Emilio Apud es ingeniero industrial, director de YPF y ex Secretario de Energía y Minería de la Nación. Integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.
Energia y Negocios – Estamos donde nos dejó la feroz descapitalización del sector energético llevada a cabo por el kirchnerismo desde 2003. Esa es la causa de los trastornos que hoy lo afectan y sería redundante describirlos en este medio cuyos lectores saben en detalle lo sucedido y sus consecuencias.
La prioridad ahora es superar la crisis, lamentablemente no percibida por la población en su verdadera magnitud y luego poner en valor nuestros inmensos recursos energéticos renovables y no renovables.
Para ello, no es suficiente hacer bien los deberes en el sector, el problema energético está íntimamente ligado a variables macro, políticas, sociales, laborales y culturales. Entonces hay que corregir aspectos de gestión global de gobierno, seriamente deteriorados en los últimos 15 años.
La descapitalización es como la anemia, con la diferencia que en vez de requerir de una transfusión de sangre necesita una de inversiones. Pero las inversiones van a países donde, además de recursos atractivos y mercado, existen reglas de juego claras y perdurables en un marco de respeto irrestricto a las instituciones y a la ley. Y esos valores precisamente son los que ha socavado la gestión kirchnerista y es condición sine qua non restaurarlos.
Después de casi 15 años de cortoplacismo, discrecionalidad, corrupción, capitalismo de amigos, de no honrar las deudas ni cumplir con los fallos arbitrales, de falsear las estadísticas y alejarnos del mundo, entre otras barbaridades, se requiere de medidas coordinadas de varias áreas de gobierno además de las propias del MINEM.
En un clima enrarecido por el oportunismo político de la mayoría opositora, de no mediar un esfuerzo conjunto en la búsqueda de consensos, el proceso de recapitalización se verá demorado como ya lo está a raíz del gradualismo que la sociedad le impuso al Gobierno en el sinceramiento tarifario, gradualismo fogoneado por la oposición, los medios, la justicia y también por el propio Gobierno quien no supo comunicar ni en tiempo ni en forma las razones y los beneficios del esfuerzo que estaba requiriendo de la población.
Volver a ser atractivos para los inversores, significa una tarea ardua, ya que es necesario desterrar de gran parte de la sociedad, la fantasía del bienestar populista, en la que muchos creyeron ingenuamente factible in aeternum y otros, aun no creyendo, aceptaron a cambio de efímeros beneficios que ese sistema les otorgaba. Ocurrió un cambio cultural en la sociedad fruto de años de facilismo, impunidad, derechos sin obligaciones y falta de premios y castigos, que el gobierno deberá corregir, no obstante el tiempo y los costos políticos que significa.
Sin embargo el sector energético que hoy es un serio problema para el país, porque afecta a las cuentas públicas, a la balanza comercial, a la tradicional escasa productividad de nuestra industria, a las economías regionales y a la calidad de vida de los argentinos, puede, en un lapso no mayor a 8 años, transformarse en una eficaz palanca para nuestro desarrollo.
Debemos plantear formas de captar inversiones teniendo en cuenta el condicionante que significa el bajo atractivo que hoy tiene nuestro país como destino inversor. Pero el desarrollo no puede esperar el recupero del prestigio perdido para recién convocar inversores, en condiciones seguramente más convenientes que las actuales. Para salir de este brete deberíamos convocar a los inversores con una actitud abierta y objetiva ofreciéndoles más beneficios que los ofrecidos por otros países que compiten con el nuestro por esas inversiones pero que cuentan con buenos antecedentes. Y la forma sería renunciar transitoriamente a parte de los beneficios a los que en condiciones normales tendríamos acceso. Perogrullo diría que siempre es mejor un pequeño porcentaje de algo que 100% de nada.
Una estrategia de esa naturaleza además de acelerar la afluencia de inversiones, reduciría el tránsito por el purgatorio de nuestro país ante la evidencia de inversiones reales y exitosas. Luego de ese período, digamos de renunciamiento forzoso, que en el caso de la energía estimo en unos 4- 5 años, los inversores por venir lo harán sin ese plus de renta requerido por los pioneros al haber demostrado nuestro país, mediante las inversiones iniciales y los ajustes en la gestión de gobierno, que vuelve a ser confiable para el mundo.
