Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso. Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Es consultor económico y Profesor titular de Economía Aplicada del Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica del Master de Economía y Administración de CEYCE.
Una política económica que va logrando sus objetivos de crecimiento no necesita aumentar los planes sociales, los disminuye
Si uno tuviera que definir cuál es el desafío mayor para solucionar el problema económico heredado del kirchnerismo, un problema monumental por cierto, inevitablemente tiene que señalar el institucional, entendiendo por institucional las normas, reglas, códigos, leyes y costumbres que rigen en un país y regulan las relaciones entre los particulares y entre los particulares y el estado.
Ahora bien, esas reglas, normas, códigos, leyes y costumbres surgen, en última instancia, de los valores que predominan en una sociedad. Si en una sociedad todos quieren vivir a costa del trabajo ajeno, vamos a tener un orden institucional de saqueadores. Todos robándose a todos usando al estado como el gran ladrón. Es decir, el estado usando el monopolio de la fuerza para quitarle el fruto de su trabajo a un sector para dárselo a otro. Ese saqueo generalizado desestimula la cultura del trabajo, la inversión y, en definitiva, reduce la riqueza y lleva a la pobreza.
Cuando uno lee el comunicado de prensa del Ministerio de Economía que describe Aspectos Relevantes del Proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional 2017 se encuentra con frases como esta: “Las políticas presupuestarias para el Ejercicio 2017 referidas a la política social, seguirán siendo la prioridad del Gobierno Nacional, con el objetivo de avanzar hacia “Pobreza Cero”. Para esto, se seguirá extendiendo la asistencia del Estado y ampliando el alcance de sus políticas sociales”. Es decir, se insiste en generar planes sociales en vez de trabajo. Una política económica que va logrando sus objetivos de crecimiento no necesita aumentar los planes sociales, los disminuye. No pretendo que de un día para otro se elimine la totalidad de los planes sociales, pero sí pretendo que no se sigan ampliando como una forma de vida. Insisto, una política económica exitosa logra reducir los llamados planes sociales, una política que fracasa en atraer inversiones y crecer, incrementa los planes sociales. En mi opinión es función de los gobernantes, particularmente de los estadistas, ir mostrando el camino de la dignidad del trabajo y lo denigrante de los planes sociales. Podrá argumentarse que el oficialismo necesita en 2017 ampliar su fuerza en el Congreso. Que necesita tener más poder político para poder frenar los embates del kirchnerismo. Ahora bien, si la única manera de ganar elecciones y frenar al peronismo es con sus mismas políticas, entonces estamos en un problema.
Insisto por enésima vez. No estoy diciendo que mañana hay que firmar un DNU anulando todos los planes sociales, solo estoy diciendo que corresponde a un buen gobernante actuar como guía en la cultura del trabajo. En los valores que deben imperar en una sociedad.
En última instancia todas las crisis monetarias, inflacionarias, cambiarias y corridas financieras tuvieron su origen en crisis fiscales, y las crisis fiscales se generaron a partir de un gasto público imposible de ser sostenido por el sector privado. Por otro lado, la enorme carga tributaria que pesa sobre la población que trabaja en blanco se origina en la necesidad de financiar ese gasto público desaforado que, por competencia populista, va aumentando de elección en elección para ganar votos ofreciendo más planes “sociales”, empleo público y subsidios de todo tipo.
Lo que quiero transmitir es que el gasto público y la presión tributaria, con las consecuentes crisis periódicas, no crecen y se producen por generación espontánea. Hay una demanda de populismo y una oferta de populismo. La gente demanda más gasto público con la esperanza que otro pague la cuenta. Y como nadie quiere pagar la cuenta el estado cada vez asfixia más al sector privado formal para quitarle recursos y financiar el gasto.
Lo normal es que los impuestos nunca alcancen y se termine financiando el gasto con deuda que finalmente también se defaultea por el aumento del gasto que generan los impuestos que devenga y con emisión monetaria, hasta que la inflación destruye la popularidad del gobierno de turno. Es decir, siempre terminamos en una crisis por problemas fiscales derivados del aumento del gasto público. Pero nuevamente, ese aumento del gasto público es fruto de los valores que imperan en la sociedad. “Valores” como sentirse con derecho a que otro me mantenga, me pague la vivienda, me de protección a la competencia de las importaciones, me subsidie la producción. Todos piden gasto público, que pasa por el presupuesto o que no pasa por el presupuesto pero que en definitiva es costo fiscal o peso para el resto de los sectores de la sociedad.
Si aceptamos que los desbordes de gasto público derivan en crisis fiscales y que el aumento del gasto público es consecuencia de los valores que imperan en la sociedad, esas 17 páginas que leí sobre las características del proyecto de ley de presupuesto que el Ejecutivo acaba de enviar al Congreso, no hacen más que consolidar esos valores que destruyeron la Argentina porque insisten en el subsidio, el asistencialismo estatal y el populismo en general.
No encontré en esas 17 páginas una sola frase en la que se diga que esos planes son transitorios, que el esfuerzo no lo hace el estado sino que lo hacen los sufridos contribuyentes y que el que recibe esos planes sociales tiene que estar agradecido con el contribuyente que lo mantiene mientras encuentra trabajo.
Para colmo, luego de 12 años de keynesianismo exacerbado, nos proponen reactivar la economía con más gasto público. Ni Keynes hubiese formulado semejante propuesta con esta tasa de inflación.
En definitiva, lo preocupante del texto del Ejecutivo sobre el presupuesto es que ni siquiera contiene un discurso que remarque la transitoriedad del asistencialismo populista. Diría que hasta contradice las declaraciones del mismo Macri cuando afirma que hay que generar inversiones y crear puestos de trabajo.
En síntesis, para cambiar en serio hay que comenzar a tener otro discurso. Un discurso que muestre como transitorio y excepcional el asistencialismo estatal y que no es el estado el que lo financia, sino el contribuyente. Personas de carne y hueso que están obligados a trabajar para mantener a su familia y a familias que no conocen.
Al menos empecemos por cambiar el relato de lo bueno que son los políticos con la plata ajena y dejemos en claro que estos no son recursos que caen del cielo como el maná, sino que es dinero que se le quita al contribuyente. No es un acto bondadoso del político, es un sacrificio que hace la gente que trabaja en blando. Ahí empezaremos a cambiar los valores que vienen destruyendo la Argentina desde hace 70 años.
