grieta” de la que tanto se habla es también reflejo de esa brecha. Para cerrarla, la sociedad argentina tiene dos opciones. La primera requiere reformas estructurales que inevitablemente imponen costos a corto plazo, pero que a mediano plazo permitirán al país retomar la senda del progreso. La segunda es la solución facilista que ofrece el populismo y que tantas veces hemos ensayado sin éxito.
Esta solución consiste en cerrar la brecha confiscando recursos a grupos fácilmente identificables y con poco, o ningún, peso electoral. Es una solución que con el paso del tiempo se hace cada vez más difícil de implementar, ya que las víctimas del expolio desarrollan mecanismos de autodefensa. Pero es una solución de corta vida. Inevitablemente, cuando se agotan los recursos, el populismo entra en crisis. El problema es que en cada iteración empezamos de más atrás.
El último experimento populista no sólo profundizó los problemas estructurales subyacentes, sino que además dejó niveles de gasto público y déficit fiscal insostenibles. La pregunta que nos hacemos todos es si el nuevo gobierno podrá resolver todos estos problemas.
Es interesante trazar un paralelo con la presidencia de Frondizi, con la cual Macri se identifica. Ambos gobiernos plantearon un cambio de paradigma, ambos heredaron un enorme déficit fiscal y ambos enfrentaron una situación política complicada. La de Frondizi aún más, porque tenía que lidiar con el peronismo y los militares. A pesar de estos condicionamientos, pudo avanzar rápidamente con reformas estructurales. Macri enfrenta un peronismo fragmentado y las encuestas indican que todavía tiene una buena imagen. Pero la gobernabilidad se muestra complicada.
Esto nos lleva a otra cuestión: gradualismo vs. shock. Según Rogelio Frigerio, mano derecha de Frondizi, la solución a los problemas estructurales argentinos requería medidas drásticas que eran incompatibles con una “concepción gradualista”. Claramente, Macri no parece compartir este diagnóstico. Gobernabilidad y gradualismo no siempre van de la mano.
Otra cuestión tiene que ver con la gestión de gobierno. Aunque la estructura del gabinete económico de Frondizi durante su primer año tenía ministros de Trabajo, Hacienda y Obras Públicas, las riendas de la política económica las llevaba Frigerio, que era secretario de Relaciones Económico-Sociales. En el gabinete de Macri hay una mayor dispersión de poder y nadie ocupa el rol que ocupaba Frigerio con Frondizi. Por lo tanto, hay más riesgo de que la falta de coordinación complique la ejecución de la estrategia. Algo de eso se percibe.
Sin embargo, Macri tiene dos virtudes poco comunes en un político argentino. En primer lugar, no deja que su ego sea un obstáculo para encontrar soluciones. Segundo, sabe manejar los egos de los miembros de su equipo. Además, tiene la mentalidad pragmática de un ingeniero e ideas claras acerca de adónde quiere llevar el país. Mientras mantenga su liderazgo y sus ideas, el organigrama es secundario.
Lo que no es secundario es un plan antiinflacionario. Si es que lo tiene, el Gobierno aún no lo ha anunciado. Tampoco ha explicitado lo suficiente cómo alcanzará los objetivos fiscales que se propone. Frondizi anunció su primer plan de estabilización a los ocho meses de iniciada su gestión. Según Frigerio, el plan estaba diseñado antes de asumir, pero su anuncio se retrasó por cuestiones políticas.
Cuanto más tarde el Gobierno en comunicar de manera detallada un plan integral de estabilización y de reformas estructurales, menos probabilidades de éxito tendrá su estrategia gradualista y más se complicará la gobernabilidad. Este plan debe lidiar con la pesada herencia fiscal. Mayor emisión monetaria, mayor endeudamiento y/o la suba de impuestos profundizarán el problema en vez de resolverlo. La credibilidad que ha generado el nuevo gobierno en los mercados internacionales es un arma de doble filo. Sería un error recurrir al endeudamiento externo para financiar un gasto público tan gigantesco como improductivo. Para que la economía argentina sea viable a mediano plazo, reducir el gasto es el único camino.
Pero avanzar por este camino presenta un obstáculo formidable: el fuerte apego cultural a la solución facilista. Aquí está el nudo gordiano que bloquea el progreso de los argentinos. En cuanto al fallo de la Corte, su efecto inmediato -suspender el aumento de tarifas y exigir audiencias públicas- no es tan problemático como algunos de sus fundamentos, que abren la puerta a la judicialización discrecional de la política económica y agregan una incertidumbre que conspira contra las inversiones que el país necesita.