Sin embargo en el sector petrolero sus protagonistas son renuentes a desprenderse de ventajas y beneficios no acordes con la realidad internacional y cuyas ineficiencias son cargadas compulsivamente a una sociedad cautiva en un sistema económico de los más cerrados del mundo. Nadie quiere tocar sus impropios beneficios. Así, las provincias se aferran a sus porcentajes de regalías y asechan con ingresos brutos y participaciones, sin contrapartida en negocios petroleros, el Estado nacional a sus inviables cargas tributarias, con retrasos en la inversión en infraestructura que permitiría reducir los costos de logística, los sindicatos pretenden seguir con privilegios exóticos logrados por presiones y coerciones, nunca por productividad. Y, por supuesto, las empresas que se han acostumbrado a vivir en nichos de confort con lo nuestro y de lo nuestro al abrigo de subsidios, precios sostén, y protecciones arancelarias
Como decía Einstein, “si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo” y en vez de establecer condiciones, deberíamos averiguar cuáles son las de un inversor para que se anime a venir a arriesgar su dinero hoy en la argentina. Claro que esas condiciones serán algo más exigentes que para Perú, Colombia o Australia, y otros países que no han tenido nuestra conducta al menos en el pasado reciente.
Las inversiones externas son el único camino que veo, ya que no hay ahorro interno y los cientos de miles de millones que la sociedad argentina puso a resguardo durante décadas de la rapiña populista, no se canalizarán por el momento a inversiones de riesgo que requieren de años de maduración , por más blanqueo que haya.
Debemos dejar de transferir a la sociedad ineficiencias y beneficios injustificados y el sector energético puede iniciar esa transformación dándole valor a los inmensos recursos potenciales que como el gas natural excede cientos de veces a nuestras necesidades. Hay que cambiar la relación mercado doméstico 80 y mundial 20 de nuestra economía. Recursos como los energéticos, mineros, ictícolas y agropecuarios, exceden ampliamente las necesidades de un mercado de 40 millones de personas, por lo tanto esa proporción debería invertirse mediante la incorporación de un modelo de valor agregado exportable donde la producción, los salarios, los beneficios, los impuestos saldrán de una masa genuina de recursos económicos. Así, estaremos cambiando el nocivo paradigma de los últimos 70 años “vivir por encima de nuestras posibilidades” y lo que es más grave “con lo nuestro” sostenido mediante el artilugio de la emisión o del endeudamiento y favoreciendo intereses corporativos a costa de la calidad de vida de la mayoría de los argentinos.
En la energía contamos con una herramienta magnífica para alcanzar esa transformación porque, además de los inmensos recursos energéticos renovables tenemos el segundo recurso mundial de gas. Y el gas será el combustible de la transición hacia una matriz energética global sin hidrocarburos antes que finalice este siglo, unos 70 u 80 años.
Solo en Vaca Muerta tenemos una riqueza enterrada de unos USD 1.400 billones, algo menos que tres PIB nacionales la que, para poner en valor, requerirá invertir unos USD 280.000 millones durante los próximos 50 años.
Ante este escenario lo peor que podría pasarle a nuestro país y en particular a las próximas generaciones es que no llegáramos a tiempo a extraer esa riqueza, antes que pierda valor económico. Es por eso que debemos enfáticamente empezar el desarrollo masivo del Shale gas empezando por Vaca Muerta, por su capacidad y estar en producción, creando las condiciones que mejoren el atractivo inversor, como mencioné antes.
El Gobierno debe dar señales claras de su compromiso en evitar que la sociedad continúe haciéndose cargo de las ineficiencias sectoriales y ventajas corporativas, en detrimento de su calidad de vida, también, conducir y explicar la transición del corporativismo a la competencia. Para lo cual deberá comprometerse a reducir el costo país, del que el Estado ha sido responsable por décadas de populismo, cerrando la economía, interviniendo los mercados y regulando en exceso toda actividad o emprendimiento económico. Bajo esas condiciones los sectores productivos en manos del sector privado ya no tendrán pretextos para no ser competitivo a nivel global o no replantearse si fuese necesario su core business.
