Ha publicado artículos en diarios de Estados Unidos y de América Latina y ha aparecido en las cadenas televisivas.
Es miembro de la Mont Pèlerin Society y del Council on Foreign Relations.
Recibió su BA en Northwestern University y su Maestría en la Escuela de Estudios Internacionales de Johns Hopkins University.
Trabajó en asuntos interamericanos en el Center for Strategic and International Studies y en Caribbean/Latin American Action.
EL COMERCIO _ No hay mejor término que fascismo para denominar al socialismo bolivariano de hoy. Hace años que el régimen chavista dejó de ser democrático y la dictadura se despreocupó completamente por respetar los derechos de los venezolanos. Pero en la medida en que la crisis generada por el mismo socialismo se fue agudizando, Venezuela se militarizó aun más y ha recurrido al fascismo.
Por el colapso de la economía, el deterioro o ausencia de servicios públicos y las continuas violaciones a los derechos civiles, cientos de miles de venezolanos se han estado alzando por todo el país por más de 40 días para protestar contra la dictadura. Es, sin duda, la amenaza más seria al chavismo desde que el mismo Chávez fue temporalmente destituido en el 2002. Y ocurre en momentos en que, según una encuesta, la popularidad del mandamás Nicolás Maduro ha caído al 10,9%.
La represión siempre ha sido la respuesta del chavismo ante el descontento popular. Esta vez lo que ha sido diferente es que Maduro ya casi ni pretende observar las formas democráticas para justificar su autoritarismo. Ha empezado a usar tribunales militares para juzgar a civiles que son acusados de rebelión, entre otros delitos. Desde el mes pasado, más de 260 civiles han sido procesados en los tribunales militares y unos 158 han sido condenados a prisión, según el Foro Penal Venezolano.
La práctica viola las normas democráticas, pues los delitos civiles se deben tratar en cortes civiles. En los tribunales militares, los ciudadanos prácticamente no han tenido derecho a la defensa, se han acusado a múltiples civiles del mismo cargo a la misma vez y se ha violado el debido proceso de otras maneras. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, reporta que los detenidos denuncian abusos como, por ejemplo, ser obligados a comer excremento.
Maduro también ha anunciado una nueva Asamblea Constituyente “para reformar el Estado”. Además de violar la Constitución vigente, que aclara que solo el pueblo puede pedir tal Constituyente —o sea, a través de un referendo— busca imponer un sistema que termine con algunos conceptos básicos democráticos que todavía existen en la Constitución actual y a los que el pueblo hoy está apelando, incluso si el régimen los ignora.
La propuesta es fascista. Maduro no permitirá el sufragio universal o que participen los partidos políticos. La mitad de la Constituyente sería por selección corporativista, es decir, que el régimen escogerá representantes de distintos sectores de obreros, campesinos, comunas, etc. Como bien observa Alberto Benegas Lynch (h), “es al mejor estilo de Mussolini con sus consabidas corporaciones en reemplazo del Parlamento republicano”.
Por su parte, Carlos Alberto Montaner compara la propuesta con la España franquista, donde “las ‘cortes’, como se le llamaba al Parlamento, estaban integradas por tercios: el familiar, el sindical y el municipal. Y no tenían facultad de legislar libremente, sino que se limitaban a refrendar las normas pautadas en los consejos de ministros presididos por el caudillo. A ese mecanismo expedito y antiliberal le llamaban ‘democracia orgánica’”.
Hay otros numerosos indicios de fascismo en Venezuela. Por ejemplo, el depender de colectivos armados para intimidar y hasta matar a la oposición y permitir que empresarios se enriquezcan, incluso de manera ilícita, siempre y cuando estén al servicio del régimen.
Reconocer la naturaleza del gobierno chavista debería desalentar la ilusión —dentro y fuera de Venezuela— de que se debe o se puede negociar con este. La única salida, práctica y moral, es la resistencia.
Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 16 de mayo de 2017.
