Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
REVISTA CRITERIO – La decisión del presidente Mauricio Macri de enviar al Congreso un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la escolaridad a partir de los tres años es una iniciativa remarcable. Al respecto, el ministro Esteban Bullrich afirmó que “garantiza que todos lleguen al primer grado en igualdad de oportunidades” y agregó que “hay distintos estudios que marcan que el inicio desde los tres años de la educación mejora los resultados académicos de los niños y las niñas que pueden acceder”.
Por supuesto tiene razón y miles de niños cambiarán su destino de efectivizarse este proyecto de ley. La estimulación temprana es fundamental, como lo demuestran, por ejemplo, las contribuciones de James Heckman, Premio Nobel de Economía 2000.
Sin embargo, como bien señala el doctor Abel Albino, sinónimo en nuestro país de la lucha contra la desnutrición infantil, “para tener educación hay que tener cerebro. El 80% del cerebro se forma en el primer año de vida. Crece un centímetro por mes. La formación del sistema nervioso central está determinada en los primeros dos años. Si durante ese lapso el niño no recibe la alimentación y estimulación necesarias, se detendrá el crecimiento cerebral y no se desarrollará normalmente, afectando su coeficiente intelectual y capacidad de aprendizaje, corriendo el riesgo de convertirse en un débil mental. Con alimento y estímulo adecuado el individuo tendrá rapidez mental, capacidad de relación, de asociación”. Pan y cerebro.
Establecer la obligatoriedad desde la sala de tres años es un paso notable. Pero enseñar a un niño mal alimentado en sus primeros dos años de vida es como sembrar en el desierto. No es imposible, pero es mucho más caro y los recursos son escasos.
Retornemos a nuestra realidad. Un reciente informe elaborado por la Universidad Católica Argentina reporta que “la mitad de nuestros chicos padece de alguna forma de malnutrición antes de cumplir los dos años, solamente considerando anemia, baja talla, obesidad o bajo peso. Es decir que las consecuencias de una mala alimentación ya dejan su impacto en el momento de mayor crecimiento y desarrollo, donde se están conformando estructuras vitales”.
A diferencia de la administración de Cristina Kirchner, el Gobierno actual, lejos de desentenderse, ha admitido tan grave problema. Por ejemplo, firmó acuerdos con la Fundación Conin, dentro del marco del Plan Nacional de la Primera Infancia, lo que posibilitará abrir diez centros de prevención y tres de recuperación para casos severos de desnutrición, y colaborará en el fortalecimiento de otros veinte espacios de prevención que ya funcionan bajo la órbita de la Fundación.
No hay duda de que la dirección es la correcta, pero a mi entender la magnitud de los recursos aplicados no lo es. Esta nota pone en consideración del lector una propuesta respecto de cómo liberar más recursos para, probablemente, la mayor deuda social de nuestro país: la desnutrición infantil.
Para ello utilizaré un sencillo ejemplo de Paul Samuelson, Premio Nobel 1970, uno de los más grandes economistas de todos los tiempos. Pocos manuales introductorios han sido reeditados tantas veces como su famoso Economía. La primera edición se publicó en 1948 y ha sido traducido a más de 40 idiomas.
Generaciones de economistas comenzaron sus estudios con él y recuerdan la metáfora de Samuelson sobre la producción de cañones o manteca, la cual ilustra la necesidad de definir qué es más importante para una cierta sociedad en un momento determinado: destinar los escasos recursos existentes a la producción militar o a la producción de alimentos, presentando de una forma muy intuitiva el concepto de que todo tiene su costo; es decir, aquello a lo que debemos renunciar cada vez que tomamos una decisión.
La genialidad pedagógica de Samuelson llevó a un sencillo ejemplo escrito hace mucho más de medio siglo a perdurar en nuestra memoria, y a que sea de aplicación práctica en forma cotidiana, pues enfrentamos todos los días, en nuestra economía familiar, la necesidad de decidir en qué invertir los recursos escasos que poseemos. A nivel país, ningún gobierno puede dejar de enfrentar decisiones de estas características. En síntesis, recursos escasos frente a fines múltiples y de distinta importancia.
El Gobierno, como gestor económico de los bienes y recursos públicos, debe decidir en qué y cuánto gastar para maximizar los objetivos de la sociedad, tomando en cuenta la existencia de recursos limitados al hacerlo. Es claro que en nuestro país ha sido ignorado, con las consecuencias nefastas que todos conocemos. No es posible gastar permanentemente más de lo que tenemos. Nada es gratis y el presupuesto debe asignarse a las áreas de mayor impacto social. Apliquemos esta sencilla idea a la vergüenza de la desnutrición infantil.
¿Qué política es más inclusiva? ¿Dedicar un mayor presupuesto a asegurar una adecuada nutrición a todo niño durante sus primeros dos años de vida o mantener la gratuidad y el ingreso irrestricto a la Universidad, con los costos que implica, subsidiando a muchos alumnos que cursaron su escolaridad obligatoria en escuelas privadas?
¿No sería más socialmente eficiente becar a aquellos jóvenes que lo requieran y cuyo rendimiento así lo amerite, y quienes lo puedan hacer abonen sus estudios universitarios? Yo creo que sí. Un niño desnutrido en sus primeros años casi con certeza no accederá a la universidad. ¿Es justo que no tenga la oportunidad de hacerlo por el sólo hecho de haber nacido en un hogar humilde? ¿A qué nos referimos al hablar de inclusión o de igualdad de oportunidades? Hemos aprendido durante más de diez años que una cosa es el discurso y otra muy distinta la realidad de nuestro país.
Nada es gratis, la educación universitaria tampoco, y el ingreso irrestricto y la gratuidad para aquellos jóvenes que pueden pagar sus estudios impide asignar dichos recursos a otros fines, como el enfrentar la desnutrición infantil con mayor energía.
Planteo un tema tan políticamente incorrecto que ni siquiera se menciona en la discusión, pero es necesario ponerlo sobre la mesa. No se trata de falta de solidaridad con quienes desean concurrir a la universidad. Sencillamente propongo asignar recursos escasos a fines múltiples y de distinta importancia.
En este caso, pan y cerebro: la política educativa más inclusiva que el país puede llevar a cabo, por permitir que muchos niños ingresen a la sala de tres años en una mayor igualdad de oportunidades y no con un cerebro incapaz de asimilar conocimientos.
La incansable tarea del doctor Albino y la Fundación Conin en su lucha contra la desnutrición infantil lleva ya muchos años. El actual Gobierno ha dado muestras ciertas de apoyar tan importante iniciativa. Esta nota no pretende ser más que una muy pequeña contribución al proponer al lector preguntarse si se debe mantener la gratuidad universitaria.
Pan y cerebro. Nada es gratis, es hora de que la sociedad tome consciencia de ello.
