LA NACIÓN – En 2008 fue modificada la ley permanente de presupuesto para incorporar la siguiente disposición: “El Poder Ejecutivo Nacional, con intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, establecerá un programa de inversiones prioritarias (PIP) conformado por proyectos de infraestructura económica y social que tengan por destino la construcción de bienes de dominio público y privado para el desarrollo del transporte, la generación y provisión de energía, el desarrollo de la infraestructura educativa, ambiental y la cobertura de viviendas sociales. Los proyectos y obras incluidos en el programa mencionado en el párrafo anterior se considerarán un activo financiero y serán tratados presupuestariamente como adelantos a proveedores y contratistas hasta su finalización”.
Traduciendo esta disposición al idioma de la contabilidad pública, se dice que las inversiones PIP se hacen figurar “debajo de la línea” y por lo tanto no son computadas para determinar el resultado fiscal, sea déficit o superávit. Es así como muchas inversiones en caminos, ferrocarriles, represas u otras, que se hacen a puro gasto público, en caso de estar incorporadas al PIP no inciden en el cómputo del déficit fiscal. Pero hay más. Esta modificación legislativa permite que los proyectos incluidos en los PIP, por considerarse inversiones financieras, no están obligados a realizar un estudio de rentabilidad económica tal como lo exige la misma ley permanente de presupuesto para inversiones de más de un determinado monto.
Se ha perdido de esta manera un instrumento fundamental para establecer prioridades y descartar proyectos de inversión antieconómicos. Los estudios de factibilidad son además necesarios para determinar la mejor alternativa de un proyecto para lograr un mismo fin al menor costo o en la mejor oportunidad. La exigencia de estos análisis de rentabilidad tuvo comienzo con la ley de presupuesto de 1977 y fue la base para sustentar la racionalidad y la justificación de las inversiones públicas. Esto no quiere decir que el mecanismo haya funcionado siempre bien, pero aportó sin duda un mayor grado de racionalidad a la inversión pública.
La ley de presupuesto de 2017 incorporó un listado de proyectos PIP. Entre ellos, la Red de Expresos Regionales (RER), el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, las represas Chihuido I, Los Blancos, Portezuelo del Viento y Potrero del Clavillo, las Centrales Hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, la cuarta central nuclear, la usina termoeléctrica de Río Turbio y las autopistas rutas 7 y 19. En conjunto, estas inversiones suman alrededor de 25.000 millones de dólares y varias de ellas son de dudosa o claramente negativa justificación. Algunas ya estaban contratadas o iniciadas el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri.
La usina de Río Turbio está prácticamente terminada, pero sin suficiente carbón que la alimente. Es una etapa adicional de una saga minera antieconómica, impulsada desde hace muchos años por supuestos motivos geoestratégicos. El RER es un ambicioso proyecto ferroviario para conectar bajo el subsuelo del centro de la Capital las líneas que llegan a Retiro, Constitución y Once. Muy difícilmente pueda justificarse esta inversión de 3300 millones de dólares cuando ya los subterráneos conectan esas estaciones. No hay ningún análisis de factibilidad económica, pero ya se destinan fondos a este proyecto en el presupuesto de 2017.
El soterramiento del ferrocarril Sarmiento ya estaba contratado por el gobierno anterior. Fue una obra decidida para evitar los frecuentes accidentes en pasos a nivel y para permitir mayor frecuencia de trenes. Lo que no se advirtió, por omitir una previa evaluación económica, es que el mismo efecto se podría obtener con 36 cruces bajo nivel que cuestan en su conjunto la décima parte de los 3000 millones de dólares que serán necesarios para poner bajo tierra 34 km de vía y 14 estaciones. Este gobierno decidió continuar con esta obra que estaba apenas iniciada. No sólo costará diez veces más que su alternativa, sino que el túnel de 10 metros de diámetro para solo doble vía terminará con la posibilidad de correr trenes rápidos al perderse la cuádruple vía actual entre Villa Luro y Haedo.
Las represas todavía llamadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic son otro ejemplo de proyectos ya iniciados pero de muy baja prioridad. Su adecuación reciente para evitar impactos ambientales y también para reducir su costo no alcanza a corregir su escasa conveniencia energética por su lejanía de los centros de consumo.
Dentro de las obras listadas en el PIP es difícil encontrar alguna cuya urgencia o importancia estratégica justifique esquivar un previo análisis técnico económico para decidir ejecutarlas. Máxime cuando todo indica que no pasarían ese examen. También debe mencionarse el caso de otras jurisdicciones distintas de la nacional. Hay evidencias de inversiones injustificables en provincias y municipios. Por ejemplo, el costoso desplazamiento de la autopista Illia decidido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Es un deber del Estado invertir bien el dinero de los contribuyentes o el que provenga de deudas que habrá que devolver. Debe derogarse esta objetable disposición que exime a los proyectos PIP de realizar una previa evaluación económica para ser aprobados y que además no contabiliza su incidencia en el resultado fiscal.
