Economista especializado en Desarrollo Económico, Marketing Estratégico y Mercados Internacionales. Profesor en la Universidad de Belgrano. Miembro de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y Miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
LA NACIÓN – Cualquier empresario argentino conoce el excesivo peso de los impuestos en sus costos. Sin embargo, pareciera que el público y los políticos desconocen el impacto negativo que la presión impositiva produce sobre la economía. La Argentina tiene no sólo la más alta de América latina, sino la segunda en el mundo, salvo la isla de Comoros, en África, según el informe “Haciendo negocios”, del Banco Mundial. Es común oír que las grandes empresas en la Argentina evaden y pagan pocos impuestos. Con ese argumento se intenta defender que los impuestos no son un freno a la economía. Esto es erróneo.
Es cierto que hay fuerte evasión en la Argentina. Ésta es una de las consecuencias de la altísima presión impositiva. Pero es un error creer que quienes más evaden son las grandes empresas, que son controladas por el fisco y deben cumplir reglas internacionales o nacionales de transparencia exigidas por los mercados de valores, las calificadoras y los propios auditores. Cuando una empresa internacional decide una inversión incluye en el análisis todos los impuestos, sin considerar la evasión. Por lo tanto, una elevada presión impositiva nominal influye en la magnitud de las inversiones. Suele ser mayor la evasión en las pequeñas empresas y en las personas. La prueba es que, frente a tasas similares de imposición, la recaudación del impuesto a las ganancias de las personas es en nuestro país apenas un tercio de lo obtenido de las empresas, mientras que en el mundo ocurre lo contrario.
Para comprender el impacto impositivo veamos el caso de una compañía local de servicios de medicina prepaga en 2016. Para mantener el anonimato, se utilizarán los porcentajes verdaderos de incidencia pero referidos a un valor de ventas anuales de 1000 millones de pesos. La ganancia antes de impuestos, tasas y contribuciones es del 6,05% de las ventas, o sea, 60,5 millones de pesos. Es un porcentaje similar al que puede obtener una empresa semejante en los Estados Unidos. No obstante, una vez que se deducen impuestos, tasas y contribuciones, la ganancia neta resultante es de 3,93 millones de pesos, apenas el 0,39% de las ventas.
¿Quién invertirá en un país donde el Estado se queda con el 93% de las ganancias? Agréguense las contingencias que puede tener una empresa de salud, tales como juicios por mala praxis, regulaciones nacionales y municipales, control de los precios en un contexto inflacionario, conflictos laborales, reclamos de pacientes, carencia de insumos importados, huelgas, etc. Un bono del gobierno argentino paga un 7% de interés anual en dólares sin tener que hacer nada más que tomar el riesgo de prestar a la Argentina. Por eso es que no llega, ni puede llegar, una lluvia de inversiones. Con este nivel de impuestos sólo es posible invertir en sectores protegidos o subsidiados. Así, la mayor parte de la industria argentina vende sus productos a precios que duplican los de países abiertos y con menos impuestos, como Chile, Perú, Paraguay y México.
En el caso que ejemplificamos, de los 56,5 millones de pesos que se lleva el Estado, el 57% son impuestos nacionales y el 43%, de la ciudad de Buenos Aires, donde tiene domicilio la compañía del caso, principalmente el impuesto a los ingresos brutos.
Pensadores como Lao Tsé o Confucio sabían que los altos impuestos empobrecen los reinos. Entre los economistas modernos, Arthur Laffer ha difundido la tesis de que los altos impuestos generan pobreza. Laffer demostró que a partir de cierto punto la elevación de las alícuotas impositivas termina reduciendo la recaudación. Así que su disminución generaría un aumento de la recaudación basado en un más importante incremento de la producción. Hoy comprobamos que la cosecha argentina de trigo aumentó un 63% en volumen luego de eliminar las retenciones, sin que los productores dejen de pagar otros 95 impuestos. En este caso la respuesta fue inmediata debido a que el ciclo de inversión/producción es corto. En otros sectores la reacción requiere más tiempo, pero se producirá.
Es indispensable y urgente una reforma impositiva orientada a reducir el número de impuestos y bajar sus alícuotas. Pero en el caso argentino ello exigirá una disminución del gasto público, ya que el déficit fiscal y el ritmo de endeudamiento son elevados y no sería admisible incrementarlos más. Una reducción de la presión impositiva que recupere la competitividad exige una reforma del Estado que permita reducir el gasto público. Ambos procesos deben desarrollarse simultáneamente.
