Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
En septiembre pasado, el presidente Mauricio Macri anunció un proyecto de ley de mecenazgo cultural. Según la agencia Télam, “lo que se busca con este tipo de leyes es poder inaugurar una vía directa y transparente de financiación de proyectos culturales de interés social a través de aportes de empresas privadas, que se desgravarían de sus respectivos aportes fiscales”[1]
El ministro de cultura Pablo Avelluto estimó que el programa podría acrecentar la inversión cultural en dos mil millones de pesos anuales, lo cual, de repetirse anualmente, “en (…) poco tiempo impactaría sobre la formación de artistas, en el mercado del teatro, los colectivos de danza, el mantenimiento de monumentos y sitios históricos, la modernización de museos y otros aspectos que hoy están buscando financiamiento”[2].
Es claro que el proyecto habría de tener un impacto social notable; sin embargo, frente a la realidad educativa que enfrenta la Argentina, es lícito preguntarnos por qué no evaluar una legislación de mecenazgo educativo dotado de una lógica similar, dirigido a aquellos niños que menos tienen y más lo necesitan.
¿Por qué no generar incentivos fiscales que faciliten el funcionamiento de escuelas privadas de excelencia, gratuitas, religiosas o laicas, en zonas profundamente carenciadas?
En Uruguay existe una legislación de dichas características. La misma permite el funcionamiento de escuelas como el liceo de la Iglesia Católica Jubilar y el liceo laico Impulso. Ambos, centros educativos gratuitos de gestión privada que se financian con aportes de empresas o particulares, no reciben ninguna subvención del Estado y brindan educación secundaria a adolescentes que viven por debajo de la línea de pobreza, alcanzando rendimientos académicos comparables con las mejores escuelas del país[3][4].
El proyecto de mecenazgo cultural constituye un avance en pos de una mejor Argentina. Un proyecto similar de mecenazgo educativo constituiría su lógico complemento. Sin embargo, no ha sido propuesto, ni siquiera mencionado como una posibilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el costo de ello?
La Real Academia Española define el término tabú como la “condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar”. En educación es posible ilustrarlo mediante cualquier expresión que no haga defensa explícita de la educación pública, como lo es el mecenazgo educativo.
Una tragicómica ilustración de este hecho la provee la comedia de enredos que cerró la última campaña electoral uruguaya, que habría de culminar con la elección de Tabaré Vázquez[5].
Por años, el Frente Amplio se había opuesto a un sistema educativo que permitiese a los padres elegir la escuela a la que concurrirían sus hijos, independientemente de sus posibilidades económicas, argumentando que el mismo subvencionaría la educación privada en perjuicio de la educación pública.
El 21 de octubre de 2014, cinco días antes de la elección presidencial, Tabaré Vázquez mencionó en una entrevista la posibilidad de otorgar vouchers a estudiantes para asistir a instituciones privadas. Afirmó que accederían al beneficio quienes quieran y lo merezcan, tras una evaluación del Ministerio de Educación. Aclaró que no había una cantidad estimada de beneficiarios.
Tabaré inmediatamente se encontró bajo fuego amigo. El sindicato docente no tardó en oponerse, igual recepción encontró dentro de su partido. Mientras tanto, su candidato a vicepresidente, Raúl Sendic, intentaba calmar las aguas al afirmar que “el voucher es una herramienta transitoria que permitirá mantener una cobertura donde la infraestructura de la educación pública no está desarrollada, pero la gran apuesta es a la educación pública”.
Por su parte, la oposición presentaba una foto tan confusa como el oficialismo. El candidato a la vicepresidencia del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, acusó a Tabaré de proponer un modelo neoliberal: “Vázquez ha confesado que quiere privatizar la educación pública, porque eso significa el sistema de vouchers. Nosotros vamos a defender la educación pública, no como Vázquez y el Frente Amplio que renuncia a ella”.
Sin embargo, como señaló el senador por el Partido Nacional, Gustavo Penadés, la propuesta de Tabaré “es una vieja idea del Partido Nacional”, la cual la encontramos en todas las campañas electorales desde 1994 a la fecha.
Frente a la magnitud de la disputa, Tabaré, bajo fuego cruzado con una oposición que prefirió olvidar que alguna vez propuso la misma idea, el sindicato docente y su propio partido, aclaró en una nueva entrevista que su propuesta sería aplicada en no más de 30 casos excepcionales, dado que el principal compromiso del Frente Amplio era fortalecer la educación pública a la cual “le da preferencia absoluta”.
¡30 niños! A tres días de una elección presidencial Tabaré Vázquez debió dedicar su tiempo a explicar que su comentario sobre los vouchers estaba dirigido, como mucho, a 30 niños ¡Un absurdo!
Retornemos a nuestra realidad. ¿Qué mejor ilustración del término tabú? Al fin y al cabo la totalidad de la clase política, independientemente de representar al oficialismo o a la oposición, no considera siquiera analizar un proyecto de mecenazgo educativo, defendiendo la educación pública a rajatabla, mientras envían a sus hijos a escuelas privadas.
Es imprescindible terminar con el tabú que impide considerar siquiera un proyecto de ley de mecenazgo educativo. Es hora de instrumentar incentivos fiscales similares a los del país vecino que lo incentiven. Estoy seguro que muchas empresas lo llevarían cabo. A modo de ejemplo, el Grupo de Líderes Empresariales (LIDE), compuesto por Presidentes o CEOs de las principales empresas de nuestro país, explicita dentro de sus objetivos: “Sensibilizar al sector privado en los programas de alto impacto social, con prioridad en la educación”[6].
Si hacemos siempre lo mismo, no es posible esperar resultados distintos. Por ello, es hora de terminar con el tabú. ¿Qué mejor forma de propiciar una mayor igualdad de oportunidades para aquellos niños que menos tienen y más lo necesitan? ¿Qué mejor ejemplo de justicia social?
Una ley de mecenazgo educativo constituiría explícita evidencia de la férrea voluntad de Mauricio Macri de llevar a cabo una verdadera revolución educativa.
