En el marco de su tradicional ciclo de desayunos en el Hotel Feirs Park, realizados con el apoyo de la Fundación Naumann y RELIAL, la Fundación Libertad y Progreso presentó ayer su propuesta de reforma del sistema de coparticipación federal de impuestos. Manuel Solanet, director de la Fundación, fue el encargado de la presentación. “A partir de nuestra propuesta se alinearán los incentivos de forma correcta, ya que todo gobernador que quiera gastar de más deberá recaudarlo en su provincia pagando el costo político consecuente, pero a la vez si quiere atraer inversiones deberá intentar bajar la presión impositiva en su territorio.
La propuesta consiste en devolver a las provincias potestades tributarias, manteniendo otras en la esfera de la Nación, de manera que ésta sólo recaude lo necesario para mantener su propio gasto y las provincias recaudarían en su conjunto lo necesario para el suyo. Se generaría un fondo de redistribución entre provincias para no alterar la situación actual de cada una. Según Solanet la reforma propuesta no excluye la necesidad de una reforma tributaria, aunque se diseñó con los impuestos vigentes.
En la propuesta, las provincias recaudarían el Impuesto a la Transferencia de Combustibles, Impuestos Internos (por ejemplo el de los cigarrillos), Ganancias de Personas Físicas y Bienes Personales. La Nación, en tanto, retendría la recaudación de IVA, Ganancias de Personas Jurídicas y los impuestos al comercio exterior. “De esta forma el gobierno nacional recaudaría aproximadamente lo que hoy le deja la distribución primaria de fondos de la Coparticipación Federal y lo mismo sucedería para el conjunto consolidado de las provincias”, dijo Solanet.
“Es ilusorio pretender un cambio en las distribuciones secundaria y primaria, basados en una evaluación de las necesidades de cada provincia y del conjunto de éstas versus la Nación. Las necesidades no son homologables y los excesos históricos de gastos burocráticos e innecesarios no son parejos entre provincias. Los argumentos en defensa de las necesidades de mayor gasto son infinitos. Por esta razón nuestra propuesta es un avance para alinear incentivos”, explicó el director de Políticas de Libertad y Progreso.
De acuerdo al experto, el esquema vigente actualmente en la coparticipación permite obtiener excedentes sobre los recursos de asignación automática y permite así un manejo discrecional de esos fondos.
“Hemos observado en el pasado gobiernos que premiaban a gobernadores e intendentes afines, y castigaban a los no sumisos. En el gasto provincial está financiado en más de un 60% con fondos transferidos por la Nación y más de dos tercios de las provincias reciben una proporción que excede el 70%. Para un gobernador es políticamente más redituable acrecentar los fondos recibidos de la Nación, que ponerle más presión tributaria a sus propios ciudadanos. De la misma manera, cualquier gobierno provincial tiene pocos incentivos para facilitarle a la AFIP el control de la evasión en su territorio, ya que todo impuesto nacional evadido queda en un 100% dentro de la provincia, mientras que si es recaudado sólo vuelve en una proporción mucho menor. Además, los gobernadores dedican gran parte de su tiempo a permanecer en Buenos Aires presionando para la obtención de más fondos del manejo discrecional”, explicó Solanet.
En el esquema propuesto por Libertad y Progreso, las provincias continuarán recaudando sus actuales impuestos propios. Para no dejar de lado el efecto redistributivo del actual régimen, se crearía el Fondo de Redistribución de Recursos (FRR), al cual aportarán las provincias el producido del impuesto a los combustibles. El criterio de redistribución del FRR será aquel que permita que no se alteren los porcentajes que resultan de aplicar el régimen actualmente vigente. La Comisión Fiscal Federal (CFF), con representación de todos los gobiernos provinciales, supervisará la distribución del FRR. Se produciría un empalme de regímenes sin variar la proporción de lo que recibe cada una. Lo importante es que los porcentajes asignados a cada provincia en el inicio se mantendrán luego inalterados. Todo aumento del gasto de una provincia por encima de lo que le corresponde tendrá que tener como contrapartida un aumento de sus propios recursos impositivos. El endeudamiento provincial deberá estar estrictamente regido por reglas macrofiscales que la misma ley debiera establecer. Esto quiere decir que si un gobernador desea ganar el rédito político de un aumento del gasto, deberá también enfrentar el costo político de aumentar sus propios impuestos locales para no superar su límite de endeudamiento”, dijo Solanet.
Para Libertad y Progreso, la enorme ventaja de un régimen de este tipo sería la supresión del crónico conflicto Nación-provincias, el correcto alineamiento de incentivos para reducir y hacer más eficiente el gasto público, un mejor control de la evasión, y la creación de un más efectivo control horizontal entre las provincias. La modificación legal deberá tener el carácter de Ley Convenio. Un nuevo régimen de estas carácterísticas es compatible con la Constitución Nacional.
El desayuno contó con la participación de los ex ministros de Economía Domingo Cavallo y Ricardo López Murphy; del abogado Horacio Liendo (h); del ex senador Eduardo Menem, del ex senador José Romero Feris; de varios senadores y diputados nacionales de un amplio espectro partidario y de un sinnúmero de empresarios.
